El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) está en el ojo del huracán por el caso González Amador. La decisión de convertirse en acusación popular en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de correos confidenciales del novio de Ayuso, deslegitima completamente a la ilustre organización colegial. No solo la coloca en la avanzadilla política, al lado del Gobierno de la presidenta de Madrid, sino que la implica directamente en los bulos y mentiras del asesor de la lideresa, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), autor del tremendo montaje o caza de brujas en el que ahora se ve envuelto el máximo responsable de la Fiscalía en España.
El Colegio de Abogados de Madrid debería estar para lo que está, para defender los intereses de los abogados (de todos, no solo los de derechas o ayusistas) y para prestar asistencia y ayuda a los letrados en un momento especialmente difícil, cuando la carrera de abogado se ha convertido en una odisea (mayormente para los apuntados al turno de oficio, que ya se han acostumbrado al precariado). Sin embargo, no es así. El ICAM se ha terminado convirtiendo en un instrumento más al servicio de Ayuso y Rodríguez, quienes con sus infamias y embustes están manchando décadas de honradez de la institución colegial.
Por resumir, el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido procesado por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El asesor de la presidenta pasó a la ofensiva para darle la vuelta al caso y convertir al cazador en cazado, es decir, a García Ortiz en un topo dedicado a filtrar el dosier tributario de la pareja de la dirigente del PP madrileño. Para ello, hizo circular el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a Amador para rebajar las penas cuando era justamente al contrario: fue el abogado de la defensa quien reconoció las infracciones de Hacienda de su defendido y se mostró dispuesto a negociar. En marzo de 2024, la Ministerio Público emitió la famosa nota de prensa revelando los correos electrónicos entre la defensa y el fiscal del caso sobre el pacto de conformidad. Entonces el entorno de Ayuso acusó a García Ortiz de revelación de secretos. Y ya estaba en marcha la caza de brujas para acabar con la carrera política del fiscal general, hoy en el banquillo de un juicio surrealista, ya que hasta los periodistas que trabajaron en el asunto han declarado ante los magistrados del Supremo que no fue Ortiz quien les facilitó el correo electrónico sobre Amador y su abogado, sino una fuente bien distinta. Toda esta farsa o pantomima ha sido desmontada, incluso con la propia declaración judicial de MAR, que con su habitual soberbia se permitió decirle a los jueces que él es periodista y por tanto le está permitido mentir. Infame. Desde ese momento, todo el juicio/pantomima contra el fiscal general del Estado quedaba virtualmente anulado, por lo que debió haber sido suspendido de inmediato.
Pues bien, en ese escenario delirante tramado por el maquiavélico MAR (el presunto delincuente Amador tratado como víctima y el fiscal en la picota) el Colegio de Abogados de Madrid ha decidido tomar partido por Ayuso y sus bulos durante el juicio en el Tribunal Supremo. Flaco favor a los abogados de Madrid, que quedan como heraldos de una mentira ya aclarada en sede judicial. Ya fue grave que el ICAM emitiera una nota ante la “inusitada gravedad” de la actuación de la Fiscalía, ya que a su juicio aireaba información confidencial de un contribuyente que podía perjudicar el derecho de defensa. Pero es que además ha acusado al Ministerio Público de generar “alarma y desconcierto absoluto” en la profesión, como si los abogados de Madrid estuviesen más inquietos y preocupados por el caso del tal Amador, que ni les va ni les viene, que por los propios asuntos de sus clientes que son los que sostienen los diferentes bufetes y despachos.
En esa enloquecida carrera a ninguna parte del ICAM, los servicios jurídicos de la organización colegial se personaron como acusación popular en la causa, solicitando para García Ortiz cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa. El Colegio es una de las muchas acusaciones populares personadas en el juicio, junto a Manos Limpias, la Asociación de Abogados Cristianos y Hazte Oír, es decir, la bandada ultraderechista de aves ultras en la órbita de Vox que suelen aterrizar, como especies carroñeras, cada vez que se arrastra a un socialista a un juicio inquisitorial. Ayuso y Rodríguez quedaron satisfechos. Tenían a todo el gremio al servicio de sus mentiras y patrañas contra García Ortiz. Para colmo de males, el propio decano del Colegio, Eugenio Ribón, se ha entregado en cuerpo y alma a la causa ayusista: “Si se quisiera desmentir una información, no era preciso revelar los correos del novio de Ayuso”. Un dardo envenenado para el fiscal general. Y una sinrazón, ya que la clave del tema no está en el correo enviado a los periodistas, sino en el inmenso bulo que MAR tramó y difundió para salvarle el cuello a la presidenta y a su novio el defraduador confeso.
Es evidente que, al meterse de lleno en un caso entre particulares, el ICAM ha actuado de forma histriónica y desproporcionada, entrando en un terreno político que puede dañar la imagen de la abogacía. El caso Amador es una guerra abierta y sin cuartel entre Gobierno y oposición, entre Sánchez y Ayuso, y en ese barrizal está chapoteando ya el ICAM, posicionado sin ambages al lado de una de las partes.
Detrás de la actuación del ICAM para supuestamente tratar de reforzar el derecho a la confidencialidad en la relación abogado-cliente, lo que hay es una burda maniobra política de desprestigio del fiscal general de la que los abogados de Madrid, todos en comandita, forman parte. Y ahí van a pagar justos por pecadores, es decir, saldrá perjudicada la mayoría de letrados que se ganan la vida honradamente y a los que de buenas a primeras se les ha metido de lleno en la cruzada antisanchista de Ayuso. El Colegio de Abogados madrileño ha jugado un papel clave en el juicio contra García Ortiz, pero mezclar la defensa y los principios jurídicos con la política al servicio de los intereses particulares de la señora presidenta no traerá nada bueno ni será un buen negocio para ningún abogado. Al contrario, la credibilidad del ICAM y de sus asociados como garantes de la independencia de la abogacía ha quedado gravemente en entredicho. Otra institución más ensuciada por los montajes diseñados por la mano negra de MAR.