UGT Servicios Públicos Madrid ha mostrado cautela ante el cese de Emilio Viciana y el nombramiento de Mercedes Zarzalejo al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, una decisión que, según el sindicato, evidencia el desgaste institucional acumulado en los últimos meses en el ámbito universitario madrileño.
La organización sindical lleva tiempo señalando que la falta de consenso sobre el anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), junto con la insuficiente financiación de las universidades públicas, ha generado un escenario de tensión sostenida que tuvo uno de sus momentos más visibles en la huelga universitaria celebrada los días 26 y 27 de noviembre de 2025.
A esta situación se suma, según el sindicato, el malestar existente en la educación pública no universitaria, donde el colectivo docente denuncia el deterioro de sus condiciones laborales durante los últimos años y la falta de inversión en los centros públicos, circunstancia que habría evidenciado un abandono prolongado por parte de la Consejería. Asimismo, UGT Servicios Públicos Madrid recuerda la existencia de acuerdos pendientes con la enseñanza concertada que, pese a contar con el visto bueno de sindicatos y patronales, siguen sin materializarse tras más de un año de espera.
Ante esta nueva etapa, la organización considera prioritario abordar la revisión de los problemas existentes mediante un diálogo permanente con la representación de las trabajadoras y trabajadores del sector. Entre sus principales reclamaciones a la nueva consejera destacan la firma de los acuerdos ya pactados con los sindicatos y la elaboración de un nuevo proyecto de ley universitaria regional que responda a las necesidades de la sociedad madrileña y que no integre en un único texto distintas etapas educativas.
El sindicato también reclama que cualquier articulado relacionado con las condiciones laborales del personal universitario sea negociado con la representación sindical y que no suponga un retroceso en los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.
Otro de los puntos señalados es la necesidad de establecer una financiación justa, adecuada y sostenida en el tiempo para las universidades públicas madrileñas, en un contexto en el que, según advierten, se habla de recortes en una de las regiones con mayor riqueza económica de Europa.
En este sentido, reclamamos a la nueva consejera:
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La firma de los acuerdos pendientes y ya pactados con los sindicatos.
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El inicio de la elaboración de un nuevo proyecto de ley universitaria regional que responda a las expectativas y necesidades de la sociedad madrileña y que no mezcle distintas etapas educativas en un único texto. En esta nueva redacción, aquella parte del articulado que afecte a las condiciones laborales del personal universitario deberá negociarse con los sindicatos y, por supuesto, no podrá suponer un retroceso ni una limitación de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.
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El establecimiento de una financiación justa, adecuada y sostenida en el tiempo para las universidades públicas de Madrid. No puede ser que en los rectorados se hable de recortes en una de las regiones más ricas de Europa.
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La revisión de las tablas salariales de los cuerpos docentes madrileños para avanzar hacia una equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas, atendiendo al coste de la vida en la Comunidad de Madrid.
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El respeto a las condiciones laborales del personal de la enseñanza madrileña, garantizando que cualquier avance no suponga un retroceso en derechos y garantías adquiridos y que se tengan en cuenta criterios humanos, y no solo de valor de mercado, en la toma de decisiones.
Asimismo, UGT Servicios Públicos Madrid reclama la revisión de las tablas salariales del personal docente para avanzar hacia una equiparación con otras comunidades autónomas, teniendo en cuenta el coste de la vida en la región, así como el respeto a las condiciones laborales del personal educativo, evitando que posibles reformas impliquen retrocesos en derechos adquiridos.
El sindicato asegura que mantendrá una posición firme en la defensa de la enseñanza pública y se muestra dispuesto a participar en espacios de diálogo y negociación que permitan mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio educativo en la Comunidad de Madrid.