La distopía ultraliberal que algunos ya empiezan a vislumbrar no es inevitable. El futuro no está escrito: se elige cada día, con cada voto, con cada silencio, con cada recorte consentido. Las dos últimas décadas han demostrado que la democracia no se destruye de golpe, sino por desgaste. No muere por un golpe militar, sino por desilusión, por apatía, por una indiferencia alimentada a propósito.
Revertir ese proceso exige algo más que eslóganes: requiere una movilización profunda, una recuperación del sentido común y una reconstrucción de la confianza en lo público.
Recuperar la política como bien común
El primer paso para evitar el colapso social es devolverle a la política su verdadero significado: servir a la comunidad. La desafección hacia los partidos tradicionales y la manipulación mediática han dejado un terreno fértil para los populismos y las falsas promesas de “gestión eficiente”. Pero el Estado del bienestar no se gestiona: se construye y se protege.
Necesitamos una política valiente que no tema enfrentarse a los poderes económicos que se han apropiado de lo que era de todos: la vivienda, la sanidad, la educación o la energía. Y esa valentía solo surge cuando la ciudadanía exige rendición de cuentas, participa, se informa y no se deja distraer por el ruido.
Los discursos del odio y el desprecio a lo público crecen donde la gente se siente sola y desamparada. Por eso, reconstruir el Estado social es también reconstruir vínculos. La democracia se fortalece desde el barrio, desde la escuela, desde el trabajo y desde la empatía.
Blindar los servicios públicos frente al negocio privado
El segundo paso es entender que los servicios públicos no son un gasto, sino una inversión en libertad. Cada euro que se destina a la sanidad pública evita sufrimiento; cada plaza escolar gratuita abre oportunidades; cada pensión digna sostiene vidas enteras. Permitir que esos pilares se degraden o se privaticen es como vender las vigas de una casa para pagar la pintura de las paredes.
Si queremos evitar la catástrofe social que ya asoma, debemos blindar legalmente los servicios públicos, impedir que la vivienda siga siendo un juguete especulativo, garantizar impuestos progresivos y un sistema fiscal justo, y recuperar el control democrático sobre lo esencial: la energía, el agua, la salud, la educación y la vivienda.
El mercado nunca cuidará de los débiles, porque su lógica es la del beneficio, no la del bienestar. El Estado sí puede hacerlo, si la ciudadanía lo defiende con la misma pasión con la que algunos defienden sus banderas.
Combatir la manipulación y el cinismo
Nada de esto será posible si no rompemos la maquinaria de la mentira. El cinismo político y mediático que ha conseguido convencer a millones de personas de que los derechos son privilegios y la desigualdad es libertad, solo se combate con educación, con información y con cultura crítica. La alfabetización mediática, la regulación de las redes sociales, la recuperación de medios públicos fuertes e independientes y una educación basada en la empatía y la verdad son condiciones indispensables para sobrevivir a la era de la desinformación.
Porque no hay futuro sin pensamiento crítico. Y no hay democracia sin memoria.
Rehumanizar el Estado
El Estado del bienestar no puede limitarse a gestionar servicios. Debe volver a ser una promesa de justicia. Eso implica cuidar, proteger y reparar. Implica que la economía esté al servicio de las personas, y no al revés. Implica recordar que la libertad sin igualdad es un privilegio, y que la igualdad sin derechos es una ilusión.
Todavía estamos a tiempo. Pero solo si entendemos que la democracia no se hereda: se defiende.
Y si dejamos que los ultraliberales destruyan el Estado del bienestar, lo que vendrá después no será un país libre, sino una gran empresa donde la vida se paga a plazos.