La universidad pública madrileña atraviesa uno de sus momentos más críticos. Los decanos y decanas de la Universidad Complutense, la mayor institución de enseñanza superior de España, reclaman a la Comunidad de Madrid una financiación adecuada para sostener la calidad docente e investigadora. Mientras el Gobierno regional impulsa una ley universitaria sin consenso, los campus se enfrentan a recortes, sobrecarga docente y precariedad estructural.
La concentración de los 26 decanos y decanas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la Puerta del Sol es la expresión de un malestar profundo en el corazón de la universidad pública madrileña. El manifiesto que hicieron público advierte de lo que ya nadie dentro del sistema ignora: la falta de financiación y la ausencia de planificación estratégica amenazan la sostenibilidad de las universidades públicas.
La que fue durante décadas el referente académico de España acumula carencias en infraestructuras, precariedad entre su personal docente e investigador y una pérdida progresiva de competitividad frente a los campus privados, impulsados con mayor flexibilidad y apoyo institucional.
“Los recursos actuales son insuficientes para mantener los estándares de calidad”, afirman los decanos en su documento. La denuncia no se limita a la Complutense: todas las universidades públicas madrileñas comparten una asfixia presupuestaria que se agrava año tras año.
Un modelo agotado
La financiación universitaria en la Comunidad de Madrid lleva años estancada. Los presupuestos regionales no acompañan el crecimiento de la matrícula ni la expansión de la investigación. Las transferencias corrientes —que deberían cubrir los gastos ordinarios de docencia, mantenimiento y servicios— no reflejan el coste real de la enseñanza superior, que se ha incrementado con la digitalización, la innovación tecnológica y las nuevas exigencias europeas en investigación y transferencia.
El modelo actual de financiación, que apenas cubre los gastos operativos básicos, no permite renovar equipamientos, estabilizar al profesorado ni ampliar la oferta académica. Los contratos temporales y las cargas de docencia excesivas son la norma en muchas facultades. El resultado es una degradación silenciosa de la calidad, sostenida únicamente por el esfuerzo del personal y por una estructura cada vez más sobrecargada.
“Las universidades públicas madrileñas —señala el manifiesto— son el corazón del conocimiento, la investigación y la formación superior. Pero sin financiación suficiente no hay excelencia posible.” La universidad, añaden, “no puede depender de la lógica de mercado ni convertirse en una institución selectiva que excluya por razones económicas”.
Privatización encubierta y pérdida de autonomía
El fondo del problema va más allá de la falta de recursos: la estrategia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apunta hacia un cambio de modelo. La nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), impulsada sin un proceso real de diálogo con la comunidad universitaria, abre la puerta a una mayor injerencia política y a la entrada de intereses privados en la gestión del sistema.
Los decanos alertan de que la norma reduce la autonomía institucional y debilita la participación democrática en la toma de decisiones. Las universidades quedarían sujetas a mecanismos de control económico que priorizan los indicadores de rentabilidad y productividad sobre los objetivos de equidad, acceso y servicio público.
La falta de consenso en la tramitación de esta ley ha generado un clima de desconfianza generalizado. Para el profesorado, se trata de un paso más en la mercantilización del conocimiento, un proceso que ya se había iniciado con el aumento de las tasas y el impulso de los convenios con entidades privadas.
Mientras la red pública se desangra por falta de medios, la expansión del sector privado se consolida con el beneplácito institucional, con nuevas universidades y centros asociados que captan la demanda creciente sin las exigencias académicas de la red pública.
La universidad pública como bien común
El conflicto que hoy estalla en la Complutense no se reduce a un debate presupuestario. Es una disputa sobre el sentido mismo de la universidad pública: si debe entenderse como servicio esencial y motor de progreso social o como un espacio subordinado a las lógicas del mercado.
Los decanos reclaman un plan plurianual de financiación que garantice estabilidad y previsibilidad, capaz de cubrir el coste real de la docencia y de mantener los proyectos de investigación en marcha. También piden recuperar la interlocución institucional y reforzar los mecanismos de cooperación entre universidades y administraciones.
El manifiesto subraya un principio que parece olvidado: la universidad pública es el ascensor social más eficaz. Es la que convierte el mérito y el esfuerzo en oportunidades reales de movilidad, la que democratiza el acceso al conocimiento y sostiene la investigación básica que no depende de intereses empresariales.
En este contexto, Javier Becerra García, secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, ha recordado que “defender la universidad pública implica garantizar un espacio plural y seguro, donde el conocimiento se construye desde la libertad y no desde la imposición”. Para Becerra, los intentos de instrumentalizar los campus y el desmantelamiento progresivo de la red pública responden a una misma lógica: “debilitar la autonomía y convertir la universidad en escenario de confrontación”.
Una convocatoria con amplio respaldo académico
La concentración convocada por los decanatos de la Complutense, respaldada por organizaciones sindicales y colectivos universitarios, se celebrará este viernes en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional.
El acto busca visibilizar la falta de financiación y exigir un compromiso presupuestario real con las universidades públicas madrileñas, cuya oferta académica y capacidad investigadora se han visto comprometidas en los últimos cursos.
Los representantes universitarios reclaman que el Ejecutivo regional abra un diálogo efectivo con los equipos rectorales y se comprometa a un calendario estable de financiación que permita planificar a medio plazo. La concentración contará con la lectura del manifiesto por parte de los decanos y con la presencia de sindicatos del sector educativo, entre ellos UGT y CCOO, así como de miembros del profesorado, personal investigador y estudiantado.
La situación financiera y política de la universidad pública madrileña será, previsiblemente, uno de los principales ejes del debate educativo de los próximos meses. Los decanos advierten de que, si no se adoptan medidas inmediatas, el deterioro del sistema público será difícilmente reversible.