La presidenta de la Isabel Díaz Ayuso ha realizado el primer gran movimiento en su Consejo de Gobierno de la legislatura al cesar a Emilio Viciana como consejero de Educación, Ciencia y Universidades y nombrar en su lugar a Mercedes Zarzalejo. El relevo se produce en un momento especialmente sensible para el sistema universitario madrileño, marcado por protestas, debates sobre financiación y la tramitación encallada de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc).
La privatización de la Universidad Públiva en Madrid
La decisión llega tras meses de tensión entre el Gobierno regional y las universidades públicas, que han denunciado reiteradamente la insuficiencia presupuestaria y el riesgo de pérdida de autonomía. Diversos sectores académicos han advertido incluso de situaciones próximas a la quiebra técnica en algunos campus, mientras docentes y estudiantes han protagonizado movilizaciones durante el último año.
Según fuentes del Ejecutivo autonómico, el cambio responde a la necesidad de dar un “nuevo impulso” al proyecto universitario encargado en 2023, que incluía un plan de modernización y un nuevo modelo de financiación que no habría avanzado al ritmo esperado. En este contexto, Zarzalejo, hasta ahora viceconsejera y diputada del PP en la Asamblea, asume el reto de desbloquear una reforma que se ha convertido en uno de los principales frentes políticos del Gobierno regional.
La nueva consejera no llega desde un perfil estrictamente técnico ajeno a la política. Su papel como portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la relación entre la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez la situó en el centro del debate político nacional, lo que añade una dimensión estratégica a su nombramiento. Para el Ejecutivo madrileño, su objetivo inmediato será retomar la negociación con los rectores y avanzar en una ley que permita estabilizar el sistema universitario.
UGT Servicios Públicos de Madrid
Sin embargo, el verdadero protagonismo del momento lo han puesto los agentes sociales. El comunicado de UGT Servicios Públicos de Madrid ofrece una lectura especialmente significativa del relevo. El sindicato interpreta que la sustitución podría estar relacionada con la tensión vivida en los campus durante el último año y con un proyecto legislativo que no ha logrado convencer a la comunidad universitaria. Desde la organización subrayan que la crisis de financiación ha sido un elemento determinante y anuncian que observarán el rumbo de la nueva consejería “con la postura abierta al diálogo” que, recuerdan, ha caracterizado siempre su acción sindical.
El mensaje de UGT es relevante por dos motivos. Primero, porque coloca en el centro del debate las condiciones laborales del personal docente y de administración, una dimensión que a menudo queda eclipsada por la confrontación política. Y segundo, porque reclama un marco de negociación estable que permita recuperar la confianza entre administración, universidades y trabajadores.
El balance del paso de Viciana por la consejería deja luces y sombras. Durante su gestión se impulsaron medidas que generaron debate incluso fuera de la Comunidad de Madrid, como las restricciones al uso de pantallas en las aulas, la apuesta por la jornada partida o la incorporación de cursos de ESO en colegios de primaria. Pero en el ámbito universitario, la falta de consensos y el retraso en la Lesuc acabaron erosionando su posición.
La llegada de Zarzalejo abre ahora una etapa de incertidumbre, pero también de oportunidades para redefinir la relación entre el Gobierno regional y la universidad pública. El desafío será equilibrar los objetivos de modernización que defiende el Ejecutivo con las demandas de estabilidad financiera y autonomía reclamadas por los campus.
En ese equilibrio, el papel de organizaciones como UGT Servicios Públicos de Madrid será clave. Su insistencia en el diálogo y en la mejora de las condiciones laborales marca una hoja de ruta que muchos observadores consideran imprescindible para evitar que el conflicto universitario siga escalando.
El cambio en la consejería no es solo un relevo personal. Es, sobre todo, un síntoma del momento crítico que atraviesa la educación superior madrileña y un intento del Gobierno regional por reconducir un debate que se ha convertido en uno de los principales campos de batalla políticos y sociales de la legislatura.