El Ayuntamiento de Madrid ha dado un nuevo paso atrás en derechos y libertades. El pleno municipal aprobó la propuesta de Vox que obliga a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos a trasladar a las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo las supuestas consecuencias del llamado “voxsíndrome postaborto”. Una figura inexistente, sin respaldo científico, que la extrema derecha lleva años intentando colar como dogma para culpabilizar a las mujeres y atacar un derecho reconocido por ley.
Desde UGT Madrid la respuesta ha sido tajante. Sonia Álvarez Enríquez, secretaria de Igualdad del sindicato, lo resume con contundencia: “Es un ataque directo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, basado en la desinformación y el machismo institucional”.
Un bulo convertido en norma municipal
El acuerdo, promovido por Vox y avalado por el PP de Almeida, obliga a que en los espacios de Igualdad, Madrid Salud y el Samur Social, así como en sus páginas web y materiales impresos, se informe de forma verbal, escrita y permanente sobre este supuesto “síndrome”. Según la ultraderecha, el aborto genera depresión, alcoholismo, trastornos de conducta alimentaria o incluso cáncer. Ninguno de estos efectos figura en manuales médicos ni en las guías de la Organización Mundial de la Salud.
“El llamado síndrome postaborto no existe como diagnóstico médico. Usarlo en los servicios públicos solo busca culpabilizar y coaccionar a las mujeres”, denuncia Sonia Álvarez.
La medida, además de carecer de rigor, convierte a los profesionales municipales en portavoces de mensajes falsos. “Se les obliga a transmitir información engañosa que atenta contra la ética profesional y vulnera los derechos de las usuarias”, remarcan desde UGT.
Derechos reconocidos, políticas negadas
El aborto en España está regulado por la Ley Orgánica 2/2010 y reforzado por la reforma de 2023, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, de forma segura y gratuita. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid apenas un 0,31% de los abortos se practican en hospitales públicos. La mayoría de las mujeres deben acudir a clínicas privadas y pagar entre 300 y 500 euros de su bolsillo.
En este contexto, la iniciativa aprobada en el Ayuntamiento supone un doble castigo. Primero, porque estigmatiza una decisión libre y legal. Segundo, porque perpetúa la exclusión de las mujeres de un derecho que debería estar plenamente garantizado en el sistema público de salud.
“La libertad de las mujeres no puede ser moneda de cambio en los pactos de la derecha con la ultraderecha. Nos quieren devolver a un pasado de tutelas y chantajes morales”, advierte Sonia Álvarez.
Almeida, rehén de Vox
El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a demostrar que su proyecto político se sostiene en el seguidismo a la extrema derecha. No es la primera vez que asume las propuestas de Vox en materia de derechos sociales, pero en esta ocasión la decisión tiene un calado especialmente grave: convierte al Ayuntamiento en una maquinaria de propaganda ideológica contra las mujeres.
Más Madrid, PSOE y colectivos feministas han rechazado con dureza la iniciativa. La concejala de Más Madrid, Ana Carolina Elías, recordó que “los riesgos de salud mental están más relacionados con embarazos no deseados que con el aborto en sí”. También subrayó que la medida no es aislada, sino parte de un patrón sistemático de obstáculos al derecho al aborto en la región.
Desde el PSOE, Meritxell Tizón acusó al PP de usar los recursos municipales para imponer juicios de valor y culpabilizar a quienes toman una decisión difícil y personal.
UGT: frente común contra el machismo institucional
UGT Madrid ha llamado a construir un frente común contra lo que define como un ataque a la democracia y a la autonomía de las mujeres. “La salud pública debe garantizar información veraz, objetiva y científica, no propaganda ideológica. No vamos a permitir que conviertan los servicios municipales en instrumentos de miedo”, señaló Sonia Álvarez.
El sindicato reclama que se retiren de inmediato estas directrices y se refuercen los recursos públicos en salud sexual y reproductiva. Reclaman también acompañamiento psicológico cuando sea necesario, pero siempre desde el respeto y la libertad de decisión.
“Porque la maternidad será deseada o no será. Los derechos de las mujeres no se negocian ni se recortan”, concluye Álvarez.
Retroceso de décadas
El “síndrome postaborto” forma parte de la estrategia de los sectores más reaccionarios para atacar al feminismo y los avances en igualdad. Como recuerda UGT, no se trata solo de un bulo sanitario: es un intento de situar de nuevo a las mujeres bajo sospecha, cuestionando su capacidad para decidir sobre su cuerpo y su vida.
La maniobra, además, no ocurre en el vacío. Coincide con un clima político en el que Vox ha hecho de la agenda antiabortista un eje central de su discurso, y en el que el PP madrileño asume sin rubor postulados que niegan derechos fundamentales.
El resultado es un Ayuntamiento que, en lugar de garantizar derechos, se convierte en altavoz de mensajes ideológicos que nada tienen que ver con la realidad científica.
Una batalla que seguirá en la calle
UGT Madrid ha anunciado que seguirá en “primera línea contra la desinformación, el machismo institucional y cualquier intento de criminalizar a las mujeres por ejercer libremente sus derechos”. El sindicato, junto con plataformas feministas, prepara acciones para visibilizar este retroceso y presionar al consistorio para que dé marcha atrás.
La lucha no es menor. Está en juego el respeto a las leyes vigentes, a la autonomía personal y a la salud pública basada en evidencias científicas. Pero también se trata de frenar la deriva de un Ayuntamiento que, bajo el mando de Almeida, ha convertido a Vox en socio preferente a costa de los derechos de las mujeres.
Porque no hay “síndrome postaborto”, pero sí hay un síndrome bien real: el de un gobierno municipal atrapado en el dogmatismo y dispuesto a sacrificar la verdad y la igualdad para contentar a la ultraderecha.