El debate sobre el aborto ha vuelto a Madrid de la mano de Isabel Díaz Ayuso y AlmeidaJosé Luis Martínez-Almeida, y no precisamente para garantizar derechos, sino para restringirlos. El Ayuntamiento, con el apoyo del Partido Popular y Vox, ha aprobado una medida que obliga a informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo sobre un inexistente “síndrome post-aborto”, un concepto sin respaldo científico que solo persigue sembrar miedo y culpabilidad.
Un ataque ideológico sin base médica
El llamado “síndrome post-aborto” no aparece en ningún manual de referencia en salud mental: ni en el DSM-5, utilizado en Estados Unidos, ni en la clasificación internacional CIE-11, empleada en Europa. Se trata de una invención ideológica utilizada por sectores ultraconservadores para desacreditar un derecho reconocido en España desde hace más de una década.
Pese a la evidencia, Ayuso y Almeida se aferran a esta narrativa como si fuese una verdad médica. Se atreven incluso a imponer a los profesionales sanitarios y sociales la obligación de informar sobre este supuesto síndrome, convirtiéndolos en altavoces de una mentira que degrada la ética profesional.
Los expertos en salud mental han sido claros: lo que genera sufrimiento psicológico en muchas mujeres no es el aborto en sí, sino la presión social, el estigma y las dificultades para acceder a una atención sanitaria segura y gratuita. Obligar a escuchar mensajes alarmistas no hace más que aumentar ese daño.
La contradicción de Feijóo y la presión madrileña
Hace apenas dos años, Alberto Núñez Feijóo proclamaba con firmeza que en ningún lugar gobernado por el PP se podía coaccionar a una mujer durante su embarazo. Añadía, además, que “ningún médico, y mucho menos un político, puede interferir” en la decisión personal de interrumpir un embarazo. Hoy, su partido avala en Madrid lo que en Castilla y León fue motivo de rectificación: la intromisión política en la salud y autonomía de las mujeres.
La presión del PP madrileño es evidente. Ayuso y Almeida marcan la agenda de la derecha, obligando a la dirección nacional a sumarse a una medida que carece de rigor y que sitúa al partido en la órbita de Vox, consolidando un frente ideológico que ataca derechos fundamentales.
Coacción disfrazada de “información”
Los defensores de la medida insisten en que “la información no es un problema”. Pero lo que plantean no es información, sino manipulación. No se trata de datos objetivos, sino de mensajes tendenciosos sobre depresiones, adicciones o trastornos alimentarios que supuestamente provoca abortar. Una estrategia que pretende culpabilizar a las mujeres para que desistan de ejercer un derecho legal.
La realidad es bien distinta: numerosos estudios científicos muestran que las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado sienten mayor seguridad, alivio y control sobre sus vidas. Solo en casos excepcionales se experimenta malestar emocional, y este está directamente relacionado con el estigma social y con la falta de apoyo, no con el procedimiento en sí.
Un derecho obstaculizado en Madrid
Más allá de esta campaña ideológica, en la Comunidad de Madrid el acceso al aborto ya está gravemente restringido. Apenas un 0,31% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en la sanidad pública, lo que obliga a la mayoría de mujeres a pagar entre 300 y 500 euros en clínicas privadas. Es una situación insostenible que excluye a las mujeres con menos recursos y vulnera de facto un derecho reconocido por ley.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no solo obstaculiza, sino que promueve un clima hostil contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Lo hace mientras proclama que defiende la libertad, pero se trata de una libertad que excluye siempre a las mismas: las mujeres y, en especial, las que menos tienen.
La respuesta del Gobierno y la sociedad
Desde el Ministerio de Igualdad y el de Sanidad ya se estudian vías para impugnar esta decisión del Ayuntamiento de Madrid. La ministra Ana Redondo ha subrayado que la medida es puramente ideológica, mientras que Mónica García ha recordado que el acceso a información sanitaria debe basarse en evidencia científica y no en supersticiones políticas.
La sociedad civil y los colectivos feministas también han levantado la voz. Recuerdan que la estrategia de Ayuso y Almeida no es nueva: se trata del mismo guion que la ultraderecha utiliza en otros países para erosionar derechos, culpabilizar a las mujeres y retroceder décadas en avances sociales.
El intento de Ayuso y el PP madrileño de imponer un falso “síndrome post-aborto” es una muestra más de cómo la derecha extrema utiliza la mentira como herramienta política. No hay libertad cuando se obliga a escuchar bulos. No hay respeto cuando se manipula el dolor y las decisiones íntimas de las mujeres. Y no hay democracia plena cuando un derecho legal se convierte en un lujo que solo algunas pueden permitirse.
Lo que se necesita en Madrid no son folletos con falacias, sino garantías de que todas las mujeres, sin importar su condición económica, puedan acceder a la sanidad pública para ejercer su derecho al aborto de manera segura, libre y digna.