El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una proposición de Vox que convierte a los servicios municipales en altavoces de un bulo: el llamado “síndrome postaborto”. Con los votos del Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta bajo José Luis Martínez-Almeida, se obliga a los trabajadores de Madrid Salud, Samur Social y los Espacios de Igualdad a informar a las mujeres que van a abortar de supuestas consecuencias como depresión, alcoholismo o tendencias suicidas. Todo ello pese a que la ciencia internacional ha dejado claro que este “síndrome” no existe.
El PP se pliega a Vox
La iniciativa fue presentada por la concejala de Vox Carla Toscano, que enumeró síntomas como bulimia, disfunciones sexuales o incluso cáncer. Ninguna de esas afirmaciones está avalada por estudios médicos, pero el Ayuntamiento ha decidido incorporarlas a cartelería, folletos y webs oficiales. Los trabajadores municipales estarán obligados a transmitir esa información, aunque vaya en contra de la evidencia científica y de su propia ética profesional.
El PP justificó su apoyo asegurando que el aborto es “un fracaso” y que deben impulsarse medidas “para favorecer la natalidad”. En la práctica, lo que hace Almeida es validar el discurso de la ultraderecha y poner a los servicios públicos al servicio de una agenda ideológica que culpabiliza a las mujeres.
Ciencia frente a dogma
Expertos en salud mental y en contracepción han reiterado que no existe un trastorno clínico específico tras un aborto. La Sociedad Española de Contracepción recuerda que interrumpir un embarazo puede ser un proceso difícil, pero que los riesgos para la salud mental derivan sobre todo de embarazos no deseados y de la presión social. Estudios recientes incluso apuntan a efectos positivos para quienes acceden a un aborto seguro: mayor probabilidad de finalizar estudios, evitar matrimonios forzados y alcanzar un mayor grado de satisfacción en la vida adulta.
Obstáculos al derecho a decidir
La medida no puede entenderse de forma aislada. En Madrid, apenas un 0,3% de los abortos se realizan en la sanidad pública. La gran mayoría de mujeres debe pagar entre 300 y 500 euros de su bolsillo. La hipocresía es evidente: mientras se dificulta el acceso a un derecho reconocido por ley, se imponen mensajes que buscan infundir miedo y culpa.
Además, el Ayuntamiento fuerza a los profesionales de sus propios servicios a difundir información falsa, instrumentalizando recursos que deberían estar destinados a la atención social y sanitaria.
La oposición denuncia un retroceso
Desde Más Madrid, la concejala Ana Carolina Elías acusó al PP y a Vox de querer “devolvernos 40 años atrás”. Recordó que la investigación científica no respalda la existencia del “síndrome postaborto” y que lo que realmente daña la salud de las mujeres es el acoso que sufren a las puertas de las clínicas.
El PSOE también criticó la medida. Su concejala Meritxell Tizón subrayó que las mujeres deben recibir “información precisa y sin juicios de valor”, no un catálogo de miedos inventados.
Un Ayuntamiento al servicio de la ideología
Con esta votación, Almeida confirma que su proyecto político está dispuesto a asumir el discurso más rancio de la ultraderecha. El Ayuntamiento de Madrid se convierte en un aparato ideológico que utiliza recursos públicos para difundir bulos contra las mujeres.
Lejos de garantizar derechos y servicios, se siembra culpabilidad y miedo. Y lo más grave es que quienes busquen apoyo en las instituciones municipales encontrarán ahora información manipulada y carente de base científica.
La decisión no es menor: supone un retroceso en derechos, un desprecio a la ciencia y una grave injerencia en la libertad de las mujeres. Almeida ha preferido alinearse con Vox antes que proteger la neutralidad y la seriedad de los servicios públicos.
Madrid se convierte así en ejemplo de cómo los bulos pueden transformarse en política oficial cuando un alcalde decide sacrificar la evidencia y los derechos en favor del dogma.