La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a situar la educación pública en el centro de la polémica con una estrategia universitaria que, lejos de reforzar el sistema madrileño, parece diseñada para convertirlo en un gran escaparate internacional al servicio del negocio privado. Bajo el nombre de “Comunidad de Madrid Región Universitaria”, el Ejecutivo autonómico ha presentado un plan que prioriza la captación de estudiantes extranjeros, la creación de residencias privadas y la explotación del español como producto de exportación, mientras deja fuera del debate a miles de trabajadoras y trabajadores que sostienen cada día las universidades y las Escuelas Oficiales de Idiomas.
La reacción de UGT Servicios Públicos Madrid ha sido inmediata y demoledora. El sindicato denuncia que el Gobierno regional está “convirtiendo la educación superior en un producto turístico más” y acusa a la Consejería de Educación de excluir deliberadamente a la representación sindical de cualquier espacio de diálogo social. Para UGT, la estrategia de Ayuso reproduce exactamente el mismo modelo especulativo que ha disparado el precio de la vivienda en Madrid y expulsado a miles de familias trabajadoras de la ciudad.
El núcleo del plan gira en torno a la proyección exterior de Madrid como destino universitario internacional. Entre las medidas estrella figura el denominado Campus Lope de Vega, orientado al aprendizaje y perfeccionamiento del español para alumnado extranjero, además de iniciativas vinculadas a la computación cuántica, colegios mayores abiertos durante el verano y nuevas residencias universitarias levantadas sobre suelo público pero gestionadas por empresas privadas.
Sin embargo, detrás de la potente campaña institucional y de los anuncios grandilocuentes aparece una realidad mucho menos brillante: ninguna medida concreta para reducir la temporalidad, ninguna referencia a la mejora salarial del personal universitario, ningún compromiso para reforzar plantillas y ni una sola garantía laboral para quienes tendrán que sostener el sistema.
La denuncia sindical apunta especialmente a la situación de las Escuelas Oficiales de Idiomas, un sector históricamente castigado por la falta de recursos y la elevada precariedad. El Gobierno regional pretende utilizar esa red pública como soporte del nuevo Campus Lope de Vega sin haber planteado antes un plan de estabilización del empleo ni un aumento real de plazas docentes.
La paradoja resulta evidente. Mientras el Ejecutivo autonómico vende Madrid como capital internacional del conocimiento, buena parte de quienes trabajan en sus centros educativos arrastran contratos temporales, sobrecarga laboral y plantillas insuficientes. La excelencia universitaria que proclama el Gobierno regional se apoya, según denuncian los sindicatos, en un modelo profundamente precarizado.
El acuerdo de financiación universitaria presentado por la Comunidad de Madrid tampoco ha servido para calmar las críticas. El Ejecutivo anunció un marco económico de 14.800 millones de euros hasta 2031 como gran solución para el sistema universitario madrileño. Pero el pacto se negoció exclusivamente con los rectores, dejando fuera a la representación del personal docente, investigador y administrativo.
Desde UGT advierten de que el dinero comprometido ni siquiera cubre las necesidades estructurales actuales de las universidades públicas madrileñas. La falta de inversión acumulada durante años ha provocado instalaciones deterioradas, laboratorios envejecidos y campus con graves carencias de mantenimiento.
Javier Becerra García, secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, resumió la situación con una frase especialmente dura: “La propuesta que ha anunciado la Comunidad de Madrid construirá nuevas residencias de estudiantes al mismo tiempo que se caen los edificios que albergan las aulas y laboratorios”.
La crítica conecta además con uno de los grandes problemas sociales de la región: la vivienda. El llamado Plan Vive Universitario pretende impulsar nuevas plazas residenciales para estudiantes mediante cesiones de suelo público a operadores privados. Para el sindicato, esta política representa una contradicción monumental.
Madrid atraviesa una emergencia habitacional que ha expulsado a decenas de miles de familias hacia municipios periféricos debido al incremento descontrolado de los alquileres. La propia política urbanística impulsada por el Gobierno regional ha favorecido durante años la entrada masiva de fondos de inversión y la mercantilización de la vivienda. Ahora, según denuncian los sindicatos, la misma lógica se traslada al ámbito universitario.
En lugar de apostar por residencias públicas asequibles o reforzar el acceso a la vivienda para estudiantes y trabajadores, el Ejecutivo regional abre una nueva vía de negocio para empresas privadas utilizando recursos públicos. El suelo pertenece a todos, pero la rentabilidad acabará en manos privadas.
La estrategia universitaria de Ayuso también vuelve a evidenciar el modelo político que ha marcado buena parte de sus gobiernos: grandes anuncios, fuerte carga propagandística y una creciente transferencia de servicios públicos hacia intereses privados. La universidad deja así de entenderse como un derecho y un motor de igualdad social para convertirse en un elemento más de la marca Madrid.
La apuesta por atraer alumnado internacional y convertir la región en un destino académico global no sería, en sí misma, negativa. El problema aparece cuando esa internacionalización se construye a costa del deterioro interno del sistema público y de la precarización de quienes trabajan en él.
Los sindicatos recuerdan que ninguna universidad puede aspirar a la excelencia si ignora a las personas que sostienen las aulas, bibliotecas, laboratorios y departamentos. La calidad educativa no depende de campañas institucionales ni de eslóganes turísticos, sino de financiación suficiente, estabilidad laboral e inversión real en investigación y docencia.
Por ello, UGT Servicios Públicos Madrid exige la apertura inmediata de una mesa de diálogo social con presencia sindical, un plan de estabilización para el empleo precario en las universidades públicas y garantías específicas para el personal de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Mientras tanto, crece la sensación de que la Comunidad de Madrid está utilizando la universidad pública como una pieza más de su estrategia económica basada en el turismo, la especulación y la externalización. Un modelo que genera beneficios privados a corto plazo, pero que amenaza con debilitar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia avanzada: una educación pública fuerte, accesible y digna para quienes la hacen posible cada día.