En Madrid, los vecinos del barrio de San Fermín conocen de sobra el trasiego de mochilas y maletas en la puerta de un local reconvertido en alojamiento turístico. Sin embargo, las cuentas anuales de la sociedad que lo gestiona, October Twelve Accommodation SL, parecen relatar otra historia. En el Registro Mercantil, la empresa propiedad de Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— declara que su actividad principal es el “alquiler de locales industriales”. Una descripción que choca de lleno con lo que cualquiera puede comprobar en plataformas como Booking, donde acumula más de 450 reseñas de huéspedes que han dormido allí en el último año.
González Amador fundó October Twelve en marzo de 2022, junto a dos socios, poco después de los ejercicios fiscales por los que está acusado de fraude a Hacienda y que le han llevado al banquillo. El proyecto empresarial no es un simple apartamento turístico, sino una “casa de huéspedes” que alquila habitaciones por separado, lo que multiplica los ingresos por cliente y por noche.
En plataformas como Booking y Airbnb, las tarifas oscilan entre 66 y 205 euros por noche para una habitación doble económica. En fechas señaladas, como un fin de semana de otoño, el precio para una familia de cuatro personas puede superar los 900 euros por tres noches.
Ladillo: De hostal a “local industrial”
El cambio más llamativo se produjo en las cuentas anuales correspondientes a 2024, donde la empresa sustituyó la descripción de su actividad: ya no habla de hospedaje en hostales y pensiones —como sí hacía en 2023—, sino de “alquiler de locales industriales”. Este giro no es menor, pues el objeto social de una empresa determina el tipo de actividad que puede desarrollar y su tributación. Sin embargo, el negocio sigue funcionando como alojamiento turístico: los vecinos confirman el trasiego de viajeros, y la plataforma de reservas recoge que al menos 187 personas se alojaron allí durante 2024, sumando 383 noches en total.
La ubicación de este negocio no es casual. El local está en los bajos de un edificio de once plantas construido en 1970 en un barrio que todavía conserva casas bajas, comercios de barrio y algunos signos de vulnerabilidad social. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los vecinos de esta zona están entre el 18 % con menos renta de España. Allí, October Twelve ha instalado un cartel en la fachada que indica que las reservas deben realizarse a través de Booking.
Los testimonios de huéspedes revelan experiencias dispares: desde quienes valoran su precio y cercanía al Hospital 12 de Octubre hasta quienes se quejan por el ruido y la falta de descanso. “No lo recomiendo en absoluto”, escribió una clienta que pernoctó allí con su familia y denunció no haber dormido en toda la noche.
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El giro en el objeto social también ha levantado preguntas entre expertos en derecho mercantil, que señalan que no es habitual que un negocio turístico se declare como arrendador de locales industriales sin que haya un cambio real de actividad. Para los críticos, este cambio podría tener implicaciones fiscales, aunque de momento la empresa no ha aclarado el motivo.
October Twelve facturó en 2024 algo más de 32.000 euros, un 20 % menos que en 2023. La mayoría de esos ingresos se registraron en la partida “otros ingresos de explotación”, lo que dificulta conocer el origen exacto de la facturación. En sus cuentas, además, se han detectado erratas, incluida la denominación social de la propia empresa, que figura como “October Twelve Accomodaios SL”.
La creación de este negocio coincidió con el fin de otra sociedad panameña vinculada a González Amador y con el inicio de su vida pública como pareja de la presidenta madrileña. Desde entonces, el empresario ha ido ampliando su patrimonio inmobiliario, adquiriendo un piso valorado en más de un millón de euros en Chamberí, donde reside con Ayuso.
Debate político y gentrificación
El caso de October Twelve se suma al debate sobre el impacto de los pisos turísticos en la ciudad de Madrid. Organizaciones vecinales y expertos en urbanismo llevan años advirtiendo que la proliferación de alojamientos de corta estancia provoca subidas de precios en el alquiler residencial y tensiona la convivencia en los barrios.
En San Fermín, de momento, no se ha producido la ola de gentrificación que ha transformado zonas como Lavapiés o Malasaña, pero el negocio de González Amador apunta a que esta tendencia podría llegar más pronto que tarde. El hecho de que la pareja de la presidenta participe en este tipo de negocio alimenta las críticas de la oposición, que acusa al gobierno regional y al Ayuntamiento de Martínez-Almeida de no frenar la expansión de los alojamientos turísticos.
Desde el punto de vista social, el contraste es evidente: mientras los precios del alquiler se disparan, una empresa con conexiones políticas convierte locales comerciales en espacios turísticos de alto rendimiento económico.
Ni González Amador ni la empresa han respondido a las peticiones de aclaración sobre el cambio en su objeto social. Por ahora, lo único claro es que el negocio sigue activo y que las reseñas en Booking continúan acumulándose. El cartel en la fachada, las persianas bajadas y los viajeros entrando y saliendo son el recordatorio de que en ese bajo de Usera no hay un almacén industrial, sino un alojamiento turístico que opera con total normalidad.