Que en un auto un instructor diga que Pedro Sánchez “puede cambiar de opinión en cualquier momento” está haciendo un juicio de valor. Es lo que ha hecho el magistrado titular número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en su último escrito en el que rechaza volver a interrogar al presidente del Gobierno y a su ministro de Justicia, Félix Bolaños. Es una ironía que no se puede permitir un funcionario del poder judicial y que da la medida de lo que realmente piensa cada vez que lleva a cabo una actuación. No está habilitado, dentro de sus funciones, para criticar a un político y menos a la máxima autoridad del poder ejecutivo. Es una forma de vulnerar el Estado de Derecho y su principio fundamental, la separación de poderes.
Son detalles que indican la intencionalidad política de este juez. No se atreve a llamar a declarar, otra vez, a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños porque teme encontrarse en la misma situación que la vez anterior. Uno callando porque legalmente puede hacerlo y el otro por que cree que le ofendió, primero no habilitándole un estrado para sentirse superior en el interrogatorio y segundo porque no le contestaba lo que pretendía. Y encima la sala de Lo Penal del Supremo le dejó claro que, de investigar al ministro, nada de nada.
Como ha quedado claro que no puede apuntar tan alto, ha decidido emprenderla con los niveles inferiores de presidencia. Y ha imputado a la actual secretaria general, Judit González Pedraz, quien deberá declarar este miércoles. Fue nombrada el 28 de marzo de 2023, entonces la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ya ejercía. Lleva en esta tarea desde 2018, cuando Sánchez llegó a Moncloa. Por lo tanto, poco puede haber influido en su designación que la ultraderecha mediática considera irregular porque no hubo proceso selectivo. Como si el secretario de la esposa del presidente, un cargo de confianza, tuviese que someterse al criterio de un tribunal calificador.
Judit Alexandra González desempeña tareas de coordinación institucional, gestión administrativa, y apoyo al máximo responsable del Ejecutivo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Funcionaria por oposición, ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en 2006. A lo largo de su carrera, González Pedraz ha ocupado puestos de responsabilidad en distintos ámbitos de la administración general del Estado. Antes de su nombramiento como secretaria general, fue directora del departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de presidencia. También desempeñó el cargo de secretaria general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), un organismo dependiente del ministerio de Industria, Comercio y Turismo y fue subdirectora general de Cooperación y Coordinación Territorial en el Ministerio de Justicia. Se la considera con suficientes conocimientos jurídicos como para hacer frente con solvencia al interrogatorio al que la va a someter Peinado.
Debido a las funciones que ejerce en la actualidad, el juez la ha incluido en la lista de investigados por las gestiones privadas que el magistrado cree que Gómez llevó a cabo durante el tiempo en que codirigió la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Junto a la actual secretaria general de presidencia, el juez ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, porque también ocupó ese cargo, y a la propia Cristina Álvarez.
Parece que a Peinado sólo le interesa hacer públicas las imputaciones de altos cargos de Moncloa y sus correspondientes interrogatorios porque todavía no ha dicho nada del último tirón de orejas de sus superiores de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid que le han corregido su intención de abrir una pieza separada para investigar si la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, pagada con fondos públicos, se excedió en su cargo y la asistió en “actuaciones del exclusivo interés personal”. La Audiencia no duda de la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez, pero apoya que el juez Peinado investigue si pudo incurrir en malversación porque, aunque admite que su eventual participación en este delito “plantea serios problemas, ello no debía ser óbice de su imputación en este momento procesal”.
Hay, por lo tanto, un elemento interesante. El nombramiento de Cristina Álvarez como asistenta de Begoña Gómez se hizo conforme a la ley. Entonces no se entiende muy bien ese empeño en investigar a los altos cargos que tuvieron que ver con ese nombramiento o con sus actuales funciones. Está muy claro que en un organigrama público los superiores no pueden estar todo el día haciendo seguimiento del trabajo de sus subordinados y más en un caso como éste en el que la responsabilidad recae sobre una persona ajena al organigrama como es la mujer del presidente.
Lo que queda clara es la insistencia de Peinado en apuntar hacia todos los altos cargos que tienen que ver con la administración del Estado. Sabe que no puede llegar más alto de lo que lo ha hecho porque el Supremo ya le ha avisado de que “no tiene el más mínimo respaldo indiciario” cuando pidió la apertura de diligencias contra Félix Bolaños. Además, el juez sigue haciendo caso omiso de las instrucciones de sus superiores tal y como le sucedió cuando se puso a investigar el rescate de Air Europa y se lo prohibieron. Ahora ya sabe que no puede apuntar directamente a los ministros, pero ha pedido a la UCO que examine “al milímetro” los mensajes contenidos en los correos de los siete años de actividad pública de Begoña Gómez.
Porque es su sistema de trabajo. Peinado sigue “de pesca” a ver si encuentra algo. Desde luego hay que reconocerle que es inasequible al desaliento. Otro ya habría archivado la causa. El no. Y, además, ha encontrado una vía, la demanda civil por vulneración de su honor, donde ahí si puede meter mano a los altos cargos designados por Sánchez, como Oscar Puente que ha sido el primero, pero lo más probable que no será el último.