El abogado de Manos Limpias, Carlos Perales, ha renunciado al caso contra Begoña Gómez al considerar que la asociación ultraderechista está utilizando el procedimiento con “fines políticos y mediáticos”, más allá de la lógica jurídica. La noticia ha causado extrañeza en el mundo judicial y político. En el judicial, porque abandonar el barco justo cuando el juez Peinado, instructor de la causa, estrecha el cerco a la esposa del presidente del Gobierno (investigada por cinco delitos en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid), resulta algo inexplicable. Begoña Gómez va a ser juzgada por un jurado popular, según ha decidido Peinado, lo que supone una gran victoria para Manos Limpias. Y en ese contexto de euforia, el abogado se va del pleito. No tiene sentido.
Y en el plano político no se entiende porque viene a confirmar que algo se ha agrietado en Manos Limpias, una organización monolítica que trabaja por y para el derrocamiento del sanchismo y la recuperación de las esencias franquistas. ¿Qué está pasando en ese inframundo nostálgico? ¿Hay una cuestión económica como trasfondo en la relación cliente-abogado, se trata de discrepancias ideológicas entre ambas partes? Lo cierto es que la renuncia de Perales ha suscitado todo tipo de interpretaciones.
A partir de ahora, el juez Peinado deberá valorar si Manos Limpias mantiene la acusación particular con otro abogado o si la causa pierde fuerza. En cualquier caso, el letrado tira la toalla en un momento especialmente revelador, cuando el Gobierno ultima una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para prohibir que los partidos políticos ejerzan la acusación popular en los juicios. El objetivo es evitar la politización de la Justicia y cazas de brujas como la desatada estos días contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo del Tribunal Supremo por organizaciones ultraderechistas convertidas en la guardia pretoriana judicial de Isabel Díaz Ayuso. En los últimos tiempos, los grupos ultras han colonizado los juzgados. Lo hicieron durante el procés, cuando convirtieron aquel juicio en una causa general política contra el independentismo catalán. Y lo han seguido haciendo en múltiples procedimientos en los tribunales desde 2017. La iniciativa busca limitar el uso de esta figura, trasladar la investigación penal a la Fiscalía y evitar denuncias basadas en simples recortes de prensa, pero ha generado fuerte rechazo en la judicatura y en la oposición. El PP quiere seguir controlando la Justicia, eminentemente conservadora.
La renuncia del abogado Perales confirma la percepción de que el caso contra la esposa de Pedro Sánchez se ha convertido en un instrumento político más que en un proceso jurídico. A partir de ahora el Ejecutivo podrá usar esta salida para reforzar su discurso de que existe una “guerra judicial” contra Sánchez y su entorno. Sin duda, el abandono del letrado de la causa debilita el impacto mediático del caso, pues se cuestiona la credibilidad de la acusación popular. Sin embargo, las demás asociaciones franquistas personadas en el sumario seguirán utilizando el caso Begoña Gómez como arma política contra el Gobierno.
Con la baja del abogado de Manos Limpias, el pseudosindicato ultra queda señalado como actor político más que jurídico, lo que puede restarle legitimidad en futuros procesos. Es un contratiempo jurídico y político que daña la imagen de las organizaciones franquistas enfrascadas en el golpe judicial contra Pedro Sánchez. Queda en evidencia la instrumentalización de la justicia y deja a Manos Limpias en una posición comprometida ante Peinado.
El abogado Carlos Perales ha comunicado vía burofax su renuncia a seguir representando a Manos Limpias en la causa que se sigue contra Begoña Gómez al apreciar que las decisiones de esa asociación responden a “fines de naturaleza política”. Perales, abogado de Prico Jurídicos S.L., ha notificado su renuncia al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras remitirla vía burofax a Manos Limpias, organización que formalizó la primera denuncia por la que el juez Peinado comenzó a investigar a la mujer del presidente del Gobierno.
En un escrito, el letrado plantea que el planteamiento de Manos Limpias es “incompatible” con los principios del despacho, dado que se “ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”, informa Efe.
A su juicio, las decisiones estratégicas del procedimiento “ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”. Una confesión en toda regla de que Manos Limpias está utilizando el caso con fines estrictamente políticos.