El juez Peinado se ha querellado por daño al honor contra un exvicepresidente del Gobierno de Sánchez y contra Ernesto Ekaizer, un veterano periodista enrolado hoy en la patrulla antifa de TVE, o sea en la brigada de malas lenguas de Jesús Cintora. Resulta significativo que, entre toda la disidencia crítica con la instrucción del caso Begoña Gómez, entre toda la resistencia ciudadana formada por profesionales de la información, tertulianos, analistas y expertos en Derecho, Peinado haya elegido precisamente esos dos objetivos para dar comienzo a su cruzada contra la libertad de expresión y de prensa. No se ha querellado contra el beligerante catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo, ni contra el metódico magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, ni contra el mediático Joaquim Bosch (exportavoz de Jueces para la Democracia), todos ellos disconformes con el procedimiento emprendido por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Se dirige contra el gran símbolo y tótem de la izquierda española y contra un periodista progre al que le quedan cuatro días en el convento y ya no se corta un pelo en la recta final de su carrera. Nada de lo que rodea al caso Begoña es casual, gratuito o baladí.
Serán los jueces de instancias superiores del CGPJ los que determinarán si la instrucción contra la esposa del Gobierno por cinco delitos –malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, ninguno de ellos probado hasta la fecha tras dos años de instrucción– se ha ajustado a Derecho o ha incurrido en alguna irregularidad o abuso judicial contra los imputados. Pero hay razones más que suficientes para pensar que este proceso ha adolecido, desde el principio, de preocupantes tintes políticos. No vamos a entrar aquí ahora en los numeritos que ha montado su señoría en todo este tiempo de convulsa instrucción, como cuando dio trámite a denuncias contra la primera dama basadas en bulos y simples recortes de prensa de grupos ultraderechistas; como cuando decidió tomar la Moncloa (como si se tratara del registro domiciliario en la casa de una banda de narcotraficantes) para interrogar al mismísimo presidente de la nación y al ministro Bolaños (en el caso de este último exigió que le llevaran una tarima de madera para escenificar su posición de superioridad sobre el Gobierno bolivariano, rojo y masón); o cuando, cada vez que se producía un acontecimiento político histórico de relevancia como unas elecciones, o un duro revés contra el PP, o una mala noticia sobre los delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, él emitía uno de sus autos de urgencia contra el Gobierno de coalición, quizá para contrarrestar o amortiguar el golpe contra la derecha. Si el caso Begoña no ha estado atravesado por la política desde el principio, lo parecía bastante. Por momentos daba la sensación de que el sumario, a falta de indicios sólidos de grave corrupción –hasta la fecha no se ha encontrado un enriquecimiento ilícito en el patrimonio de la esposa del presidente del Gobierno, ni dinero negro, comisiones o mordidas, ni cuentas ocultas en paraísos fiscales–, había sido meticulosamente diseñado por la extrema derecha de este país para derrocar el sanchismo o erosionarlo gravemente.
Ahora al juez más duro al oeste del Manzanares (en varias ocasiones la Audiencia Provincial de Madrid y hasta el Supremo han tenido que corregir sus formas atrabiliarias al límite del reglamento, como cuando le explicaron que “la verdad no se puede conseguir a cualquier precio”) no le ha gustado que Iglesias le llame “prevaricador”. Y lo ha desafiado en un duelo al sol cuerpo a cuerpo y cara a cara poniéndole una querella. De todas las muchas personas que en este país no están de acuerdo con su investigación sobre el famoso cursillito universitario de la Gómez –que para muchos expertos es una menudencia, cuando no una auténtica tontería o gilipollez de caso en comparación con las actividades del crimen organizado, de la mafia política que se lo está llevando crudo y de las élites financieras que evaden miles de millones de euros cada día–, Peinado ha ido a elegir, oh casualidad, a Pablo Iglesias. ¿Manía persecutoria, intolerancia visceral con el personaje o inquina personal contra quien fue el gran líder de un movimiento social revolucionario como el de los indignados cristalizado en el partido Podemos? O quizá, a fin de cuentas, esta querella no sea sino un capítulo más de la orden dada por Aznar, aquello de “el que pueda hacer que haga” contra el enemigo marxista, masón y traidor. Nos lo sigue poniendo muy difícil su señoría para no ver una cruzada política en todo este carajal que ha montado en los juzgados de Plaza Castilla.
En cuanto a lo de sentar en el banquillo al viejo Ekaizer, un honrado obrero de la pluma, poco más que decir. Que un juez se dedique a reprimir a periodistas en los tribunales, como un censor de otros tiempos, como un nuevo heraldo de la mordaza, lo dice todo sobre el talante de un personaje que, a tenor de la comprensión y condescendencia que demuestra con los sindicatos fascistas, está dando serias muestras de alergia a la democracia.
De momento, Iglesias no se ha amilanado ante el querellazo de Peinado y, lejos de retractarse, insiste en que el juez “trabaja para derrocar al Gobierno”, como otros muchos magistrados conservadores que “hacen política” en este país. Tras el primer asalto de un combate que promete ser apasionante, el exministro morado ha vuelto a obtener la mejor nota como candidato a profesor de la Complutense para el caso de que haya una vacante. Ya lo vemos otra vez subido a la mesa ante sus alumnos, como el Lenin español empeñado en resucitar la idea de un cambio de régimen a la soviética. Hay que pararle los pies como sea, aunque sea investigándole hasta las notas del parvulario. En esas está Peinado.