El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado un plan de recortes para el periodo 2025-2028 que, lejos de ofrecer una solución real a la situación que atraviesa Ciudad Universitaria, consolida —según denuncia UGT Servicios Públicos de Madrid— el principal problema estructural de la institución: la infrafinanciación. Para el sindicato, las medidas adoptadas suponen un retroceso en derechos laborales y un deterioro progresivo del servicio público universitario que se presta a la sociedad madrileña.
La crisis económica que vive la Universidad Complutense es consecuencia, sostienen desde UGT, de años de financiación insuficiente por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta situación ha desembocado en una grave tensión presupuestaria que ha culminado con la concesión de un préstamo de 33 millones de euros, sujeto además a un elevado tipo de interés, y con la aprobación posterior de un plan de ajuste y recortes por parte del Consejo de Gobierno de la universidad.
El rector, Joaquín Goyache, reconocía en una carta dirigida a la comunidad universitaria algunas de las causas que han conducido a este escenario. Entre ellas, la necesidad de asumir con recursos propios las subidas salariales ante la ausencia de transferencias autonómicas suficientes, lo que ha provocado que el personal continúe percibiendo retribuciones correspondientes a 2024 mientras otras administraciones públicas madrileñas ya han actualizado sus salarios a 2026.
A ello se suma el incremento sostenido de los costes energéticos en los últimos años, especialmente gravoso para una institución que cuenta con más de 120 edificios con baja eficiencia energética, así como el crecimiento vegetativo de las plantillas.
El propio rectorado también alude al cumplimiento de resoluciones judiciales favorables al personal de la UCM, entre ellas la reciente sentencia del Tribunal Supremo ganada por UGT Servicios Públicos de Madrid relativa a la incorrecta aplicación del reconocimiento y devengo de los quinquenios.
Sin embargo, desde el sindicato consideran que, en lugar de exigir con firmeza la financiación necesaria para garantizar la viabilidad de la universidad pública, el equipo de gobierno ha optado por trasladar el peso del ajuste a las trabajadoras y trabajadores de la institución.
Según denuncia UGT Servicios Públicos de Madrid, el plan aprobado tendrá consecuencias directas sobre el funcionamiento de la universidad. Entre ellas, un aumento de las sobrecargas de trabajo, el deterioro de la calidad docente e investigadora y una mayor tensión en servicios esenciales. Asimismo, advierten de que podría producirse una reducción y empeoramiento de la oferta docente dirigida a la sociedad.
El sindicato alerta también del riesgo de envejecimiento de las plantillas, pérdida de talento y precarización del empleo, al tiempo que critica que la docencia pase a convertirse prácticamente en la única unidad de medida del rendimiento, relegando funciones esenciales como la investigación, la transferencia de conocimiento, la gestión académica o la calidad del trabajo universitario.
Otro de los efectos señalados es la posible generación de tensiones entre facultades y centros derivadas de un sistema asimétrico de contención del gasto, que incluso contempla limitar el uso de espacios universitarios como medida de ahorro energético.
UGT denuncia igualmente que, en lugar de reclamar mayores recursos públicos, el plan apuesta por incrementar retenciones económicas en distintos conceptos, incluidos los vinculados al artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, relacionados con alquiler de espacios, cátedras o títulos propios. A ello se añade la congelación de la carrera horizontal del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).
El documento, además, no constituye un marco cerrado. El propio plan contempla la posibilidad de aplicar nuevas medidas si la situación económica no mejora, lo que, a juicio del sindicato, evidencia que el estudio de impacto realizado no garantiza la resolución de la crisis estructural que atraviesa la universidad.
La aprobación de este plan coincide, además, con cambios recientes en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Diversas informaciones apuntan a que la gestión de la infrafinanciación universitaria habría sido uno de los factores determinantes en el relevo del anterior consejero. En este contexto, UGT considera que lo razonable habría sido posponer la aprobación del plan hasta conocer la orientación política del nuevo equipo responsable del área.
Desde UGT Servicios Públicos de Madrid reclaman al rector y a su equipo una posición más firme en la defensa de la universidad pública, exigiendo al Gobierno regional que asuma su responsabilidad en la situación financiera actual. El sindicato recuerda que son las trabajadoras y trabajadores quienes sostienen el funcionamiento diario de la institución y que no deben convertirse en las principales víctimas de decisiones derivadas de la falta de financiación.
Asimismo, subrayan que la defensa de la universidad pública fue respaldada masivamente por la sociedad madrileña durante las movilizaciones del pasado 27 de noviembre de 2025. En esa misma fecha, recuerdan, el rector Joaquín Goyache firmaba en Pozuelo de Alarcón un acuerdo de colaboración público-privada sobre el que, señalan, todavía no se han ofrecido explicaciones claras respecto a los beneficios que aportará para resolver los problemas económicos de la UCM.
Para UGT Servicios Públicos de Madrid, la situación actual exige reforzar el compromiso institucional con la financiación suficiente de la universidad pública y evitar que los ajustes recaigan nuevamente sobre quienes garantizan su funcionamiento cotidiano. Porque, concluyen, sin inversión pública estable no puede haber ni calidad educativa, ni investigación competitiva, ni igualdad de oportunidades.