El juez Peinado va camino de sentar en el banquillo, ante un jurado popular, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Y lo hace por malversación al acusar a la primera dama de haber contratado a una asesora de Moncloa para llevarle su agenda profesional privada. En realidad, va a procesarla simple y llanamente porque la asistente monclovita ayudó a la pareja del líder socialista a enviar una serie de correos electrónicos a la Universidad Complutense de Madrid, donde dirigía un máster de posgrado. Ese es todo el terrible delito. Esa es toda la supuesta prueba de cargo del instructor para demostrar que hubo malversación de fondos públicos, algo más que cuestionable, ya que ni se ha probado el daño a las arcas públicas ni existe un estatuto jurídico que regule y delimite las funciones y atribuciones legales de la figura del consorte del presidente (ya sea hombre o mujer).
Nos encontramos, por tanto, ante un vacío legal, ya que no hay un marco legal que diga lo que puede y lo que no puede hacer la esposa del jefe de Gobierno en su relación con una asesora oficial. De hecho, todas las mujeres de todos los presidentes de la democracia, desde Suárez hasta Rajoy, se han servido de un colaborador o asistente personal para ayudarle con la agenda (la pública y la privada). Recuérdese cómo el actual diputado del PP, Jaime de los Santos, realizaba ese tipo de trabajos y tareas del día a día para Elvira 'Viri' Fernández, esposa del propio Mariano Rajoy, tal como recuerda elDiario.es.
Sin embargo, lo que hasta hoy era “la normalidad” institucional, el funcionamiento cotidiano del personal del Palacio de la Moncloa, para el juez Peinado es un gravísimo delito de malversación. O lo que es lo mismo, lo que para la mujer de un presidente del Partido Popular era algo habitual y aceptado, para la esposa de un dirigente socialista es una conducta reprobable, punible y objeto de un procedimiento penal. Una vez más, nos encontramos ante el “yugo del señorito”, una práctica vigente en España desde tiempos inmemoriales. La derecha pueda disponer de las cosas del poder como mejor le venga en gana, a placer y con total impunidad; a la izquierda se la persigue porque el señorito no consiente que el lacayo disfrute de sus mismos privilegios. No hemos salido del caciquismo del cortijo, pero volvamos al tema judicial.
Pese a que el delito de malversación está cogido con palitos y cañas, por los pelos como suele decirse, el juez Peinado ha decidido cruzar el Rubicón y dar el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a la investigada. Y lo hace poniéndola ante un jurado popular. Sabe bien el polémico magistrado que más de la mitad de la población madrileña vota a PP o a Vox, de modo que por ahí le ha metido el primer gol a Pedro Sánchez. Si viviésemos en Estados Unidos, Begoña Gómez ya podría darse por sentada, no en el banquillo de los acusados, sino en el banquillo de la silla eléctrica. O sea que la primera dama socialista no tiene ni una sola posibilidad de salir absuelta.
Pero más allá de que un jurado popular probablemente teñido de ideología política vaya a ser quien juzgue a la esposa de un cargo público a quien en Madrid se odia visceralmente, cabe hacer varias consideraciones. La primera de ellas es el momento crítico que ha elegido el juez instructor para hacer público su auto (un auto que, por cierto, también resulta algo esotérico y singular, puesto que se anuncia el juicio con jurado antes de anunciar el procesamiento mismo de la imputada, lo cual es señalado por prestigiosos juristas como una nueva irregularidad en un caso rebosante de distorsiones jurídicas). Peinado decide hacer público su resolución apenas unas horas después de conocerse que Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, va a ser juzgado por sus supuestos fraudes fiscales, y coincidiendo con el procesamiento de David Sánchez, hermano del líder socialista, por haber sido beneficiado por la adjudicación de una plaza como director musical. Si esto no es una guerra judicial entre los dos grandes partidos, si esto no es una batalla política trasladada del Parlamento a los tribunales, se parece bastante. Resulta difícil no hablar de lawfare cuando las familias de PSOE y PP se atizan y se navajean a conciencia en los pasillos de nuestra maltrecha Administración de Justicia. El propio Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete del Gobierno madrileño y hábil ventrílocuo que mueve el muñeco de madera ayusista, se ha apresurado a hablar de lawfare al denunciar que la jueza encargada de poner en su sitio al tal Amador por sus problemas con Hacienda ha prevaricado. “Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo en Sánchez es corrupto”, tuiteó el Rasputín ayusista quedándose a gusto. Casi al mismo tiempo, el jefe Feijóo trataba de convencernos a todos los españoles de que aquí no hay lawfare, de que es preciso respetar las decisiones de los jueces libres e independientes de este país y de que es muy grave acusar a sus señorías de politizados fachas con toga, tal como hace el sanchismo a todas horas. Maravillosa cínica incongruencia, que roza la esquizofrenia, la de los prebostes del Partido Popular.
En segundo lugar, cabe preguntarse qué nuevas pruebas (más allá de cuatro correos electrónico enviados por la asesora de Gómez a la universidad) ha apreciado el juez Peinado para que le hayan entrado las prisas a la hora de preparar la apertura de juicio oral con jurado. Y la respuesta no puede ser otra que este extraño sumario (abierto por la extrema derecha con bulos y meros recortes de prensa, algo prohibido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo) le quema ya al magistrado como una patata caliente entre las manos. Tras dos años de instrucción, de idas y venidas, de recursos y dilaciones, de correcciones de la Audiencia Provincial de Madrid, de citaciones de testigos que no pintaban nada en el caso y de decisiones más que cuestionables jurídicamente, Peinado no ha logrado reunir material probatorio contundente contra la esposa del presidente del Gobierno. Esa es la única verdad. Nada que pruebe el tráfico de influencias en la organización del máster universitario; nada que acredite que Gómez se apropió de un software para su cátedra; nada que certifique que cometió intrusismo profesional. Nada de mediaciones prohibidas para el rescate de la aerolínea Air Europa y por supuesto nada que revele un incremento patrimonial injustificado en las cuentas de la esposa de Sánchez. “Yo no veo los indicios”, asegura el exjuez Baltasar Garzón a propósito de este procedimiento disparatado. A estas alturas, y pasado el delirio ultra que ha tratado de deshumanizar a la familia de Moncloa, no los ve ni el mismo Peinado, al que ya solo le queda lavarse las manos y entregar los despojos de la roja sanchista convenientemente linchada para que una parte del pueblo (quizá ya fanatizado) la juzgue. Esa será la segunda parte de un circo tan siniestro como macabro.