Mientras el país lidia con retos estructurales que exigen altura de miras, las derechas persisten en convertir el barro en doctrina. El último episodio ha sido protagonizado por el PP, que volvió a agitar el fantasma de un supuesto conflicto de interés en el rescate público a Air Europa. La Oficina de Conflictos de Intereses ha zanjado el asunto con una resolución clara: Pedro Sánchez no tenía obligación de abstenerse porque no existía vínculo alguno entre Begoña Gómez y la aerolínea en el momento de los hechos.
Una denuncia sin cuerpo ni contexto
Desde 2020, el rescate a Air Europa —como parte del escudo económico desplegado durante la pandemia para sostener sectores estratégicos— ha sido presentado de forma recurrente por la oposición como una supuesta cesión al interés privado. En esta ocasión, la ofensiva del PP se ha apoyado en la relación indirecta entre Wakalua, una filial de Globalia, y una iniciativa académica impulsada por Begoña Gómez en el Instituto de Empresa, forzando una narrativa artificial de conflicto.
Lo que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) ha confirmado por segunda vez, en una resolución emitida pocos días después del requerimiento judicial, es que esa conexión no tiene entidad jurídica ni administrativa para justificar la abstención del presidente del Gobierno en la decisión colegiada del Consejo de Ministros que aprobó la ayuda a la aerolínea. La propia Secretaría General de la Presidencia ya había certificado que no existía vínculo profesional ni contractual entre Gómez y la compañía rescatada.
A pesar de ello, el Partido Popular ha tratado de presentar como sospechosa la rapidez con la que la OCI ha respondido. Una velocidad que, por otro lado, contrasta con las habituales quejas de la oposición por la lentitud de la Administración en otras materias. Resulta llamativo que lo que se exige en público como eficiencia se critique en privado cuando no sirve a fines partidistas.
Judicializar para desgastar, la otra estrategia
El problema no es solo la denuncia en sí —rechazada por carencia de fundamento—, sino la normalización de una estrategia que busca convertir la sospecha en arma de desgaste y los procedimientos en espectáculo. La derecha española hace tiempo que convirtió la judicialización de la política en herramienta central de su oposición. En lugar de aportar propuestas para afrontar los grandes retos del país, ha optado por el atajo de la sospecha constante, con el respaldo de una red mediática dispuesta a amplificar cualquier insinuación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que acudió el PP, no declaró culpabilidad alguna, sino que se limitó a requerir un pronunciamiento formal de la OCI, ya emitido previamente pero sin los detalles exigidos. Es decir, lo que se ha producido no es una reapertura del caso, sino una respuesta administrativa complementaria a una denuncia que, jurídicamente, ya estaba agotada.
En lugar de asumir este hecho, el PP ha preferido seguir alimentando el fuego. Llama la atención que las críticas se centren en la dependencia administrativa de la Oficina de Conflictos de Intereses respecto a un ministerio del propio Gobierno, cuando lo mismo sucede con numerosos órganos que actúan con autonomía técnica pese a su encaje institucional. La independencia no se mide por afinidades políticas presumidas, sino por la solidez jurídica de sus argumentos, y la resolución del caso ha desmontado, punto por punto, todas las acusaciones lanzadas.
Mientras se reitera una y otra vez que los hechos no sustentan la acusación, algunos insisten en mantener viva la sospecha, confiando en que el desgaste mediático supla la falta de base jurídica. Pero el derecho no se construye con titulares ni con filtraciones.