Sí, está ocurriendo en España. Médicos que se niegan a practicar abortos en la Sanidad pública pero que lo hacen sin ningún problema de conciencia ni remordimiento religioso o ideológico en la privada. Y ocurre sobre todo en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Madrid es la región que más sortea la ley y donde algunos médicos juegan, con cierto cinismo, con un problema social tan sensible como el aborto. Mientras la presidenta madrileña aconseja a las mujeres que se vayan a abortar “fuera de Madrid”, la empresa privada sigue haciendo caja con el sufrimiento y el miedo de las mujeres. En Madrid se aborta. Claro que se aborta. Y mucho. Solo que esta práctica sanitaria se está convirtiendo en un negocio lucrativo para muchos profesionales. Menos del 1% de los abortos se realizan en la Sanidad pública. La inmensa mayoría se derivan a clínicas privadas. ¿Quién o quiénes practican esas interrupciones voluntarias del embarazo? Lógicamente, médicos de la privada, pero también de la pública pasados a la privada, donde la operación quirúrgica reporta bastante más dinero. La ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha enviado un requerimiento oficial a Madrid, Baleares y Aragón para que cumplan con la Ley Orgánica 1/2023, que garantiza el derecho al aborto. García califica la actitud insumisa de Ayuso como “aberrante” y advierte de que, si vulnera la ley, le esperarán consecuencias, incluyendo posibles sanciones.
En Canarias, el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado estas prácticas. El 93% de los abortos en esta comunidad fueron realizados por médicos declarados objetores de conciencia en los hospitales públicos, según un informe elaborado en el año 2023. “No puede ser que no quieran ser los aborteros en la pública y que luego estén realizando intervenciones voluntarias del embarazo en las clínicas privadas”, aseguran fuentes sanitarias. Para Belinda Santana, responsable de igualdad de la Federación de Sanidad de CCOO, el Servicio Canario de Salud (SCS) deriva numerosos casos a clínicas concertadas. “Estas interrupciones voluntarias de embarazo debería hacerlas el SCS de manera gratuita y segura”.
Lógicamente, todo este caos, todo este mercadeo con la salud de la mujer, genera desigualdades territoriales y plantea dudas éticas sobre el uso de la objeción de conciencia como herramienta para evitar la prestación pública de este derecho. ¿Por qué está ocurriendo esto? En primer lugar, por la presión institucional. En algunos hospitales públicos, las dinámicas internas o la falta de respaldo político desalientan a los médicos a realizar abortos. Hay coacciones, órdenes de arriba, amenazas. Miedo de los médicos a perder su trabajo. Otro factor es la externalización del servicio: muchas comunidades autónomas han optado por financiar abortos en clínicas privadas, lo que facilita que médicos trabajen allí sin las restricciones del sistema público. También influye la falta de registros públicos: aunque la ley contempla un registro de objetores, no siempre se aplica, lo que dificulta el control y la transparencia. Y, por supuesto, está la codicia, que siempre juega a favor de la picaresca. A un profesional le compensa más practicar un aborto en la privada. Es así de sencillo.
Doble discurso
En el centro de la polémica están, cómo no, las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Muchos líderes populares mantienen un doble discurso en esta materia. Aragón y Baleares, por ejemplo. Ambas han recibido requerimientos del Ministerio de Sanidad para que cumplan con la ley y pongan en marcha el registro de objetores. Castilla y León también ha externalizado o privatizado gran parte de los abortos a clínicas privadas, lo que sugiere una situación similar. En general, este fenómeno ha sido objeto de debate político y social, especialmente en comunidades como Madrid, Andalucía y Canarias.
Sea como fuere, el aborto se está convirtiendo en una actividad altamente lucrativa en nuestro país. Todo ello amparado por las políticas de la derecha, que impregnan de ideología religiosa algo que debería ser una simple cuestión de salud. Las tarifas por intervención repercuten en el médico como parte de su retribución o por acto médico. Según varias clínicas, el aborto farmacológico (pastilla abortiva) cuesta entre 350 y 400 euros; el aborto quirúrgico con anestesia local entre 325 y 345 euros (con anestesia general entre 400 y 450 euros). El médico puede recibir una parte de esa tarifa, aunque el porcentaje depende del contrato con la clínica.
Ingresos millonarios
El negocio del aborto en España mueve cientos de millones de euros al año, especialmente a través de clínicas privadas financiadas con dinero público. El gasto en abortos se ha incrementado en los últimos cinco años. Las comunidades autónomas han gastado 150 millones de euros para financiar abortos en clínicas privadas. Solo en 2023, se destinaron 40 millones de euros a esta práctica, mientras que apenas 20 millones fueron asignados a ayudas para embarazadas. En 2024, el 79% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizaron en el sector privado. Ese año se realizaron 103.097 interrupciones, un aumento del 4,8% respecto a 2022. Esto equivale a 282 abortos diarios en todo el país. Una industria de la que la derecha española empresarial y política, haciendo gala de una tremenda hipocresía, se está lucrando cada minuto que pasa. Tras esas manifestaciones impulsadas por la Iglesia católica, tras esa cruzada ideológica emprendida por Ayuso para salvar a millones de bebés, no hay nada más que dinero. El dinero de siempre. El maldito dinero.
Así que, ¿quién se beneficia del dolor de la mujer? Sin duda, las clínicas privadas especializadas reciben la mayor parte del gasto público, especialmente en comunidades donde la Sanidad pública no ofrece el servicio por objeción de conciencia. También algunos profesionales de la Medicina con pocos escrúpulos. Y también las empresas y multinacionales del sector sanitario y farmacéutico. El negocio se ha consolidado como una actividad multimillonaria, según varios medios de comunicación. Conviene no perder de vista que en España se sigue abortando tal como establece la ley. Solo que se enriquecen los de siempre.