El juez Peinado alarga el caso Begoña Gómez hasta 2026, año electoral definitivo para el PP

El magistrado prorroga seis meses más la instrucción, que coincidirá con los comicios en Castilla y León y Andalucía

14 de Octubre de 2025
Actualizado a las 14:19h
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El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, en una imagen de archivo. Foto: La Sexta
El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, en una imagen de archivo. Foto: La Sexta

El Poder Judicial ha dado luz verde al juez Peinado para que termine “el trabajo” con la esposa de Pedro Sánchez. Así se desprende si tenemos en cuenta que el expediente informativo del CGPJ que debe determinar si el instructor se ha extralimitado en sus funciones sigue durmiendo el sueño de los justos desde su apertura el pasado verano. En una de sus últimas decisiones, Peinado ha acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril, su investigación por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas. Estamos, sin duda, ante la historia interminable, parafraseando aquella célebre novela de Michael Ende. El caso Begoña no tiene un final, no termina nunca.

En realidad, toda la causa está más que instruida desde hace meses. Y, hasta donde se sabe, no existen pruebas concluyentes de que la mujer del presidente o Moncloa hayan cometido delitos de tráfico de influencias en la organización del máster para la Universidad Complutense de Madrid. Cuesta trabajo creer que Peinado pueda seguir exprimiendo un dosier que, visto lo visto, no da para más. La propia Audiencia Provincial ha afeado al juez en varias ocasiones una instrucción cogida por los pelos y con graves errores de forma y de fondo, procesales y sustanciales.

Por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid han pasado todos los protagonistas de la historia (más alguno que otro que no tenía nada que ver con el tema, como el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, exculpado por el Tribunal Supremo en otro serio varapalo a Peinado). Y nada. Ni un solo indicio letal que permita afirmar que nos encontramos ante un delito de corrupción. No hay cuentas corrientes ocultas, ni paraísos fiscales, ni caja B. Tampoco un incremento patrimonial significativo de la esposa del presidente, que organizó el curso cobrando menos del salario mínimo interprofesional.

Sin embargo, Peinado insiste en mantener vivo el procedimiento pese a que la Fiscalía le ha pedido que lo cierre porque todo el sumario está montado alrededor de una gigantesca patraña instigada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. ¿Por qué? Desde diferentes ámbitos mediáticos y periodísticos se ha lanzado la idea de que el sumario no solo tiene por objetivo llegar al fondo de la verdad, sino también alargar el culebrón, “estirar el chicle” o “chorizo”, como se dice vulgarmente, para que el caso siga dando titulares en 2026, un año electoral decisivo en el que el PP se jugará el poder regional en algunas comunidades autónomas como Castilla y León (donde Mañueco tiene un grave problema de gobernabilidad tras la oleada de incendios) y Andalucía (donde Moreno Bonilla se enfrenta a una monumental crisis sanitaria con el escándalo de los cribados y mamografías para la detección del cáncer). La Justicia lenta no es Justicia, como tampoco lo es cuando un juicio se dilata más de lo debido o interfiere en procesos políticos. La obligación de un juez es cerrar su instrucción en el menor tiempo posible. Pero el caso Begoña promete eternizarse “ad eternum”.

El último escrito del juez Peinado asegura que las diligencias que prevé acometer el magistrado “difícilmente pueden ser cumplimentadas” antes de este jueves 16 de octubre, día en el que vence el plazo de instrucción, razón por la que el titular del Juzgado de Instrucción 41 ha acordado extender sus pesquisas seis meses más, hasta el 16 de abril. Llama la atención que Peinado haya abierto juicio con jurado contra Begoña Gómez y otros (en teoría el punto final de un proceso) mientras sigue buscando pruebas obsesivamente. ¿Acaso no lo tiene claro todavía? ¿Es que necesita más material probatorio porque con lo que hay no es suficiente?

Ese día, el 16, se cumplirán dos años de una causa que nació tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y que, en este tiempo, ha sumado más delitos contra Gómez (intrusismo, apropiación indebida, corrupción en los negocios y malversación), además de más imputados: su asesora, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, informa Efe.

Entre las diligencias pendientes, según explica Peinado en su auto, figuran un informe de la UCO sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid sobre el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez en relación con otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias. Una prueba que a estas alturas se antoja innecesaria, primero porque el juez nunca consideró oportuno analizar esos convenios y después porque la UCO ya ha dicho, en diferentes informes periciales, que no ve indicios de delito en la conducta de la esposa del líder socialista.

También ha pedido el magistrado a la Escuela de Gobierno de la Universidad y a Amazon que remitan los correos asociados a los dominios del máster, y a Presidencia del Gobierno que informe de las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de Presidencia desde julio de 2018. Quiere saber Peinado quiénes han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones de Cristina Álvarez y los correos desde la cuenta asignada a Begoña Gómez. Más paja procesal que alargará el procedimiento y que sin duda se desvía del objeto de la causa, ya que es más que probable que estas indagatorias no sirvan para determinar si Moncloa influyó o traficó con influencias en la Universidad a la hora de organizar el máster.

Además, el juez recuerda que aún debe resolver sobre las peticiones de diligencia o de archivo formuladas en las vistas celebradas las últimas semanas para concretar la imputación de los investigados después de determinar que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado popular quienes les juzgue.

En su auto, Peinado toma nota de la última corrección de la causa efectuada por la Audiencia Provincial de Madrid, que hace unos días determinó que no podía seguir investigando por presunta malversación a Begoña Gómez y a su asesora en una pieza separada, sino que debía llevar esa parte de la investigación dentro del procedimiento principal. El proceso más kafkiano y polémico de la historia de la democracia sigue su curso. Show must go on.

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