El juez Peinado sabe que se ha metido en un charco de difícil salida: el caso Begoña Gómez. El caso con el que esperaba ser encumbrado al Olimpo judicial solo le ha traído quebraderos de cabeza, horas de trabajo perdido y las críticas de prestigiosos juristas, que le han afeado cada error en el que iba incurriendo a lo largo de la instrucción. Ahora, cuando ya lo ha dejado todo preparado para que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada ante un jurado popular por cinco delitos en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación), Peinado ha decidido que sea la UCO la que termine de atar los cabos que le quedan sueltos en su polémica investigación.
Así, según publica El Periódico, “la Fiscalía Provincial de Madrid ha censurado al juez de Madrid por confiar en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la acusación contra los investigados en el procedimiento”. El Ministerio Público afea al instructor que “en nuestra opinión no cabe delegar ciertas actuaciones, como la que nos ocupa, y menos aún las conclusiones que se alcancen; extremo que se agrava cuando no existe la necesaria motivación en relación a las sucesivas decisiones que se vienen adoptando en la instrucción de la causa”, añade un recurso de 30 de septiembre de 2025 firmado por el fiscal José Manuel San Baldomero.
En este sentido, según el citado medio, el Ministerio Fiscal advierte contra “la encomienda de informes genérica y con evidente vaguedad”, una situación que califica de “extraña y excesiva”, siempre según el representante de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. De este escrito de Fiscalía podría deducirse, según algunas fuentes judiciales, que el juez Peinado está metiendo en un lío a la UCO al pasarle la patata caliente al cuerpo de élite de la Guardia Civil, una especie de misión imposible: hallar pruebas contra Begoña Gómez donde no las hay.
El fiscal hace estas críticas a Peinado, según El Periódico, en el seno de un recurso de apelación que interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que rechazaba la decisión del magistrado de encargar a la UCO “un dictamen pericial” sobre los correos electrónicos que había reclamado al Instituto de Empresa, pero que todavía no habían sido aportados al juzgado. “Una decisión de Peinado, prosigue el representante del Ministerio Fiscal en el caso Begoña Gómez, errónea a priori, cuando se desconoce el contenido”. “Si se trata de documentos, la lectura y análisis de los mismos corresponderá a las partes, no apreciando en qué es preciso un informe policial inicial sobre unos documentos”, advierte el fiscal. “San Baldomero, que ha mantenido en todo momento opiniones contrarias a las de Peinado, completaba que sin conocer el contenido los mensajes no era posible precisar sobre qué extremos debe versar el informe policial”, cita El Periódico.
Y una prueba de estas diferencias insalvables entre San Baldomero y Peinado se encuentra en otro escrito, este de 25 de septiembre, en el que el fiscal, para “no causar indefensión a ninguna de las partes y en aras al principio de igualdad de armas”, devolvió en el juzgado el “USB en el que se grabaron” otros correos electrónicos, estos del exvicerrector de Planificación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio Villarejo, “dejando constancia de que no se ha procedido a la copia en ningún otro formato”.
Correos electrónicos
El fiscal tomó esta decisión al constatar que era la única parte que disponía de los correos del exvicerrector, pues el resto tendrían acceso a los mensajes “una vez eliminados los que tengan contenido personal que deba ser protegido para garantizar el derecho a la imagen de las partes”. San Baldomero explica, en este sentido, que los correos electrónicos eran citados en el auto de 23 de septiembre de 2025 por el instructor “como elemento indiciario, y para justificar la transformación a procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Si la recepción de los correos se ha producido el 16 de septiembre, se han incorporado a las actuaciones, y ha sido valorada dicha aportación por el instructor y considerada como elemento incriminatorio de verosimilitud y ha operado en favor de la transformación, entendemos que todas las partes debemos tener conocimiento de los mismos, pudiendo provocarse indefensión a las partes personadas”, concluye el escrito.
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril, su investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas.
Unas diligencias que “difícilmente” podían ser cumplimentadas antes del 16 de octubre, día en el que vencía el plazo de instrucción, razón por la que el titular del Juzgado de Instrucción 41 acordó extender sus pesquisas seis meses más, hasta el 16 de abril de 2025.