El juez Peinado ha pedido aclarar la cualificación universitaria de Begoña Gómez. El magistrado ha solicitado un informe para determinar si la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contaba con la preparación necesaria para firmar los pliegos relativos al software de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Esta petición se enmarca en la investigación abierta contra Gómez por presunto intrusismo profesional, una de las múltiples líneas que el juez mantiene activas en el procedimiento. Y lo hace un año y siete meses después de que empezara a investigar el asunto. ¿Por qué ahora ese informe? ¿No vio la oportunidad de indagar antes en esa línea de investigación? Por momentos parece que Peinado sigue dando vueltas al caso en una especie de bucle sin fin que no llega a ninguna parte.
En su providencia, Peinado ordena a la Asociación Española de Abogados del Estado que, “con la mayor urgencia posible”, emita un dictamen sobre las titulaciones y requisitos académicos exigibles para redactar, elaborar o suscribir pliegos de condiciones en procesos de contratación pública de servicios, suministros u obras. El objetivo es esclarecer si Gómez estaba habilitada para firmar los documentos vinculados al desarrollo del citado software, ligado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Complutense.
Numerosos analistas consideran que el juez Juan Carlos Peinado está atrapado en una especie de círculo vicioso con el caso de Begoña Gómez, ya que pese a haber archivado varias líneas de investigación por falta de indicios, sigue abriendo nuevas diligencias que reactivan la causa.
Hace unos días, Peinado archivaba el procedimiento contra Judit González, secretaria general de la Presidencia, al no encontrar pruebas de malversación. La imputación que él mismo había ordenado la despachó en un solo párrafo: “Resulta plenamente acreditado que no ha participado en el delito de malversación”. Ni una sola fundamentación jurídica o fáctica más.
La Audiencia Provincial de Madrid obligó al instructor a unificar las distintas ramas de la investigación en una sola pieza principal, lo que refleja la dispersión inicial de las pesquisas. La instrucción del magistrado ha recibido varios varapalos judiciales, como la anulación de diligencias sobre el rescate de Air Europa por falta de indicios. Se le critica a Peinado la lentitud o parsimonia con la que está instruyendo el expediente. Aunque archiva algunas acusaciones, inmediatamente abre otras, lo que genera la impresión de que la investigación nunca avanza hacia una conclusión definitiva. Esta forma de instruir un procedimiento tiene diversas acepciones como “instrucción errática” (cuando el procedimiento se dispersa en múltiples líneas de investigación sin una dirección clara); instrucción interminable o dilatoria (se refiere a causas que se prolongan excesivamente en el tiempo, con archivos y reaperturas sucesivas); o “causa general” (expresión coloquial no técnica que se emplea cuando la investigación parece abarcar demasiados ámbitos sin un foco definido).
El procedimiento lleva más de un año y ha pasado por múltiples frentes (software de la Complutense, contratos de empresarios, funciones de asesores en Moncloa), sin que se haya consolidado una acusación sólida. La universidad, por su parte, solicitó el pasado octubre personarse como parte perjudicada en la causa, tras considerar que la inscripción del software podría haber ocasionado un daño económico y afectado a sus intereses. El juez había ofrecido previamente esa posibilidad a la institución.
Las supuestas irregularidades en el registro del programa, financiado por varias empresas en el marco de la cátedra, constituyen una de las vías de investigación abiertas por Peinado, cuya instrucción se prolonga desde hace más de un año. Durante este tiempo, el magistrado también ha indagado en otros asuntos, como el rescate de Air Europa (desestimado por la Audiencia de Madrid al no hallar indicios), los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés o las funciones de la secretaria de Gómez en Moncloa, informa La Sexta.
La investigada rechaza haber cometido apropiación indebida y sostiene que fue la propia Complutense la que le indicó cómo debía registrarse el software. Además de por intrusismo y apropiación indebida, Peinado la mantiene bajo investigación por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.