El desahucio de Maricarmen y el perjurio de toda la clase política

En el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro, el sonido de los furgones policiales y el estruendo de los cascos antidisturbios se convirtió en el eco brutal de una quiebra institucional. Allí dentro, abatida en su silla de ruedas tras siete años de litigios y ochenta y siete de vida, Maricarmen Abascal contempló cómo la fuerza pública abría paso al desalojo de la casa en la que habitó durante siete décadas.

Ni haber pagado puntualmente el alquiler hasta el último día. Ni padecer un deterioro físico severo. Ni carecer de alternativa habitacional. Nada de eso ablandó el ánimo del fondo propietario, que exigía triplicar la renta para rentabilizar el ladrillo. Sin embargo, la mayor infamia de esta estampa no habita únicamente en la codicia de una sociedad de inversión. Reside, también, en el despacho de las autoridades que juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.

El artículo 47: una promesa rota

El texto de la Carta Magna promulgado en 1978 no admite ambigüedades en su redacción ni retorcimientos interpretativos. En su artículo 47, el legislador constituyente dictaminó con meridiana claridad que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Además, obliga a los poderes públicos (es decir, a los gobiernos competentes) a promover "las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes" para hacer efectivo este derecho. Regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general "para impedir la especulación".

La ejecución del desahucio de Maricarmen es la prueba fehaciente de un perjurio sistemático, continuado y transversal cometido por la clase política gobernante. Por más que se haya declarado que se intentó negociar con el fondo, tanto los gobiernos central, regional y local tenían herramientas legales más agresivas contra ese fondo. No las utilizaron. Parecen nuevos porque ofrecen soluciones a quien no las quiere, a quien sólo pretende hacer lo que, precisamente, la Constitución prohibe: especular, ganar dinero por encima de la vida de las personas. 

Pues bien. Ahí está el nudo del problema.

La alternancia del perjurio

Al recorrer los archivos de la democracia española, la traición al mandato constitucional adquiere una pauta bipartidista milimétrica. Tanto los gobiernos liderados por el Partido Socialista Obrero Español como aquellos abanderados por el Partido Popular han compartido una misma premisa económica, ya sea desde la Moncloa o desde los gobiernos regionales que, al fin y al cabo, son los que tienen las competencias de vivienda. 

Concebir la tierra y el ladrillo no como un soporte vital protegido para el ciudadano. Sino como la gran locomotora financiera del país.

Bajo el mandato del PP, la liberación del suelo, la bonificación fiscal a las inversiones rentistas y la atracción desregulada de fondos buitres convirtieron las ciudades en tableros de monopolio donde los derechos sociales quedaron relegados a la categoría de estorbo legal.

Por su parte, la retórica del PSOE ha navegado entre la promesa del bienestar y la tibieza legislativa. La promulgación de sucesivas normativas habitacionales y decretos antidesahucios se ha revelado como un andamiaje propagandístico repleto de grietas jurídicas. Diseñado para calmar los titulares antes que para frenar las ejecuciones. Detrás de las proclamas sobre la "función social de la vivienda", los ejecutivos socialistas han blindado los intereses de las grandes tenedoras de inmuebles. Y han permitido que la especulación asfixie a las rentas medias y bajas. Esto demuetra que la distancia entre el discurso de investidura del gobernante (independientemente de las siglas y la ideología) y el boletín oficial es el espacio donde se evapora la dignidad de los vulnerables.

Capitulación de los extremos

La responsabilidad de esta quiebra constitucional no recae de forma exclusiva en la alternancia del centro bipartidista. Cuando la extrema izquierda y la extrema derecha accedieron a las cuotas de poder institucional como socios minoritarios de coalición, ya sea en el Consejo de Ministros o en las consejerías autonómicas y ayuntamientos, la promesa de asaltar los cielos para blindar los derechos populares se disolvió en la moqueta de los despachos.

La izquierda radical aceptó rebajar sus exigencias de regulación del mercado inmobiliario, asumiendo parches cosméticos y moratorias caducas a cambio de mantener sus sillones en la estructura gubernamental y convirtiéndose, así, en cómplice necesario de la inacción del Estado.

En el extremo opuesto del arco parlamentario, la retórica ultraderechista ha funcionado como el escudo protector del modelo de la especulación rentista. Bajo un discurso obsesionado con la propiedad privada y la persecución mediática de la ocupación, las formaciones situadas a la derecha del PP han apoyado sistemáticamente la desprotección del inquilino y la entrega del parque inmobiliario a un libre mercado conquistado por los grandes fondos.

Al situarse siempre del lado del inversor y negar la intervención pública ordenada por la Constitución para frenar el lucro desmedido, la extrema derecha ha ratificado su lealtad a los mismos poderes financieros que devoran los barrios populares.

Legalidad desprovista de ética

La imagen de Maricarmen siendo expulsada de la vivienda donde perecieron sus padres evidencia la victoria de una legalidad formal desprovista de sentido ético sobre la verdadera justicia constitucional.

Mientras el aparato administrativo aplica con rigor implacable las resoluciones de desalojo instadas por los fondos especulativos, la obligación de los poderes públicos de procurar un alquiler protegido o de impedir la inflación desmedida de las rentas se diluye en un limbo burocrático de competencias cruzadas entre ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios.

El perjurio de los gobernantes españoles no radica únicamente en la omisión de sus deberes constitucionales. Radica, también, en el cinismo de escudarse en el marco legal para justificar la barbarie.

Cuando las fuerzas de seguridad custodian el desahucio de una mujer anciana con discapacidad en lugar de garantizarle la vivienda digna que ordena el artículo 47, el contrato social que fundamenta la democracia queda severamente agrietado. Cuando el Ayuntamiento de Madrid afirma haber concedido una plaza en una residencia, es un modo de eludir esa responsabilidad de protección o de poner un parche para salir del paso. La única solución estaba en evitar, a costa de lo que fuera y de enfrentarse a quien hiciera falta, que una mujer de 87 años fuera expulsada con violencia de la casa donde había vivido durante más de 70 años, de una casa en la que ella cumplió con sus deberes, pero, al parecer, la codicia está por encima del cumplimiento del deber. 

La historia reciente del país demuestra que no ha faltado capacidad normativa ni margen financiero para rescatar a la banca o blindar activos inmobiliarios. Lo que ha faltado, de manera unánime y a lo largo de décadas, ha sido la voluntad política de hacer cumplir el texto sagrado de la convivencia nacional.

El legado de una ruina social

El drama vivido en la calle Alcalde Sainz de Baranda representa el triste epitafio de un modelo económico que sitúa el rendimiento financiero por encima de la vida humana.

Mientras los líderes políticos de todo signo continúan intercambiando reproches desde la tribuna del Congreso, de los parlamentos regionales, de los plenos de los ayuntamientos o las tertulias televisivas, miles de ciudadanos aguardan con pavor la llegada de la comisión judicial a sus puertas.

La tragedia de Maricarmen es el espejo incómodo donde se mira una clase política que juró guardar y hacer guardar la Constitución mientras permitía que la especulación convirtiera el derecho al hogar en una mercancía inalcanzable.

Hasta que el mandato del artículo 47 deje de ser un adorno poético en el libro de la ley y se transforme en una garantía ejecutable frente al mercado, el Estado español seguirá arrastrando sobre sus espaldas la pesada sombra del perjurio. Porque hay promesas que, cuando se rompen, ya no tienen vuelta atrás. Y esta lleva rota demasiado tiempo.