La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado posibles irregularidades en contratos millonarios adjudicados por la empresa pública Red.es al compañero de cátedra de Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el caso. “Se vulnera la ley de contratos del sector público”, concluye el expediente. De esta manera, el caso instruido por el juez Peinado parece entrar en una nueva dimensión, como si el magistrado hubiese encontrado la prueba letal contra la primera dama. Si Hacienda ha hallado irregularidades en los contratos con la Universidad Complutense es que algo hay, es que Gómez es culpable y Moncloa influyó en la contratación de su esposa. Hubo tráfico de influencias. Esa es la idea fuerza que a esta hora propalan los medios de la caverna. Sin embargo, puede ser que no todo sea tan oscuro, ni tan turbio, ni tan ilegal como aparentemente parece.
La periodista Esther Palomera puso el acento, anoche en Hora25 de la Cadena Ser, en un dato sobre los contratos adjudicados a Barrabés que no se puede perder de vista: “Si el criterio fue irregular, está instaurado desde 2011, con lo cual, tendríamos que concluir que más de 1.600 contratos de Red.es han sido irregulares”. Y es cierto. En la organización del máster de Begoña Gómez no se hizo nada diferente a la práctica habitual de los miles de contratos que se firman cada día en este país.
Desde Red.es ya han recordado que, como organismo público, está fiscalizado por la IGAE, la Comisión Europea, Tribunal de Cuentas europeo y la Dirección General del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), habiéndose sometido a más de 30 auditorías entre 2011 y 2023, todas con resultados “favorables”. Sobre las normas de contratación, han insistido en que llevan en vigor desde 2011, habiéndose aplicado en más de 1.500 expedientes.
Palomera argumentó que estas nuevas sospechas sobre Begoña Gómez son “difícil de explicar”, puesto que tres informes anteriores, incluso uno de la UCO, no detectaron irregularidades, al igual que tampoco lo hicieron las auditorías llevadas a cabo tanto por organismos públicos como privados. Que los agentes de la Guardia Civil no viesen nada extraño resulta difícil de creer, ya que hablamos de investigadores avezados en casos de corrupción y tramas financieras mucho más complejas y complicadas de desentrañar que la organización de un simple máster.
También la Fiscalía va en esa misma línea. El Ministerio Público ha reafirmado su rechazo a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar por malversación a Begoña Gómez. Es decir, no hubo delito. “Cuando hablamos repetida e incisivamente de negocios privados (...) no parecemos ser siempre conscientes, o lo olvidamos, de qué magnitudes estamos hablando”, afirma el fiscal asignado al caso, según elDiario.es.
El fiscal cifra en 40.000 euros el dinero que Begoña Gómez cobró en una década de la Universidad Complutense, entre 2012 y 2022. De ellos, 8.123 los percibió en los años previos a que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno, en 2018. “No parece que el lucro sea sospechoso, ni disparatado, ni que la actividad de la Complutense pueda calificarse de negocios particulares”, sostiene el fiscal tras analizar las remuneraciones que recibió Begoña Gómez en ese período.
La esposa de Sánchez empezó a trabajar en ese campus en 2012, seis años antes de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/13 y 2013/14; y, después, como codirectora de dos másteres propios, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014-2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022). Cobró, por ello, 40.000 euros, de “los que 8.123 los percibió antes de 2018, cuando Pedro Sánchez no había alcanzado la Presidencia del Gobierno, según la información que consta en la causa y a la que hace referencia el fiscal. Al no ser funcionaria, el límite anual que podía cobrar también está tasado”, añade el citado medio.
Por otro lado, Begoña Gómez fue nombrada en 2020 directora de la cátedra para la Transformación Social Competitiva, que es la actividad de la que derivan parte de las investigaciones del juez Peinado. La esposa de Sánchez nunca cobró por la codirección de esa cátedra. “No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad. En su escrito, el fiscal afirma que, por la cátedra, la remuneración fue de un total de 0 euros”, añade elDiario.es. Explica, además, que las cátedras extraordinarias tienen como objeto la captación de recursos privados para la universidad, que es la tarea a la que se dedicaba Begoña Gómez. Y recuerda que ella era una “colaboradora habitual” de la Complutense cuando pasó a codirigir esta cátedra.