El juez Peinado ha advertido al Gobierno de que cometerá “un delito de desobediencia” si no le envía la gran cantidad de información que le ha requerido. De esta manera, el magistrado se dirige a Presidencia para insistirle en que le remita datos de las agendas y viajes de Begoña Gómez y su asistente, entre otra documentación. De esta manera, Peinado quiere abrir el foco de la investigación para indagar en todos los movimientos que hizo la esposa del presidente del Gobierno, también si tomó parte en reuniones con empresarios para el rescate de Air Europa. Precisamente la pasada semana, José Luis Ábalos, exministro de Transportes, amagó con tirar de la manta al sugerir que Begoña Gómez tomó parte en las gestiones para cerrar una operación estratégica para el Gobierno.
Contrariamente a las pretensiones del juez Peinado, la interventora de la Universidad Complutense de Madrid ha ratificado en el juzgado que Gómez actuó conforme a las normas de la institución educativa al firmar determinados pliegos para la puesta en marcha de un software en el seno de la cátedra que codirigió, informa Efe.
Por su parte, dos integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, citadas para que explicaran las gestiones realizadas para registrar el dominio del citado software, han dicho que la interlocutora con este departamento fue Cristina Álvarez, asesora de Gómez investigada también en la causa, precisan fuentes jurídicas.
El juez Juan Carlos Peinado ya ha tomado declaración a cuatro cargos de la Universidad Complutense solicitados por la defensa de Begoña Gómez, tras descartar a dos a los que esta parte ha renunciado finalmente: la gerente de la Escuela de Gobierno de la Complutense, María José Sánchez, y la directora de esta misma área, Carmen Mitxelena.
Así han declarado la interventora de la institución académica, María Elvira Gutiérrez Vierna, dos integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y la codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad de la Complutense, Zulma Escalante.
La interventora de la Complutense se ha pronunciado en la misma línea que lo hizo cuando compareció hace un año en la Asamblea de Madrid, según indican varias fuentes presentes en la declaración: ha ratificado que Begoña Gómez firmó unos pliegos para la contratación de una plataforma o sotfware relacionada con el máster que codirigía “de acuerdo con las normas”.
Previamente a la interventora han declarado dos integrantes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), llamadas como testigos por el abogado de Begoña Gómez porque “señalaron” a Begoña Gómez “cómo debía registrar” el dominio del software, que según precisó esta parte “nunca fue inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual”.
Fuentes presentes en la declaración han explicado que ambas han dicho ante el juez que esa Oficina no registra dominios de ese tipo y han secundado la versión de la defensa de Gómez, mientras otras fuentes han precisado que las testigos han añadido que Begoña Gómez no llegó a cumplimentar el formulario necesario para llevar a cabo el registro.
Estas fuentes precisan que las testigos han apuntado que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, era la interlocutora para el tema del software con la OTRI, precisando que Álvarez no llevaba temas de agenda. Han descrito que un día una jefa les dijo que iba a ir a la oficina Begoña Gómez, “la mujer de Sánchez”, y así comenzó el trámite.
También ha declarado ante el juez este viernes la codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad en la Universidad Complutense, Zulma Escalante, quien ha confirmado que registró a su nombre el dominio de su máster siendo personal ajeno, como Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado ha avanzado así en dos de las líneas de investigación sobre Begoña Gómez, una de ellas centrada en si cometió un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre el software desarrollado para la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Complutense.