Pedro Sánchez dedicó un amplio tramo de su intervención a Andalucía para denunciar lo que, a su juicio, es una mala utilización de los recursos transferidos por el Estado: mucho dinero adicional, pero poco refuerzo de lo público y mucha derivación a la privada. Su tesis central: no falta financiación; falta voluntad para poner a las personas en el centro.
Inyecciones récord, resultados mediocres
El presidente recordó que desde 2018 Andalucía ha recibido más de 53.800 millones de euros extraordinarios del Gobierno de España. Pese a ello, señaló rebajas fiscales cercanas a 200 millones “a las élites” y una expansión sin precedentes de los conciertos sanitarios: casi 4.000 millones desde 2019. Las derivaciones de cirugías al sector privado se han triplicado y las consultas externas derivadas se han multiplicado por cuatro; el gasto en conciertos ha crecido cerca de un 70%.
El dato que busca aterrizar la crítica: Andalucía tiene 18.000 profesionales sanitarios menos de los que le corresponderían si se comparara con la media nacional por habitante. ¿Consecuencia? Satisfacción ciudadana a la baja y listas de espera al alza.
Esperar para un diagnóstico u operación
Sánchez puso números que cualquiera puede comprender: 848.787 andaluces esperando un diagnóstico, 200.000 aguardando una operación, y 43.000 de ellos más de un año en la lista. No es un debate técnico, vino a decir, sino tiempo de vida y calidad de vida. También subrayó un problema grave: fallos en los programas de cribado de cáncer en varias provincias, con retrasos injustificables en convocatorias que antes se resolvían con una simple llamada. “Esa llamada nunca llegó”, denunció, reprochando ceses cosméticos y mensajes confusos.
Dependencia: plazas privadas caras y esperas de 600 días
En dependencia, el retrato tampoco fue complaciente. Desde que gobierna Moreno Bonilla, afirmó, se han creado más de 15.400 plazas en residencias concertadas o privadas. Pero cuestan de media 2.000 euros al mes, una cifra inabordable para muchas familias. Mientras, las esperas para las ayudas alcanzan 600 días —casi dos años— y en 2024 murieron más de 5.000 personas sin recibir la prestación. El mensaje es directo: el derecho existe, pero no llega a tiempo.
Educación y FP: menos oferta pública, más negocio privado
La crítica alcanzó a la formación profesional y a la educación infantil. En FP, la Junta ofertó 2.600 plazas públicas este curso frente a 9.400 autorizadas en el sector privado. En provincias como Granada, dijo, hay titulaciones que ya no pueden cursarse en centros públicos. Para entender la factura, citó el caso de Montefrío: un grado superior que antes costaba 0 euros en la pública hoy implica ir a un centro privado, viajar tres horas diarias y pagar 2.500 euros.
En 0–3 años, insistió, hubo fondos estatales para abrir plazas públicas, pero la expansión no ha sido la que podía ser. Resultado práctico: guarderías privadas con precios medios de 500 euros al mes, muy por encima de los ingresos de muchas familias, y un mercado que sube por encima de la inflación.
¿Por qué pasa esto?
Sánchez ofreció una explicación no económica, sino ideológica: una apuesta por la privatización que “protege el negocio de unos pocos” y encarece la vida de la mayoría. Recordó que el Gobierno central ha invertido 300.000 millones adicionales en servicios públicos en siete años, con la mayor parte del dinero transferido a las autonomías. “Si la financiación ha aumentado, pero los servicios empeoran, el problema está en cómo se gestiona”, resumió.
Lo que propone el Gobierno
Para corregir el rumbo, el presidente anunció tres líneas claras y fáciles de verificar:
- Transparencia total: publicación y análisis de datos de sanidad, educación y dependencia por comunidad autónoma.
- Condicionalidad política: no usar fondos para bajadas fiscales selectivas o derivaciones masivas que vacíen lo público.
- Defensa activa de lo común: colaboración con quienes refuerzan servicios y firmeza ante quienes los debilitan.
La clave, dijo, es rendir cuentas con cifras y poner a la vista de todos en qué se gasta cada euro.
Un balance en palabras llanas
Sánchez reclamó mirar los efectos en la vida cotidiana: más tiempo de espera para pruebas y operaciones, más gasto directo de las familias en residencias o guarderías privadas, más kilómetros para estudiar una FP cuando no hay plaza pública cerca. Ese sobrecoste no es abstracto: son ** nóminas que no llegan**, ahorros que se agotan y oportunidades que se pierden.
El presidente concluyó con un compromiso: defender el Estado del bienestar “por responsabilidad, convicción y patriotismo”. No habló de símbolos, sino de lo que la gente ve y usa cada día: escuelas, centros de salud y residencias. Y lanzó un aviso a la Junta: con más recursos en la mesa, la obligación —moral y legal— es convertirlos en más atención, no en más negocio.