El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido continuar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cinco presuntos delitos, y ha ampliado la investigación a otras tres personas. Además, ha imputado a Judit González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, por un posible delito de malversación de caudales públicos.
En una resolución fechada ayer, el juez rechaza las peticiones de sobreseimiento presentadas por las defensas y la Fiscalía. La causa sigue adelante contra Begoña Gómez; Cristina Álvarez (asesora); Francisco Martín Aguirre (delegado del Gobierno en Madrid); y Juan Carlos Barrabés (empresario).
La secretaria general de Presidencia, Judit González Pedraz, ha sido citada para declarar el 12 de noviembre por su presunta implicación en la contratación de Cristina Álvarez, que habría desempeñado funciones privadas durante su jornada laboral pública.
El juez se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el procés, especialmente en la sentencia del magistrado Manuel Marchena, para justificar que la deslealtad en la gestión de fondos públicos puede constituir malversación, incluso sin perjuicio económico directo. “Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado”, afirma el magistrado.
La sentencia del procés dictó que la malversación se configura como un delito de deslealtad, no necesariamente como una pérdida económica cuantificable. El uso de dinero público para fines no autorizados (como financiar el referéndum del 1 de octubre) constituye malversación, aunque no se demuestre un daño contable. Esta doctrina se ha reafirmado en 2024, cuando el Supremo declaró que la malversación del procés no es amnistiable, al considerar que se actuó con ánimo de desviar fondos públicos para fines ilegales. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados por malversación, entre otros delitos. El Supremo ha mantenido las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, al considerar que la malversación no puede ser amnistiada.
Juicio con jurado
Peinado mantiene que los delitos investigados están conectados, lo que permite acumularlos en un procedimiento de jurado. Para justificar esta acumulación, cita un auto del caso Pujol.
El magistrado insiste en que el origen de los hechos está vinculado a la relación de Gómez con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el juez, ese parentesco habría sido clave para facilitar las conductas investigadas. “Sin ese vínculo, con el actual presidente del Gobierno, difícilmente, podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente” como delitos, añade.
Lawfare
El presidente del Gobierno ha denunciado públicamente que en los casos que afectan a su familia hay “jueces haciendo política”. No obstante, el juez Peinado ha rechazado citarlo como testigo, argumentando que sería “inútil” dado que Sánchez ya se acogió a su derecho a no declarar. Aunque deja abierta la posibilidad de que pueda cambiar de opinión.