La violencia machista a veces adopta formas más sofisticadas y devastadoras: el silencio impuesto, la deslegitimación del testimonio, la presión para callar “por tu bien”, la expulsión lenta y calculada del espacio público. El caso de la exconcejala del Partido Popular de Móstoles, destapado por El País, expone con crudeza un patrón que no es nuevo, pero sí profundamente alarmante: cuando una mujer denuncia acoso dentro de una estructura de poder, el sistema se reorganiza no para protegerla, sino para apartarla.
Acoso sexual durante la campaña electoral
Según la documentación interna, la concejala denunció haber sufrido acoso sexual durante la campaña electoral por parte del entonces candidato y hoy alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Tras rechazar de manera clara cualquier relación que no fuera estrictamente profesional, el trato cambió: aislamiento, humillaciones, retirada de funciones y un progresivo vaciamiento de su papel político. Un castigo clásico por decir no.
La gravedad no reside solo en los hechos denunciados, sino en la respuesta —o más bien la ausencia de respuesta— del partido. La edil acudió en al menos seis ocasiones a la dirección del PP de Madrid buscando amparo. Escribió al gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se reunió con su secretario general, Alfonso Serrano, y con la vicesecretaria de Organización, Ana Millán. El mensaje que recibió fue reiterado y demoledor: denunciar “no te conviene”, “te va a hundir”, “protegerte es no hacer nada”.
Estas frases, recogidas literalmente en los escritos de la afectada, no son solo consejos desafortunados. Constituyen una forma de violencia machista institucional. Desplazan la responsabilidad del agresor a la víctima, le exigen silencio como precio para seguir, y presentan la denuncia como una amenaza, no como un derecho. Es la lógica del poder patriarcal en estado puro: el problema no es el acoso, sino que se haga visible.
Ayuso lo supo, lo amparó y lo ocultó.
— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) February 4, 2026
Serrano y Ana Millán, también.
Solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que mañana van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoleshttps://t.co/OnYNr78EqW
El PP no activo el protocolo anti acoso
El partido, según el relato, se negó incluso a activar un protocolo de acoso con el argumento de que la concejala no tenía relación laboral con la organización. Una interpretación formalista que ignora la realidad del poder político y vacía de contenido cualquier compromiso contra la violencia machista. Si no hay protocolo cuando el acoso ocurre en el corazón de una institución, ¿cuándo lo hay?
La consecuencia fue devastadora. Tras meses de desgaste emocional y profesional, la concejala entregó su acta, abandonó la política y se dio de baja como militante. El agresor, en cambio, sigue siendo alcalde. Este desenlace no es neutral: envía un mensaje nítido a todas las mujeres que participan en política. Denunciar tiene un coste; callar es la única forma de sobrevivir.
La denuncia por acoso sexual y laboral contra Manuel Bautista es gravísima. El alcalde de Móstoles debe dimitir y quienes le encubrieron desde el Partido Popular de Madrid deben asumir responsabilidades políticas.
— Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 5, 2026
Toda mi solidaridad con la edil víctima de ataques machistas.
Contextualizamos este caso dentro de un patrón que se repite desde hace décadas, desde el de Nevenka Fernández en Ponferrada hasta denuncias más recientes en otros partidos. La repetición no es casual: responde a estructuras que priorizan la protección de la marca, del cargo y del “amigo” frente a la verdad y la justicia. Cuando una dirigente afirma “todas hemos aguantado muchas cosas”, no está normalizando una experiencia compartida; está legitimando la violencia.
Revictimización
Especialmente grave resulta la revictimización posterior. La denunciante acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, aportó documentación, testigos y solicitó una investigación. Según su escrito, el procedimiento fue archivado alegando falta de pruebas, sin que se llamara a declarar a los testigos propuestos. Más tarde, se suspendió la tramitación por la existencia de una denuncia penal que no guardaba relación con el acoso, y finalmente se dejó de responder. El silencio como método.
Este caso no es una anécdota interna ni un conflicto personal. Es un problema democrático. La violencia machista en política expulsa talento, empobrece las instituciones y vulnera derechos fundamentales. Cuando una mujer preparada, con carrera profesional consolidada, es empujada fuera por negarse a aceptar el acoso, el daño no es solo individual: es colectivo.
Ser contundentes contra la violencia machista implica algo más que declaraciones públicas. Exige investigar, escuchar, proteger y reparar. Exige entender que denunciar no es una traición al partido ni una amenaza al poder, sino una condición básica del Estado de derecho. Lo contrario —pedir silencio, recomendar resignación, sugerir perfil bajo— es complicidad.
El relato obliga a una reflexión incómoda pero imprescindible. Mientras las estructuras políticas sigan tratando el acoso como un “problema de gestión” y no como una violación de derechos, las víctimas seguirán pagando el precio. Y mientras el sistema siga premiando al agresor con continuidad y a la víctima con la expulsión, la violencia machista seguirá encontrando refugio en el poder.
Callar no protege. Callar destruye. Y exigir silencio a una mujer que denuncia acoso es, en sí mismo, otra forma de violencia.