UGT Madrid expresa su más absoluta indignación ante el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que ha sido expulsada de la que ha sido su casa durante décadas. El sindicato considera que esta situación nunca debería haberse producido.
A la organización le resulta incomprensible que una persona mayor, con una pensión de 1.350 euros, tenga que enfrentarse a una subida del alquiler de 500 a 1.650 euros mensuales, una cantidad imposible de asumir para cualquier pensionista en su situación.
Pero resulta todavía más difícil de entender que, pese a existir una persona dispuesta a hacerse cargo tanto de la deuda como del pago del alquiler, la propiedad rechazara cualquier posibilidad de acuerdo y optara por seguir adelante con el desahucio.
El sindicato advierte de que este caso demuestra hasta qué punto la vivienda se está tratando como un activo financiero y no como un derecho básico. Cuando una persona de 87 años pierde su hogar, los discursos sobre responsabilidad social quedan vacíos de contenido si no se traducen en medidas efectivas para protegerla.
UGT Madrid considera igualmente preocupante la respuesta de las administraciones públicas: Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han logrado garantizar, antes del desahucio, una solución residencial estable y adecuada para Maricarmen. Aunque el Ayuntamiento ha ofrecido una plaza gratuita de emergencia en una residencia, el sindicato subraya que esa respuesta no sustituye la necesidad de una solución que tenga en cuenta su voluntad, sus necesidades de accesibilidad y su entorno de cuidados.
Lo que reclama UGT Madrid
Ante situaciones como la de Maricarmen, UGT Madrid exige:
-
Que ningún desahucio de una persona mayor o vulnerable se ejecute sin una alternativa habitacional digna y adecuada.
-
Que se refuercen los mecanismos de mediación obligatoria entre propietarios e inquilinos para evitar que situaciones como esta terminen en la pérdida de la vivienda.
-
Que las administraciones incrementen de manera urgente el parque público de vivienda en alquiler asequible.
-
Que se adopten medidas que impidan incrementos de renta desproporcionados que, en la práctica, funcionan como mecanismos de expulsión de los inquilinos.
-
Que las grandes empresas propietarias de vivienda y las SOCIMI asuman una verdadera responsabilidad social ante situaciones de vulnerabilidad acreditada.
-
Que se refuercen los recursos públicos destinados a personas mayores con dificultades para acceder a una vivienda o mantener su hogar.
La vivienda no puede ser un privilegio
Para UGT Madrid, el caso de Maricarmen no es un hecho aislado, sino el reflejo de una realidad que afecta a pensionistas, personas trabajadoras y familias que no pueden afrontar el coste de la vivienda con sus ingresos.
La organización rechaza que se normalice la expulsión de una mujer de 87 años de su hogar sin haber agotado las posibilidades de acuerdo. La vivienda debe cumplir una función social y las administraciones tienen la obligación de proteger a quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
UGT Madrid recuerda que detrás de cada expediente de desahucio hay una persona cuya vida puede quedar profundamente dañada. En este caso, una mujer que necesitaba protección y una solución que le permitiera vivir con dignidad y seguridad.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.