Isabel Díaz Ayuso ha convertido la denuncia moral contra la izquierda en uno de los pilares de su liderazgo político. Sin embargo, cuando se examina con detenimiento su reacción ante los casos de acoso o abuso sexual, emerge un patrón difícil de ignorar: la contundencia de la presidenta madrileña varía en función del partido al que pertenezca el acusado, no de la naturaleza de los hechos ni de la protección de las víctimas.
Los casos de Francisco Salazar, vinculado al PSOE, y del alcalde de Móstoles, del Partido Popular, ilustran con claridad esta geometría variable del escándalo.
Francisco Salazar: el acoso como arma política
En el caso de Francisco Salazar, Ayuso optó por una condena pública inmediata y maximalista, incluso antes de que los procedimientos políticos o judiciales hubieran concluido. En una intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, durante una pregunta del Grupo Socialista, la presidenta no solo atacó al PSOE, sino que reinterpretó el caso como una conspiración política, desplazando el foco desde los hechos hacia el adversario.
“No he venido a este Pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular. No, señoría”, afirmó Ayuso desde la tribuna.
En su relato, las denuncias dejan de ser un asunto que exige prudencia y garantías para convertirse en prueba de una supuesta estrategia de manipulación socialista. Ayuso fue más allá al apropiarse del lenguaje de la protección a las víctimas, pero de forma selectiva:
“Están manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes estuvieron tapando. Y hablamos de más de 40 denuncias diferentes”.
La afirmación, de enorme gravedad política y jurídica, se lanzó sin respaldo judicial público conocido, pero cumplió su función discursiva: condenar moralmente al PSOE y presentarlo como encubridor sistémico, sin matices ni cautelas.
El alcalde de Móstoles: cuando el silencio protege
El contraste con el caso del alcalde de Móstoles, miembro del Partido Popular, es revelador. Ante denuncias de naturaleza comparable, Ayuso evitó el tono acusatorio, no exigió responsabilidades inmediatas ni convirtió el asunto en un emblema de degeneración moral del PP.
Aquí sí apareció la presunción de inocencia, la apelación a los procedimientos internos y la prudencia institucional. El caso fue tratado como un episodio aislado, despolitizado, casi invisible en el discurso público de la presidenta.
La diferencia no es de matiz, sino de enfoque estructural: cuando el acusado es socialista, el caso se eleva a síntoma de una patología ideológica; cuando es popular, se reduce a un problema individual que no compromete al partido ni a su liderazgo.
El feminismo como retórica selectiva
El uso que Ayuso hace del lenguaje de las víctimas refuerza esta lectura. En sus declaraciones sobre Salazar, invoca a las “verdaderas víctimas de violencia” para acusar al PSOE de encubrimiento. Pero ese mismo énfasis desaparece cuando el señalado pertenece a su propio espacio político.
El resultado es una jerarquización implícita de las víctimas: unas merecen amplificación política porque sirven al combate partidista; otras quedan relegadas al silencio porque incomodan al propio bando. Así, la lucha contra el acoso deja de ser un principio transversal y se convierte en instrumento de guerra cultural.