La Diputación Foral de Álava ha iniciado oficialmente un expediente sancionador contra la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, organizadora de los polémicos campamentos de verano de Bernedo, por dos incumplimientos graves de la normativa que regula las actividades con menores.
El diputado general de Álava, Ramiro González, anunció este lunes ante las Juntas Generales la apertura de este procedimiento administrativo después de constatar que la asociación ocultó su actividad durante décadas a la administración competente.
Las infracciones por las que se sanciona a la organización son, en primer lugar, el incumplimiento de la obligación de realizar una comunicación previa de la actividad al departamento competente de la Diputación Foral de Álava, tal como exige la Ley de Juventud y un decreto foral de 1985. En segundo lugar, el incumplimiento de la obligación de facilitar la documentación requerida por los servicios de inspección de la administración, a la cual “no respondió”.
El diputado general relató que la Diputación tuvo conocimiento de la existencia de estos campamentos el pasado 15 de septiembre, cuando el Instituto Foral de Juventud recibió un correo electrónico de una madre alertando sobre actuaciones “inadecuadas” durante el campamento. “La actividad no ha estado nunca inscrita en la Diputación Foral de Álava ni fue comunicada al Departamento de Juventud”, señaló González, quien añadió que “se trataba de una actividad desconocida” para la institución.
Décadas de actividad sin control
Según las investigaciones realizadas, los campamentos organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea se han desarrollado durante aproximadamente 50 años sin ningún tipo de registro o supervisión administrativa. El Gobierno vasco, a través de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, reconoció que la asociación “ocultó” a la administración que organizaba estas actividades, “impidiendo su trazabilidad”. Melgosa calificó los campamentos como una “iniciativa clandestina”, aunque la entidad es conocida, mantiene perfiles activos en redes sociales y ha recibido financiación pública en Navarra, donde gestiona dos colonias más.
La consejera Del Val, diputada de Cultura y Deporte de Álava, admitió durante su comparecencia del 9 de octubre que “no sabemos dónde hemos cometido el fallo”, reconociendo que la comunicación entre instituciones, aunque generalmente “fluida”, en el caso Bernedo “no ha sido así”.
Un escándalo de dimensiones crecientes
El caso salió a la luz pública el 25 de septiembre, cuando la Diputación recibió dos escritos formales de asociaciones feministas que narraban “unos presuntos hechos muy muy graves”. Hasta el momento se han presentado 21 denuncias ante la Ertzaintza por presuntos delitos de agresión sexual, exhibicionismo y coacciones a menores que participaron en los campamentos.
Según los testimonios de familias y cartas enviadas por los menores durante su estancia, en el campamento de agosto de 2025 se produjeron situaciones como duchas mixtas obligatorias con monitores desnudos presentes, monitoras haciendo topless, dibujos obscenos en los espejos, y juegos humillantes como obligar a los niños a chupar los dedos de los pies de los monitores para conseguir la merienda.
La Ertzaintza ya había iniciado una investigación en enero de 2025 tras tener conocimiento a finales de 2024 de posibles hechos ocurridos en Bernedo, remitiendo un atestado al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz el 30 de abril de 2025. Sin embargo, al comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas, se realizó una nueva remisión del atestado el 23 de septiembre.
Conocimiento previo de otras instituciones
Las investigaciones han revelado un caos institucional que permitió que las denuncias quedaran silenciadas durante años. La Diputación de Álava desveló que la Diputación de Gipuzkoa tuvo la primera denuncia el 3 de enero de 2024, casi un año antes de que la Ertzaintza fuera informada oficialmente. En 2019, otra queja tramitada ante la Diputación de Bizkaia fue comunicada al Gobierno vasco, que no actuó.
Una educadora que trabaja para una empresa contratada por la Diputación de Gipuzkoa para tutelar menores en situación de riesgo reveló que los problemas en estos campamentos se conocían desde hace al menos tres años, ya que menores tutelados que asistieron en 2022 y 2023 relataron situaciones similares. Este profesional interpuso una denuncia personal en la Ertzaintza en 2024, pero según su testimonio, el caso “subió a instancias superiores” y nunca más supo del asunto.
Tramitación paralela a la vía penal
El expediente sancionador administrativo tendrá su tramitación correspondiente de forma paralela a la investigación penal abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz. Según fuentes de la Diputación, el objetivo es que no vuelvan a ocurrir hechos como los denunciados, aunque se trata de un procedimiento largo que incluirá plazos para la presentación de alegaciones.
La Diputación no descarta que el expediente culmine en la clausura definitiva del campamento. El diputado general Ramiro González fue contundente al afirmar que “durante años han existido unas colonias con unas prácticas absolutamente inadmisibles y que, en algunos casos y a la vista de los hechos que hemos ido conociendo, podrían ser constitutivas de delito”.
La Diputación ha remitido a la Fiscalía toda la documentación administrativa recopilada sobre el caso y ha mantenido reuniones con las familias afectadas, a las que ofreció apoyo y animó a denunciar ante la Ertzaintza “para que los hechos pudieran ser investigados adecuadamente”. El diputado general defendió que “ha habido preocupación, implicación y actuación, y se ha hecho con la mayor celeridad posible, y teniendo siempre en cuenta el interés superior de los y las menores”.
Las familias, por su parte, lamentan haber conocido esta información a través de la prensa, a pesar de que se les había insistido desde las instituciones en que estarían informadas al detalle en todo momento.