La junta de gobierno del ICAM ha enviado una carta a sus colegiados en la que intenta justificar su presencia en el juicio al fiscal general del Estado argumentando que está defendiendo “el secreto profesional, el derecho de defensa y la lealtad profesional”. Sin estas premisas, “el procedimiento deja de ser un espacio de igualdad y justicia, y se convierte en un terreno desequilibrado, donde quien acusa puede imponerse sobre quien debe tener la oportunidad real de defenderse. Cuando el secreto profesional se vulnera, lo que está en riesgo no es solo el caso concreto: lo que se debilita es el modelo de justicia garantista que consagra nuestra Constitución”, dice en el escrito al que ha tenido acceso Diario Sabemos.
En otro momento, ataca duramente la acción de la fiscalía: “la difusión pública de una comunicación mantenida entre un abogado y un fiscal, en el contexto de una eventual conformidad: un instrumento procesal basado en el sigilo y la buena fe recíproca entre acusación y defensa, que no puede funcionar si la información reservada de una parte es divulgada sin consentimiento, como aquí ocurrió”, que considera “una vulneración tan evidente de los principios esenciales que sustentan el ejercicio de la abogacía. En última instancia, lo que está en juego en este juicio es la solidez de una de las piedras del Estado de Derecho: la inviolabilidad del derecho de defensa. Con esa excusa, el decano, Eugenio Ribón, pide para el acusado 6 años de cárcel por “revelación de secretos”. Lo que no dice el dirigente de los letrados madrileños es que no es la primera vez que sus colegiados filtran a la prensa datos de los sumarios de sus clientes, incluidas las propuestas de conformidad.
El ICAM dice a sus colegiados que hubo una negativa del consentimiento a facilitar públicamente los datos de González Amador por lo cual desautoriza cualquier difusión al respecto. Se olvida, Eugenio Ribón, que semanas antes de la filtración objeto de la actuación delictiva que se juzga en el Supremo, el representante legal del empresario envió una oferta de pacto al fiscal anticorrupción, Julián Salto, tal y como éste ha reconocido, con copia a un abogado del Estado amigo suyo, a una oficina con acceso a un centenar de personas cualquiera de las cuales podría haber reenviado el texto a los medios de comunicación. Por lo tanto, el consentimiento es un hecho cuestionable.
Además, la Junta de gobierno del ICAM omite la actuación de los colegiados en las causas mediáticas. Tal vez sea por eso por lo que en la misiva enviada a los colegiados la junta de gobierno deja claro que ”se analiza una actuación concreta, excepcional, que en nada empaña el trabajo riguroso y comprometido de cientos de fiscales con los que los abogados compartimos a diario la labor en sede judicial La relación institucional con el Ministerio Fiscal sigue siendo, y así va a seguir, fluida, leal y constructiva”. Si. Pero para su máximo representante piden 6 años de cárcel que, de prosperar su iniciativa, enviarían a García Ortiz a prisión.
La prensa que trabaja en los juzgados se nutre de dos fuentes: la fiscalía y los representantes legales de las partes. Los jueces nunca filtran. Están obligados, por ley, a manifestarse en sus autos, sentencias y providencias. De ahí que se acuda a quien tiene acceso a los interrogatorios y documentos sumariales. Después de lo ocurrido con el ministerio público, sus representantes se muestran remisos a actuar de “fuentes jurídicas” por lo que el único recurso es acudir a los letrados a sabiendas de que la información que van a facilitar puede estar sesgada en favor de los intereses de sus patrocinados. La historia judicial está llena de filtraciones de los representantes legales. En los años noventa del siglo pasado, el llamado “caso Banesto” estuvo plagado de manifestaciones “off the récord” de las partes. Del despacho de Mariano Gómez de Liaño, defensor del expresidente de la entidad, salieron multitud de datos. La otra parte no se quedaba atrás. El Fondo de Garantía de Depósitos, que estaba personado como acusación popular y cuya representación legal ostentaba Cándido Conde-Pumpido, el tío del presidente del Tribunal Constitucional, filtró documentación a un periodista que escribía para un rotativo, el de mayor difusión de España, en esos momentos.
En la actualidad, los abogados que ejercen la acusación popular en las causas más mediáticas, Begoña Gómez, Ábalos, Koldo y Aldama, entre otros, son los encargados de filtrar a la prensa afín, es decir la conservadora, todos aquellos aspectos de los sumarios a los que tienen acceso y todavía nadie les ha denunciado por “revelación de secretos”. Es más. En la instrucción de la causa contra el fiscal general del Estado, la Guardia Civil obtuvo datos que afectaban a particulares, y comprometían a la seguridad del Estado que se incorporaron al sumario. El juez, Ángel Hurtado, lo único que hizo es pedir “discreción” a las partes. De momento no han trascendido informaciones de este tipo, pero nadie asegura que, a medio plazo, no salgan en algún medio de comunicación.
El colectivo de abogados tiene mucho que callar en lo que a las relaciones con los medios de comunicación se refiere. Hay infinidad de letrados que han revelado aspectos de las causas que les ocupaban. Lo que ocurre es que el IACM está dirigido por el sector mas conservador de la abogacía madrileña. Todavía no se han aclarado las relaciones de Eugenio Ribón con el gobierno de la Comunidad de Madrid, y, en especial, con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Hay quien asegura que presuntamente fue el decano del colegio el que diseñó la estrategia que llevó a cabo el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, para tender una trampa a fiscalía con esa otra famosa filtración en la que las versiones eran contrarias: que era Julián Salto el que había ofrecido a González Amador un acuerdo sobre los delitos fiscales de los que se le acusa.
Las partes personadas en este juicio tienen mucho que callar. Y el colegio de Abogados de Madrid el primero porque sus afiliados son los que filtran las informaciones periodísticas de los tribunales. Eso si hablamos de “revelación de secretos”. Otra cosa será si esas filtraciones benefician o perjudican a las partes.