La Audiencia Provincial de Madrid tiene ahora en sus manos una decisión que va más allá de un trámite judicial. Debe resolver si se reabre o se cierra definitivamente la investigación por el borrado de los correos electrónicos desde los que una exconcejala del PP en Móstoles pidió amparo al gabinete de Isabel Díaz Ayuso tras denunciar un supuesto acoso sexual y laboral por parte del alcalde del municipio, Manuel Bautista. Lo que está en juego no es solo la autoría de un borrado informático, sino la credibilidad de un relato político que ha preferido el ataque frontal a la cautela institucional.
El origen
El origen del caso se sitúa en 2024. La entonces concejala del PP envió en febrero y en junio dos correos al entorno de la presidenta regional solicitando amparo ante lo que describía como una situación de acoso. Meses después, ya fuera del cargo —asegura que dimitió precisamente por ese acoso—, comprobó que la bandeja de entrada desde la que se enviaron esos mensajes había sido “borrada por completo”. Según avanzó El País, en la configuración de accesos figuraban además direcciones IP desconocidas que habrían entrado en su correo.
Ante esos indicios, la exconcejala presentó una denuncia por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Un juzgado de Madrid la admitió a trámite y abrió diligencias. La Guardia Civil investigó el borrado, pero en febrero de 2025 el procedimiento fue archivado por “falta de autor conocido”: no se pudo determinar quién eliminó los correos ni desde dónde. Ese archivo, sin embargo, no cerró el caso. La denunciante recurrió y ahora la Audiencia Provincial de Madrid debe decidir si ordena la reapertura o confirma el cierre.
El machismo de Ayuso
Hasta aquí, los hechos. El problema aparece cuando el debate político se adelanta al judicial. Ayuso definió públicamente la denuncia como un “caso fabricado contra el PP” y llegó a compararse con la víctima. Son palabras graves, no porque expresen una opinión —legítima—, sino porque desprecian el contenido concreto del expediente. No se trata de una acusación abstracta, sino de correos electrónicos que existieron, se enviaron y después desaparecieron. Negar ese punto no es una defensa: es ruido.
Conviene subrayarlo con claridad. Que un juzgado archive provisionalmente por falta de autor conocido no equivale a declarar inexistente el hecho investigado. Significa, estrictamente, que no se ha podido identificar al responsable con las diligencias practicadas. Precisamente por eso existe el recurso y precisamente por eso interviene ahora la Audiencia. Convertir ese estadio procesal en un argumento político de deslegitimación total no es prudente y tampoco es veraz.
Además, el caso interpela a la responsabilidad interna de un partido. Una concejala del PP pidió amparo a su dirección autonómica por un supuesto acoso. Esa petición está documentada. El borrado posterior de los correos que la acreditan plantea preguntas incómodas, aunque aún no tenga autor. Frente a esas preguntas, la respuesta institucional debería ser cooperación y transparencia, no descalificación preventiva de quien denuncia.
La Audiencia Provincial decidirá si hay base para seguir investigando. Su resolución marcará el futuro judicial del caso. Pero, con independencia de ese desenlace, hay una lección política ya visible: cuando se tacha de “fabricado” un asunto que presenta indicios objetivos y recorrido judicial, se debilita la confianza en las instituciones y se envía un mensaje desalentador a quienes piden amparo. En democracia, el respeto a los procedimientos no es un estorbo; es el mínimo exigible. Y las palabras de una presidenta autonómica, por su peso, deberían estar a la altura de ese principio.