UGT Madrid ha denunciado el nuevo modelo de colaboración público-privada impulsado por la Comunidad de Madrid para construir y gestionar viviendas protegidas sobre suelo de la Agencia de Vivienda Social (AVS), al considerar que prolonga durante décadas un sistema que convierte el patrimonio público en una fuente de rentabilidad para empresas privadas mientras persisten las dificultades de acceso a la vivienda de las familias trabajadoras.
La operación tiene una dimensión incluso mayor de la señalada inicialmente por el sindicato. La Comunidad publicó el pasado 24 de agosto tres licitaciones para constituir derechos de superficie durante 75 años sobre seis parcelas públicas situadas en Los Berrocales, San Blas-Canillejas y la UVA de Hortaleza. La previsión oficial es construir 670 viviendas protegidas de alquiler asequible: 154 en Los Berrocales, 191 en San Blas-Canillejas y 325 en Hortaleza.
No se trata jurídicamente de vender el suelo: las parcelas continúan siendo públicas. La fórmula consiste en conceder a empresas privadas un derecho de superficie para que financien la construcción y gestionen las promociones y sus alquileres durante tres cuartos de siglo. Los expedientes actualmente abiertos fijan precisamente una duración de 75 años y mantienen abierto el plazo de presentación de ofertas hasta el 3 de noviembre.
UGT denuncia un "falso alquiler asequible"
Para UGT Madrid, esta fórmula supone «hipotecar el patrimonio común hasta los primeros años del siglo XXII» y consolida lo que define como un modelo de "falso alquiler asequible", en el que el suelo público sirve para garantizar durante décadas la explotación privada de las viviendas.
El sindicato vincula las nuevas concesiones con los problemas que ya han denunciado inquilinos del Plan Vive. Entre ellos destaca los "sobrecostes asfixiantes y la trampa de los anejos", por la obligación de asumir en determinadas promociones garajes y trasteros junto a la vivienda, además de otros conceptos como gastos comunes, IBI o tasas municipales.
Esos costes adicionales no son una cuestión meramente teórica. En promociones del Plan Vive se establece expresamente que, además de la renta, pueden repercutirse gastos de servicios comunes de hasta el 18% del alquiler mensual y prorratearse el IBI y determinadas tasas municipales. Algunas viviendas se comercializan además conjuntamente con plaza de garaje y trastero.
UGT denuncia igualmente problemas relacionados con suministros, aerotermia y agua caliente, así como averías, filtraciones, humedades y deficiencias de acabado en promociones ya entregadas, y sostiene que la suma de estos conceptos puede alejar el coste real que afronta una familia de la idea de alquiler verdaderamente asequible.
UGT exige paralizar las cesiones
La organización sindical reclama la paralización de estas concesiones, la eliminación de los sobrecostes, que garajes y trasteros dejen de estar obligatoriamente vinculados a los contratos y una auditoría de las promociones que ya se encuentran habitadas para detectar posibles cláusulas abusivas y problemas de habitabilidad.
UGT Madrid defiende que la respuesta a la crisis habitacional debe pasar por fortalecer de manera permanente el parque público y no por entregar su explotación durante 75 años. «La vivienda es un derecho social fundamental y un pilar de estabilidad para las familias trabajadoras, no un activo financiero diseñado para enriquecer a unos pocos a costa de la mayoría», concluye el sindicato.
La controversia se produce mientras la propia Comunidad define el Plan Vive como un sistema de colaboración público-privada destinado a incrementar rápidamente la oferta y asegura que los alquileres se sitúan por debajo de los precios de mercado. El programa alcanza ya miles de viviendas entregadas y continúa siendo uno de los principales instrumentos de la política regional de vivienda.
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