El juez Juan Carlos Peinado tendría que haber sido investigado hace ya tiempo por toda la polémica que ha rodeado a su instrucción sobre el caso Begoña Gómez. “Le han tumbado un secreto de sumario, le han tumbado dos imputaciones, le han anulado un registro, le han limitado la investigación en tres ocasiones y le han tumbado la imputación a un ministro de España”, ha asegurado la periodista Silvia Intxaurrondo en un análisis certero del caso. Hay motivos más que suficientes para que una instancia superior analice las decisiones que está tomando el magistrado, quien en uno de sus escritos llegó a dar por muerta a Begoña Gómez en un lamentable error de transcripción. Sin embargo, ese expediente informativo que debería concluido hace ya tiempo el Consejo General del Poder Judicial duerme el sueño de los justos desde hace más de cuatro meses. Lo cual no deja de extrañar tratándose de un caso político que ha levantado una inusitada expectación en la opinión pública y que está ocasionando una elevada tensión y crispación en la vida política de este país.
Es cierto que el Poder Judicial tiene abierto un voluminoso dosier sobre el controvertido magistrado, y no solo por el caso Begoña, también por otros asuntos que se han cerrado en falso en su juzgado, el de Instrucción Número 41 de Plaza Castilla (Madrid), por diferentes motivos entre los que se encuentra el error judicial. No obstante, ese expediente sigue metido en un cajón. ¿Cuánto tiempo necesita un instructor o tribunal del CGPJ para determinar si un juez se ha excedido en sus funciones? Al progresista Baltasar Garzón lo despacharon más pronto que tarde, como suele decirse, por unas escuchas telefónicas a los implicados del PP en la trama Gürtel (también por querer investigar los crímenes del franquismo). Pero por lo visto los tiempos van más lentos cuando se trata de fiscalizar la labor de un juez conservador.
“Peinado podría despedirse de la judicatura con los deshonores que implicarían unas hipotéticas sanciones si el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considerara que ha cometido infracciones graves”, asegura el diario Público. De momento, todo apunta a que ocurrirá precisamente lo contrario. Es más que probable que Peinado salga airoso o absuelto de su obsesiva persecución a la esposa del presidente del Gobierno.
Según el citado medio, las diligencias informativas contra Peinado tienen que ver con cuatro quejas que le llegaron entre el 4 de junio y el 16 de julio pasado en relación a dos asuntos judiciales: la instrucción de la causa contra Begoña Gómez y el procedimiento archivado por presunta malversación contra un alto cargo del equipo del alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez -Almeida. Va ya para cuatro meses y nada se sabe sobre ese expediente y, si bien es cierto que hubo un mes inhábil de vacaciones por medio, por momentos cunde la sensación de que la cúpula de la judicatura no quiere ponerle el cascabel a ese gato o al menos está retransando la toma de decisiones para darle tiempo a Peinado y que pueda finalizar su instrucción, al menos la que tiene que ver con la presunta malversación de caudales públicos contra Gómez (la primera que ha impulsado efectivamente anunciando la posibilidad de un juicio con jurado tras dos años de difusas acusaciones por diversos delitos contra la primera dama sin reunir pruebas suficientes ni llegar a nada concreto).
Dos de las quejas interpuestas contra el titular del 41 proceden del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el marco de su declaración como testigo en la causa de Begoña Gómez y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo. Las otras dos están firmadas por la portavoz del grupo municipal Más Madrid, Rita Maestre, y el diputado del PSOE por Madrid Guillermo Hita, ante lo que consideran un error de Peinado que ha favorecido el archivo de una causa contra el ayuntamiento de la capital. Este parlamentario socialista urge al CGPJ a resolver este asunto “cuanto antes”, añade Público.
Una de las supuestas irregularidades que están encima de la mesa es el polémico interrogatorio que el juez llevó a cabo el pasado 16 de abril al ministro Félix Bolaños en un despacho del Palacio de la Moncloa. El magistrado montó un extraño número circense cuando exigió que le llevaran una tarima de madera para estar por encima del testigo. Además, sometió al testigo a un cuestionario duro e inquisitivo (y por momentos algo humillante) para tratar de pillarlo en algún renuncio que probara que fue él quien ordenó la contratación de la asesora Cristina Álvarez para llevarle la agenda de sus actividades privadas a la mujer de Sánchez, lo que Peinado considera un grave delito de malversación pese a que no existe una sola ley que determine cuáles son las funciones y atribuciones de la esposa de un presidente del Gobierno. A este respecto, el juez José Castro, que sentó en el banquillo a la infanta Cristina por el caso Nóos, lo tiene claro: “Yo no veo el delito de malversacion”. Finalmente, Peinado no pudo cazar en nada ilegal a Bolaños y los órganos judiciales superiores le dieron un nuevo tirón de orejas (ya van unos cuantos) al ordenarle que se olvidara de la imputación del ministro.
Bolaños interpuso la primera de sus quejas en el CGPJ el 4 de junio y la segunda, el 29 de julio. En ellas informaba sobre las posibles “irregularidades” cometidas por el juez Peinado y pedía que el órgano disciplinario de los jueces “depure las responsabilidades que se puedan derivar de las irregularidades”. Se refiere el titular de Justicia a los reproches del juez durante el interrogatorio, que incluso le espetó: “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, añade Público.
En ese contexto, todas las miradas apuntan hacia un hombre: Ricardo González Conde Díez. Según El Plural, “este magistrado, convertido desde hace años en el gran inquisidor de la carrera judicial, es el responsable de decidir qué ocurre con los expedientes que pesan sobre el juez Juan Carlos Peinado, cuyas últimas actuaciones han provocado quejas formales desde el Gobierno y el PSOE”. González Conde Díez es un hombre próximo al Partido Popular. Ingresó en la judicatura en 1990, con destino inicial en Juzgados de Extremadura, Cataluña y Madrid. “Sin embargo, su perfil despegó con los gobiernos del PP de José María Aznar, cuando pasó a ejercer funciones en el Ministerio de Justicia y fue asesor directo de Carlos Lesmes, entonces alto cargo del departamento”.