La Justicia ha corregido en numerosas ocasiones al juez Peinado por su polémica investigación por cinco delitos contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La última, esta misma semana, ha sido la decisión del magistrado de intentar dividir el caso en varias piezas separadas, incluyendo una sobre presunta malversación relacionada con la asesora de Begoña Gómez. El tribunal consideró que esa decisión fue “prematura e inmotivada”, y ordenó que todos los delitos investigados (tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, intrusismo y corrupción en los negocios) se mantengan como hasta ahora en una sola causa.
Aunque esta corrección no implica que el juez Peinado vaya a ser apartado del caso por una enésima decisión más que discutible, sí representa un toque de atención sobre su instrucción. La Audiencia Provincial ha permitido que Peinado continúe con las dilgencias, pero bajo ciertas condiciones y dentro de un mismo procedimiento. Entre otras cosas porque viene a decirle que el delito de tráfico de influencias y el de malversación pueden estar conectados, y no se entiende el uno sin el otro. Tratar de crear dos causas paralelas, dos juicios con jurado, era un serio error judicial, una irregularidad según la ley vigente. Y la Audiencia le ha parado los pies antes de que Peinado patinara gravemente.
Cabe preguntarse qué puede pasar si el titular del Juzgado Número 41 de Madrid sigue incurriendo en disparates jurídicos propios de un estudiante de primero de Derecho. Si vuelve a tomar decisiones controvertidas o sin suficiente motivación jurídica, podría aumentar la presión para que se revise su papel en el caso. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente informativo para aclarar qué demonios está pasando en ese juzgado, sobre el que planea la sombra de la politización (todo comenzó con una denuncia de un sindicato de extrema derecha basada en noticias falsas y bulos). Hasta la fecha, ese expediente sigue durmiendo el sueño de los justos, quizá porque el sector conservador de la judicatura espera a ver qué pasa con Begoña Gómez para tomar un decisión con el hombre que quiere sentarla en el banquillo.
No es la primera vez que instancias superiores dan un tirón de orejas al juez Peinado. El magistrado intentó meterle mano al rescate de Air Europa, una operación que todos los organismos nacionales e internacionales han declarado legal, y que él trató de incluir, con calzador, como parte de la investigación del famoso máster universitario en el caso Begoña Gómez. La Audiencia lo frenó tras recordarle que esa línea ya había sido descartada y que se estaba extralimitando en sus funciones.
Un tercer grupo de varapalos al juez Peinado tiene que ver con una serie de imputaciones que él ha lanzado contra algunos testigos del caso y que han sido finalmente anuladas por la Audiencia Provincial de Madrid y el Supremo. Así, el tribunal madrileño levantó la imputación del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño Juan José Güemes. También criticó el cambio de condición del empresario Juan Carlos Barrabés de testigo a investigado sin garantías procesales, y le afeó que registrara la vivienda del industrial aprovechando que este estaba enfermo en un hospital.
Pero, sin duda, la peor reprimenda le llegó a Peinado cuando el Tribunal Supremo lo desautorizó en su intento de imputar al ministro Félix Bolaños en el marco de la investigación del delito de malversación, a raíz de la contratación de una asesora para la esposa del presidente socialista. En junio de 2025, Peinado envió una exposición razonada al Supremo solicitando indagar en la conducta del ministro de Justicia. La Sala Penal del Tribunal Supremo rechazó la petición por considerar que no existía “el más mínimo respaldo indiciario” para abrir causa contra la mano derecha de Sánchez. Y añadió: no se acreditó ninguna desviación dolosa en el uso de fondos públicos; las contradicciones en testimonios no constituyen falso testimonio sin una “verdad judicial” firme; la mera ocupación de un cargo público no implica responsabilidad penal automática. Este rechazo vino a sumarse a los otros reveses judiciales que ha recibido Peinado por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, como la anulación de piezas separadas y la revocación de imputaciones prematuras.
Un juez puede ser apartado de un caso si se demuestra falta de imparcialidad o conflicto de intereses; errores procesales graves que afecten el derecho de defensa; y presiones externas o actuaciones indebidas. Hasta ahora, no se ha formalizado ninguna petición de recusación ni se ha abierto un procedimiento para apartarlo. Pero si las partes consideran que sus decisiones comprometen la neutralidad del proceso, podrían solicitarlo.