La universidad pública madrileña está en huelga. No es un gesto improvisado ni una protesta impulsiva: es la reacción desesperada de una comunidad universitaria que lleva años intentando sostenerse con menos recursos, más cargas y un modelo de financiación que la empuja al borde del colapso. Y, sin embargo, frente a esa realidad asfixiante, lo que reciben estudiantes, docentes, investigadores y personal de administración es una mezcla de desdén, evasivas y eslóganes vacíos que no resuelven ninguno de los problemas estructurales que atraviesan nuestras instituciones académicas.
Como secretaria general de UGT Madrid, y como madrileña, quiero comenzar con un mensaje sencillo: yo sí. Yo sí pude estudiar, yo sí tuve oportunidades, yo sí me beneficié de un sistema público que funcionaba, que abría puertas y que permitía a quienes veníamos de familias trabajadoras aspirar a más. Pero también quiero poder decir, dentro de diez o veinte años: “ellos también”. Porque de eso se trata: de que los jóvenes madrileños puedan acceder a una educación pública de calidad sin que el precio, la precariedad o la falta de recursos se conviertan en un muro infranqueable.
Hoy, tristemente, ese “ellos también” está en riesgo.
Una universidad pública ahogada por años de infrafinanciación
Los datos son claros, contundentes y absolutamente incompatibles con cualquier relato triunfalista: Madrid es la comunidad que menos invierte por alumnado universitario. Apenas 5.400 euros por estudiante, la cifra más baja de todo el país. En regiones como Asturias, la inversión se duplica sin dificultad. Esa distancia no es abstracta: se nota en las aulas, en los laboratorios, en la investigación que no se puede financiar y en profesorado que trabaja con cargas que son simplemente insostenibles.
Los docentes madrileños cobran, de media, 9.000 euros menos al año que sus homólogos catalanes. Con salarios más bajos y plantillas más reducidas, competir por talento es directamente imposible. La precariedad se vuelve estructural y la calidad académica empieza a resentirse.
Las propias universidades reconocen que hay centros que ya funcionan por debajo de lo imprescindible. Edificios deteriorados, infraestructuras obsoletas, prácticas limitadas y menos oportunidades para quienes más dependen del sistema público: los estudiantes de barrios populares, los que compatibilizan trabajo y estudio, los que no tienen 1.200 o 1.500 euros al mes para una privada.
Matrículas más caras y familias al límite
A esta situación se suma otra desigualdad evidente: Madrid mantiene una de las matrículas más caras de España, alrededor de 1.160 euros por curso. Son 400 euros más que en Andalucía. Para una familia trabajadora, esa diferencia es determinante: significa elegir entre estudiar o no hacerlo; entre continuar una carrera o abandonarla.
La universidad pública debería reducir desigualdades, no ampliarlas. Debería convertirse en un ascensor social, no en un filtro económico que penaliza a quien menos tiene.
Una ley que consolida la infrafinanciación
El conflicto actual se agrava con la nueva ley universitaria regional, un texto que, lejos de resolver los problemas crónicos de financiación, los convierte en permanentes. La norma fija un techo: la financiación pública no podrá superar el 70% del presupuesto universitario. Traducido en cifras, significa 200 millones de euros menos para unas instituciones que ya están en mínimos.
La consecuencia es evidente: si lo público aporta menos, alguien tendrá que aportar más. Y ese “alguien” será o bien el estudiante, a través de nuevas subidas de tasas, o bien las empresas privadas, con la entrada de intereses comerciales donde debería primar el conocimiento y la investigación libre. Esa no es la universidad que Madrid necesita.
La universidad no es un negocio. No puede medirse únicamente en términos de rentabilidad inmediata, porque su función esencial es garantizar el desarrollo humano, científico y cultural de nuestra sociedad. Convertir una parte creciente de su financiación en un asunto mercantil pone en riesgo su independencia, su misión y su función social.
El mensaje equivocado en el peor momento posible
En medio de este panorama —huelgas, protestas masivas, claustros denunciando recortes brutales y miles de estudiantes reclamando igualdad de oportunidades— la respuesta institucional ha sido un mensaje que muchos jóvenes han sentido como una burla: “Yo sí”.
Pero lo realmente relevante es lo que falta en esa frase. Porque sí, yo también puedo decir “yo sí”. Sí, yo sí estudié en la pública. Sí, yo sí tuve profesores bien pagados, aulas con recursos, laboratorios que funcionaban y tasas accesibles. Sí, yo sí viví una universidad que cumplía su función social.
La pregunta es otra: ¿pueden los jóvenes madrileños decir lo mismo hoy?
Muchos no pueden. Y eso es lo que debería preocuparnos. Porque la universidad pública no es un privilegio del pasado: es un derecho del presente y una inversión de futuro. Si dejamos que se erosione, si naturalizamos que Madrid sea la región que menos invierte en alumnado, si aceptamos como inevitables las tasas más altas y los salarios más bajos, estaremos rompiendo algo esencial: la igualdad de oportunidades.
Defender la universidad pública es defender el futuro de Madrid
La comunidad universitaria —estudiantes, profesorado, investigadores, personal técnico y administrativo— no está en la calle por gusto. Está en la calle porque sabe que, si no se actúa ahora, dentro de unos años será demasiado tarde.
Defender una financiación suficiente no es un capricho: es una condición indispensable para evitar que nuestra universidad se convierta en un sistema dual, donde solo quien puede pagarlo accede a la calidad, mientras el resto se conforma con sobrevivir en centros saturados, con menos docentes, menos investigación y menos futuro.
Como secretaria general de UGT Madrid, quiero insistir en algo que hoy es más urgente que nunca: sí, yo pude estudiar en la pública, pero quiero que ellos también puedan. Y eso exige una decisión política clara: invertir, fortalecer, cuidar y respetar nuestras universidades. Garantizar que ningún joven se quede fuera por motivos económicos. Blindar la financiación pública. Apostar por salarios dignos para el profesorado. Y recordar que la universidad es, ante todo, un derecho.
Porque sin universidad pública de calidad, Madrid pierde talento, pierde igualdad, pierde futuro. Y eso sí que no nos lo podemos permitir.
Susana Huertas Moya es secretaria general de UGT Madrid