No ha pasado ni dos años desde que el Constitucional avaló la ley de plazos sobre la interrupción del embarazo, guardada desde 2010 en los cajones de los despachos de Doménico Scarlatti, y, de nuevo, el asunto del aborto, un derecho fundamental, vuelve a judicializarse. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una iniciativa mediante la cual las mujeres que decidan llevar a cabo esa práctica serán informadas previamente “de manera escrita y obligatoria, permanente y visible”, sobre el llamado “síndrome post” que no es otra cosa que lo que dice la derecha que son las consecuencias “probadas” de este tipo de decisiones. Los ultras de Vox, ahora con la aquiescencia del Partido Popular en Madrid, creen que este “síndrome post aborto” supone a la mujer depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos. Los expertos niegan la existencia de este síndrome que la extrema derecha califica de “trauma”. El consistorio madrileño llevará a cabo la iniciativa en todos los centros sanitarios municipales, y el PSOE y Más Madrid ya han anunciado que van a recurrir ante los tribunales. Deberán ser los juzgados de Lo Contencioso-Administrativo los que resolverán y nadie garantiza que un juez, de los muchos que se han declarado antiabortistas, no falle a favor del equipo de gobierno de Almeida, que no necesitaba el apoyo de Vox para aprobar la resolución. Es otra manera de seguir judicializando un tema que debería estar definitivamente cerrado. Pero no parece que la derecha esté dispuesta a claudicar.
Ante esta situación no cabe otra que hacer lo que se hizo en Francia que no es otra cosa que blindar el aborto en la Constitución. Cuando se cumplen cuarenta años de la ley que aprobó inicialmente la potestad de la mujer para interrumpir el embarazo, todavía hay un importante colectivo ciudadano que está dispuesto a limitarla. En Génova apoyan la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid asegurando que “la información nunca es un problema” en palabras de la portavoz Ester Muñoz, y añade que "quien tiene que explicar por qué le parece un problema la información es quien está en contra de que las mujeres estemos informadas".
Lo cierto es que la iniciativa ha vuelto a desatar la polémica. En 2023, el Constitucional dio carpetazo al asunto cuando el pleno de la corte de garantías rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular había presentado en 2010. La sentencia avala la ley aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Consolida como derecho fundamental la autodeterminación de la maternidad por parte de la mujer, ligando la decisión de interrumpir el embarazo a su derecho a la integridad física y moral. Pero la sentencia del TC no cerró el asunto definitivamente. Ese mismo año, el gobierno progresista elaboró una reforma que no afecta al núcleo fundamental del sistema de plazos que recoge el principio del TC de que es conforme a la carta magna por cuanto reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad. “Se trata de derechos constitucionales que exigen del legislativo el respeto y reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación”, se señala en la sentencia que no es recurrible, pero el gobierno cayó en la trampa. Al aprobar el parlamento una nueva ley orgánica, la derecha no ha tardado en recurrirla a pesar de la contundencia del pronunciamiento de la corte presidida por Cándido Conde-Pumpido.
No parece que este nuevo recurso tenga posibilidad alguna de prosperar. Por eso, ahora lo que preocupa es la fórmula que quiere emplear la derecha para disuadir a las mujeres que quieran o necesiten abortar. La polémica ya estalló cuando Vox propuso, en la comunidad de Castilla y León, que los médicos se viesen obligados a ofrecer tres opciones a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo: la posibilidad de escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica, además de promover el cumplimiento de la objeción de conciencia. Esta iniciativa, unida a la presencia de activistas de la organización ultraderechista Hazte Oír en las puertas de las clínicas donde se practica la interrupción del embarazo, dificulta el derecho fundamental de las mujeres. Y, ahora, con la resolución del consistorio madrileño, los obstáculos son cada vez mayores. De ahí que se haya decidido judicializar las propuestas de la derecha.
El problema reside en que los jueces de este país, de extracción mayoritariamente conservadora, se han pronunciado en contra del aborto. Y, en especial, los de la instancia que debe resolver los asuntos contenciosos. Por ejemplo, Manuel Ruiz de Lara al cual el CGPJ le ha abierto un expediente por sus descalificaciones en redes sociales al gobierno progresista y a algunos de sus ministros, con el posible resultado de una sanción “por falta grave”. En Euskadi, el Tribunal Superior de Justicia ha revocado una resolución de la Ertzaintza que obligaba a un grupo de antiabortistas que rezan frente a una clínica en Vitoria a desplazarse unos 80 metros del lugar. Y en los archivos de la sala de Lo contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se pueden examinar multitud de sentencias en las que se da la razón a los recurrentes contra prácticas abortivas.
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura se ha pronunciado públicamente en contra del aborto y es la mayoritaria entre los jueces en activo. Hay numerosos magistrados, vinculados al Opus Dei, que se declaran abiertamente antiabortistas. Si el asunto del Ayuntamiento de Madrid cae en sus manos ya se pueden dar por contestados los denunciantes. Así es como está funcionando la justicia de este país.