Javier Padilla es secretario de Estado de Sanidad, además de médico de familia. Ayer se puso a tuitear sobre la polémica propuesta de Feijóo de crear un registro de médicos dispuestos a practicar abortos para proteger a los objetores que no deseen hacerlo. “No pensé que esto hubiera que explicarlo, pero bueno, parece que sí. El registro de objetores no es público. No es un buscador donde saciar tus ánimos de cotillear o perseguir, es una herramienta de gestión”. Además, califica de “ocurrencia” la propuesta del Partido Popular. Sin embargo, Feijóo ha decidido hacer de esto una cruzada y abrir listas negras para señalar a los profesionales de la medicina partidarios de practicar interrupciones voluntarias del embarazo. De nuevo el mundo al revés.
Padilla asegura que “que el registro sea de objetores y no de prestadores es porque toda prestación en la cartera de servicios del SNS se presta por defecto. Lo contrario supone asumir que hay una objeción universal, expresamente prohibida en la ley (y en cualquier ordenamiento), que se revierte con la prestación activa”.
Para Padilla, el registro lleva años siendo así con la eutanasia y no ha dado problemas. “Todas las comunidades del PP (también la de Madrid) lo tienen implementado. El registro de objetores del aborto está en la grandísima mayoría de las comunidades del PP”, insiste Padilla. “De hecho, el PP de la Comunidad de Madrid votó a favor en el Consejo Interterritorial en el que se aprobó el protocolo para la creación de los registros de objetores”.
“Si quieren un ejemplo de una comunidad autónoma gobernada por el PP, que cojan a Cantabria, que es la líder en realización de interrupciones voluntarias del embarazo en la Sanidad pública. Es una ocurrencia, como tantas otras, pero que detrás de una aparente búsqueda de una especie de sentido común guarda un cambio crucial: que la opción por defecto sea realizar una prestación incluida en la cartera de servicios del SNS, o que la opción por defecto sea objetar de esa prestación”.
Desde hace más de un año, Javier Padilla Bernáldez ocupa el cargo de secretario de Estado de Sanidad, siendo el número dos del Ministerio bajo la dirección de Mónica García. Su trayectoria profesional está marcada por una sólida formación en Medicina Familiar y Comunitaria, y una intensa implicación en la Salud Pública. En julio de 2025, envió una carta oficial a los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas en la que reafirmó la obligación legal de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) conforme a la Ley Orgánica 2/2010 y el Real Decreto 831/2010; exigió condiciones de igualdad y equidad en el acceso al aborto, sin discriminación territorial ni obstáculos administrativos; y advirtió sobre posibles medidas legales contra aquellas comunidades que no cumplan con la normativa vigente. Esta postura ha generado tensiones con algunos gobiernos regionales, especialmente en comunidades donde se han denunciado dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Padilla ha sido claro al señalar que no se tolerará el incumplimiento de la ley, y se elaborará un informe sobre la aplicación efectiva del derecho al aborto en cada autonomía. El Ministerio de Sanidad está dispuesto a actuar judicialmente si se detectan vulneraciones sistemáticas de este derecho.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, insiste en que “el derecho al aborto es constitucional. Y también ejercer ese derecho sin presiones, sin el acoso organizado contra las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. España va en la buena dirección. Nos encaminamos nuevamente al avance en los derechos de las mujeres”.
Además, a propósito de incluir el aborto en la Constitución, como derecho fundamental blindado o sometido a especial protección, la exministra Irene Montero ha asegurado que “la política de titulares del PSOE es un peligro. Las mujeres no podemos pagar con nuestros derechos su campaña electoral”.