La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana en Valencia ha acordado citar como testigo, aún sin fecha, al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, según informa Efe. La instructora ha tomado esta decisión en un auto después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano excluyera la responsabilidad del expresident del PP.
La magistrada de Catarroja asegura que “no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del señor Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical”, concluye. Esto significa que Mazón estará obligado a decir la verdad, ya que los imputados pueden mentir para defenderse, pero un testigo que engaña puede ser procesado por falso testimonio. De modo que cabe la posibilidad de que Mazón entre en el juzgado de Catarroja en calidad de testigo y salga como imputado en el caso de que la instructora aprecie que ha mentido. En ese caso, el TSJCV ya tendría las pruebas que necesita para sentar a Mazón en el banquillo.
El TSJ valenciano rechazó por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante la dana al no apreciar “un fundamento sólido y objetivo” de que los hechos descritos en la exposición elevada por la jueza de Catarroja “revistan carácter de delito”.
La dana dejó 230 fallecidos y graves daños materiales, y desde el primer momento surgieron dudas sobre la gestión de la emergencia, especialmente en relación con la activación del sistema de alertas ES-Alert, la coordinación entre administraciones y la toma de decisiones en Protección Civil. La jueza ha puesto el foco en posibles fallos en la cadena de mando y en la respuesta institucional, lo que ha derivado en la imputación de varios altos cargos y en la citación de otros responsables políticos.
En este contexto, la declaración de Mazón adquiere un peso especial. El TSJCV, que debía pronunciarse por su condición de aforado, concluyó que el president no tenía la “posición de garante” necesaria para imputarle una omisión penalmente relevante. Es decir, no ostentaba el mando único de la emergencia, ya que no se declaró una situación de “emergencia catastrófica”, requisito que habría activado un marco competencial distinto. Con esa premisa, la jueza ha optado por escucharlo como testigo, una figura que implica obligaciones claras (decir la verdad y no ocultar información) pero que lo sitúa fuera del foco penal inmediato.
Desde el punto de vista jurídico, declarar como testigo supone un riesgo mucho menor que hacerlo como investigado. No se le atribuye responsabilidad penal, no se le interroga como sospechoso y no se le pueden imponer medidas cautelares. Sin embargo, su testimonio puede tener consecuencias relevantes para la causa. La jueza busca aclarar quién tomó decisiones clave, cómo se gestionó la información meteorológica, por qué se activó el sistema de alertas en unos municipios y no en otros, y si existieron fallos de coordinación que pudieron agravar los efectos de la tormenta.
La instructora ha mostrado en autos anteriores una actitud crítica hacia algunas explicaciones ofrecidas por la Generalitat, llegando a calificar ciertos argumentos como “ficciones” o “relatos inconsistentes”. En ese clima, la declaración de Mazón puede servir para contrastar versiones y delimitar responsabilidades dentro del organigrama institucional. Aunque el TSJCV ha cerrado la puerta a su imputación, la jueza ha recordado que un testigo puede ver modificada su condición procesal si durante su declaración surgen indicios nuevos y relevantes. No es el escenario más probable, pero tampoco es imposible.
En el plano político, la citación del expresident tiene un impacto evidente. La oposición ha acusado al Consell de fallos graves en la gestión de la emergencia y ha exigido explicaciones públicas. Mazón, por su parte, ha defendido que la Generalitat actuó correctamente y que el sistema ES-Alert “cumplió su función”. Su comparecencia ante la jueza se produce en un momento en que la investigación sigue abierta y en el que varios altos cargos continúan bajo escrutinio judicial.
La causa de la dana se ha convertido en un terreno donde se cruzan responsabilidades técnicas, decisiones políticas y expectativas ciudadanas. La declaración de Mazón no cierra el caso, pero sí contribuye a perfilar el marco en el que la jueza deberá determinar si hubo negligencias penalmente relevantes o si los fallos detectados pertenecen al ámbito administrativo o político. Lo que está claro es que su testimonio será clave para avanzar en una investigación que sigue siendo una de las más sensibles de la legislatura valenciana.