La instrucción de la DANA de octubre de 2024, la catástrofe natural más letal del siglo en España, ha alcanzado hoy su punto de máxima tensión jurídica. La magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha formalizado el primer paso decisivo para la imputación de Carlos Mazón al elevar una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV). Tras más de un año de investigaciones y la comparecencia de medio millar de testigos, la jueza considera que existen indicios sólidos para investigar al expresident por su presunta responsabilidad en las 230 muertes provocadas por el temporal, una decisión que ahora recae en el alto tribunal debido a la condición de aforado del dirigente popular.
El pilar sobre el que se asienta este movimiento judicial es el colapso definitivo del relato oficial mantenido por la Generalitat durante meses. Las recientes declaraciones de los tres escoltas y el chófer de Mazón han resultado demoledoras, revelando contradicciones insalvables en la agenda del expresident aquel 29 de octubre. Mientras el argumentario institucional sostenía que el mandatario estaba operativo en el Palau desde las 17:00 horas, los testimonios de su propio equipo de seguridad sitúan su llegada casi tres horas después, al filo de las 20:00 horas. Este desfase temporal sitúa a Mazón fuera del centro de mando durante el desbordamiento del barranco del Poyo, el epicentro del desastre que anegó municipios como Paiporta y Catarroja.
La reconstrucción de los hechos arroja una luz sombría sobre la gestión de las horas críticas. Mazón permaneció en una comida de casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, una sobremesa que se prolongó mientras la emergencia climática escalaba hacia niveles catastróficos. La investigación judicial subraya que el expresident no se incorporó al Cecopi, el órgano coordinador de la crisis, hasta las 20:28 horas. Para entonces, la alerta masiva a los teléfonos móviles ya se había enviado tarde; una notificación que, según la magistrada Ruiz Tobarra, podría haber salvado numerosas vidas si se hubiera emitido con la antelación necesaria.
Hasta este momento, el foco penal se había mantenido sobre dos cargos de confianza de Mazón: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. Sin embargo, la acumulación de pruebas y testimonios periciales sugiere que la cadena de mando sufrió una parálisis que emanaba directamente de la cúspide. Las declaraciones de los escoltas confirman que Mazón incluso renunció a su protección habitual durante parte de la tarde, lo que le mantuvo en una situación de "desconexión" informativa que la instrucción vincula directamente con la demora fatal en la toma de decisiones.
La decisión de la jueza de Catarroja no solo supone un hito procesal, sino que responde a una demanda social que ha ganado fuerza en las últimas semanas. Las asociaciones de víctimas de la DANA, en sus recientes comparecencias ante Les Corts, han denunciado con vehemencia el aforamiento como un muro que ha impedido una rendición de cuentas rápida y efectiva. Con la causa ahora en manos del TSJCV, la justicia española se enfrenta al reto de determinar si la inacción del máximo responsable autonómico durante las horas clave de la tragedia constituye una negligencia con relevancia penal, marcando un precedente histórico en la responsabilidad de los gobernantes ante emergencias nacionales.