Pedro Sánchez compareció ante el Congreso para ordenar, en cuatro bloques, las prioridades del Gobierno: lo acordado en el Consejo Europeo del 23 de octubre, el estado de la agenda legislativa, las medidas anticorrupción y la situación de los servicios públicos en varias comunidades. El mensaje central fue sencillo: una economía que crece, una hoja de ruta verde que abarata la luz y atrae inversión, vivienda como nuevo pilar del bienestar y leyes para cerrar puertas a la corrupción.
La vivienda entra en la agenda europea
Sánchez celebró que, por primera vez, la vivienda haya entrado en la agenda del Consejo Europeo. Atribuyó ese giro a la presión de gobiernos y alcaldías progresistas y a la familia socialdemócrata. España impulsa tres líneas muy concretas: permitir a los estados actuar en “zonas tensionadas” por los precios y la presión turística; blindar la vivienda protegida frente a la venta a fondos especulativos; y abrir financiación europea para construir vivienda asequible —en compra y alquiler— con foco en la juventud. La idea fuerza: convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar. No es solo una cuestión social; afecta a la competitividad y a la cohesión de Europa.
Clima y economía: crecer contaminando menos
El segundo gran eje fue el clima. El presidente defendió mantener la ambición europea: recortar emisiones un 90% en 2040 y lograr la neutralidad en 2050. Rebatió el discurso que presenta la transición ecológica como un freno, y puso ejemplos: en 2024 la electricidad habría costado un 40% más con el mix energético de 2019; y las emisiones del sector eléctrico han caído cerca del 60%. España, dijo, demuestra que se puede crecer y descarbonizar a la vez: más de 22,4 millones de personas ocupadas y liderazgo en crecimiento dentro de la eurozona. Este cambio —renovables, industria ligada a la energía limpia y reindustrialización— está reequilibrando el mapa productivo en regiones que antes quedaban fuera de los grandes polos.
Oriente Próximo: corredores humanitarios y dos Estados
Sobre la guerra en Gaza, Sánchez mantuvo la posición ya conocida: apoyo al alto el fuego, exigencia de corredores humanitarios, defensa de la integridad del pueblo palestino y de la solución de dos Estados como única salida justa y duradera. Anunció una transferencia de 46 millones de euros a la Autoridad Palestina en programas socioeconómicos y reiteró la oferta de España para acoger una conferencia internacional de paz. Mensaje doble: apoyo a la población palestina y también al pueblo de Israel, junto a vigilancia para que todas las partes cumplan lo pactado.
Legislatura y bloqueo: llamada al acuerdo
El presidente repasó un contexto áspero desde 2018: pandemia, crisis energética e inflacionaria, erupción en La Palma. Frente a eso, acusó a la oposición de “destructiva” y reclamó recuperar el espíritu de acuerdo para aprobar leyes que, subrayó, impactan en la vida cotidiana: protección de menores en entornos digitales, ley de familias, ley de sanidad pública y alivio de deudas autonómicas. Reivindicó el método —negociación con agentes sociales y grupos— y los resultados: más empleo, menos temporalidad, crecimiento por encima de la media europea y reducción de desigualdad. Su tesis: la estabilidad no la dan las mayorías absolutas, sino las políticas útiles y pactadas.
Anticorrupción: nuevas reglas, árbitro independiente y más luz
El tercer bloque puso el foco en el “cómo”: normas, controles y transparencia. Sánchez enumeró los hitos de los últimos años y la nueva fase:
- Delito de enriquecimiento ilícito incorporado al Código Penal (para cargos públicos).
- Protección de alertadores de infracciones (quien denuncia, no queda desamparado).
- Plan de Acción por la Democracia con 31 medidas para transparencia y pluralismo.
- Primer Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, elaborado con la OCDE, el GRECO y la Comisión Europea. Ya hay 13 de 15 medidas en marcha.
- Agencia Independiente de Integridad Pública y Supervisión, en anteproyecto: un árbitro con dientes para prevenir y detectar prácticas irregulares.
- Ley de Lobbies en tramitación: por primera vez, reglas claras para la relación entre grupos de interés y cargos públicos.
- Ley de Administración Abierta y Quinto Plan de Gobierno Abierto: más datos, más trazabilidad de decisiones.
- Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: instrucción a cargo de la Fiscalía, como en la mayoría de países europeos, con más transparencia y autonomía.
- Contratación pública con IA: herramientas para detectar patrones anómalos, auditorías ciudadanas y pactos de integridad.
La idea es doble: más prevención (menos incentivos y menos opacidad) y más control (quien se salga del carril, deja rastro). Un añadido relevante: la OCDE evaluará la ejecución y los resultados, no solo el papel.
Servicios públicos y modelo de país
Sánchez ligó la agenda social a un reproche político: “recortes y privatizaciones” debilitan la sanidad, la educación o la atención a mayores y ensanchan listas de espera y aulas masificadas. Defendió el fortalecimiento del Estado del bienestar como condición de competitividad: sin vivienda asequible, electricidad a precio razonable y servicios que funcionen, cae la productividad, se marcha talento y se agranda la desigualdad.
El presidente reivindicó su perfil “parlamentario”: más de treinta y cinco comparecencias en siete años, acuerdos con agentes sociales y con la Cámara, y paz social como activo económico. Frente a quienes ven la coalición en minoría como un problema, la presentó como una normalidad europea: gobiernos que pactan, legislan y rinden cuentas. Objetivo para 2027: más empleo que en 2018, menos desigualdad, Cataluña normalizada con la amnistía aplicada, cuentas públicas saneadas y una economía verde más sólida.
Balance
Vivienda con dinero y reglas europeas para bajar precios y frenar la especulación. Energía más barata gracias a renovables y una meta climática que no se abandona porque da empleo y futuro. Apoyo humanitario y diplomático en Gaza con exigencia de cumplir pactos. Menos bronca y más acuerdos para sacar leyes que la gente nota en su día a día. Y un cortafuegos legal contra la corrupción con una agencia independiente y evaluación internacional.
El Gobierno traza así un hilo claro: intervenir donde el mercado falla (vivienda, energía, contratos), proteger a quien cumple, sancionar a quien no, y medir resultados. Queda por ver si el Congreso acompaña ese rumbo con mayorías suficientes. Ahí estará la diferencia entre un programa que se queda en el atril y un cambio que llega al recibo de la luz, al alquiler y a la lista de espera.