La Diputación Foral de Álava tiene previsto abrir esta semana un expediente administrativo contra el campamento de verano de Bernedo con el objetivo de suspender su actividad de manera definitiva, según ha informado El Diario Vasco. Esta medida representa la primera actuación formal en el ámbito administrativo contra los organizadores del polémico campamento de la localidad alavesa, gestionado por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.
El expediente, que firmará la diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, se iniciará cuando los máximos responsables institucionales den luz verde al procedimiento sancionador, previsiblemente en los próximos días.
Aunque el proceso estará sujeto a posibles alegaciones y su duración será prolongada, el objetivo de la Diputación es clausurar el campamento “sin fecha”, es decir, de forma permanente, según fuentes institucionales consultadas por medios vascos. Esta tramitación administrativa se desarrollará de forma paralela a la investigación penal abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que ya ha citado a declarar a tres víctimas identificadas en el atestado policial. Sin embargo, el expediente administrativo podría quedar paralizado si finalmente el caso se deriva exclusivamente a la vía penal.
Un escándalo con casi dos décadas de antecedentes
El campamento de Bernedo ha estado en el punto de mira tras las denuncias presentadas por familias de menores que participaron en las colonias durante el pasado mes de agosto. Según los testimonios recogidos, los monitores obligaban a chicos y chicas de entre 13 y 15 años a ducharse juntos en duchas mixtas, y ellos mismos se duchaban desnudos junto a los adolescentes. Además, se han denunciado episodios de monitores que se paseaban desnudos por las instalaciones y posibles agresiones sexuales entre adolescentes ante las que los responsables no habrían actuado.
Hasta el momento, la Ertzaintza ha recibido al menos 19 denuncias por delitos relacionados con la libertad sexual, incluyendo presuntas agresiones sexuales, exhibicionismo y coacciones. A estas se suman tres quejas presentadas ante Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha reconocido que “son muchas denuncias” y que “estaban pasando cosas que no tendrían que haber ocurrido”.
Lo más preocupante del caso es que las primeras alertas sobre estos campamentos datan de años atrás. Según confirmó Ana del Val en su comparecencia ante las Juntas Generales de Álava, la Diputación de Bizkaia tuvo conocimiento de prácticas irregulares ya en 2019 y lo comunicó al Gobierno vasco, aunque esta información nunca llegó a la Diputación de Álava, según dicen, aunque esta información quedaría en entredicho después de la entrevista publicada este fin de semana a una trabajadora social que denunció situaciones preocupantes que relataron menores tutelados por la administración vasca. La Diputación de Gipuzkoa recibió una denuncia formal el 3 de enero de 2024, casi un año antes de que la Ertzaintza fuera informada oficialmente, según reveló Del Val. “Pasaron unos tres años desde las primeras sospechas en Bizkaia hasta que estalló el escándalo”, reconoció Del Val, quien admitió que hubo “fallos en la coordinación institucional”.
Un campamento que operaba al margen del registro oficial
Una de las cuestiones más espinosas del caso es que el campamento de Bernedo no figuraba en el registro oficial de colonias de la Diputación de Álava, a pesar de que la asociación organizadora, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, tiene actividad desde 2011. Esta circunstancia, que según la diputada Del Val constituye “el primer problema” del asunto, dificulta establecer responsabilidades sobre la falta de supervisión.
El Gobierno vasco ha calificado el campamento como “clandestino”, aunque el ejecutivo autonómico tiene competencias solo en campamentos en el extranjero, de ahí que trasladara las competencias de inspección a las diputaciones forales en 2023. Sin embargo, la Diputación de Álava ha reconocido que desconoce “dónde cometimos el fallo” para que estas colonias operaran durante años sin control.
Posiciones encontradas entre familias
El caso ha generado una división social profunda. Mientras cerca de veinte familias han denunciado los hechos ante la Ertzaintza, un grupo de 137 padres y madres firmó un manifiesto en defensa del campamento, calificándolo como “espacios políticos” y defendiendo las duchas mixtas como parte de un proyecto educativo que busca “romper con los roles de género”. Estos progenitores han criticado lo que consideran una “campaña de acoso” contra el campamento y sus responsables.
Por su parte, The Objective ha informado que el PNV planea cerrar el polémico campamento ante la presión mediática y social, aunque la formación jeltzale no se ha pronunciado oficialmente sobre esta intención. El expediente administrativo que abrirá la Diputación será el primer paso formal para intentar clausurar definitivamente estas instalaciones que han funcionado durante años al margen de cualquier control institucional.
La investigación judicial sigue su curso y está previsto que se tomen nuevas declaraciones a las víctimas en las próximas semanas, mientras las autoridades tratan de esclarecer cómo pudo mantenerse esta situación durante tanto tiempo sin que saltaran las alarmas en las instituciones competentes.