La vivienda se ha convertido en el gran escaparate de las contradicciones políticas madrileñas. Mientras miles de familias destinan buena parte de sus salarios a mantener un techo, las decisiones de las administraciones y los negocios de personas vinculadas a dirigentes del Partido Popular revelan dos realidades que apenas se encuentran: la de quienes buscan un alquiler asumible y la de quienes gestionan patrimonios millonarios. No hace falta inventar delitos ni atribuir propiedades ajenas para exigir explicaciones.
La vivienda se ha convertido en el gran escaparate de las contradicciones políticas madrileñas. Mientras miles de familias destinan buena parte de sus salarios a mantener un techo, las decisiones de las administraciones y los negocios de personas vinculadas a dirigentes del Partido Popular revelan dos realidades que apenas se encuentran: la de quienes buscan un alquiler asumible y la de quienes gestionan patrimonios millonarios. No hace falta inventar delitos ni atribuir propiedades ajenas para exigir explicaciones. Bastan los expedientes administrativos, las cuentas societarias y las consecuencias de determinadas políticas.
La dimisión de la socialista Montse Mínguez, el 16 de octubre, después de conocerse las actividades inmobiliarias de su pareja, ha servido al PP para reclamar coherencia. La misma exigencia alcanza, necesariamente, a quienes administran Madrid, defienden su modelo residencial y pertenecen a entornos familiares con intereses económicos en el sector.
El ático que nadie quiere comprar
En abril, Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Comunidad, compró por 6,3 millones de euros un ático en el paseo del General Martínez Campos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lo justificó inicialmente como solución para trasladar actividad institucional durante las obras de la Puerta del Sol. Después aparecieron explicaciones sobre espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional de autoridades.
Cuando trascendió la operación, el Ejecutivo anunció su venta. Dos intentos posteriores han terminado sin comprador. Desde el 23 de octubre, el inmueble permanece en oferta pública permanente por casi 6,7 millones, más impuestos. La pregunta no es si una Administración puede adquirir propiedades, sino por qué escogió una vivienda de lujo de uso residencial y qué alternativas examinó antes de gastar ese dinero. Las objeciones expresadas durante la tramitación y las iniciativas de fiscalización hacen imprescindible una respuesta documentada, no una sucesión de justificaciones cambiantes.
La familia política de Almeida y los 236 millones
En el entorno familiar de Teresa Urquijo, esposa del alcalde José Luis Martínez-Almeida, figura Inversiones Doalca SOCIMI. Su cartera inmobiliaria estaba valorada en 236,4 millones de euros al cierre de 2025. La sociedad declaró más de seis millones de ingresos y 3,5 millones de beneficio durante el primer semestre de 2026. Entre sus accionistas y responsables aparecen familiares de la rama Fernández de Araoz, incluida Carmen Fernández de Araoz, abuela paterna de Teresa.
Doalca explota principalmente oficinas y locales comerciales, no viviendas residenciales. Es una distinción necesaria, pero no elimina el interés público del dato: el alcalde gobierna una ciudad donde las políticas urbanísticas, el suelo y los precios del espacio construido condicionan tanto la inversión inmobiliaria como la vida cotidiana. Aunque Almeida no figure como propietario, sí responde políticamente por las prioridades de su Ayuntamiento: cuánto suelo público se mantiene protegido, qué alquileres puede pagar la clase trabajadora y quién gana con la transformación de Madrid.
La huella de Botella llega hasta los apartamentos turísticos
Durante la alcaldía de Ana Botella, en 2013, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo vendió a Fidere 1.860 viviendas protegidas por unos 128,5 millones de euros. La decisión trasladó patrimonio público a manos privadas y abrió una larga batalla para sus inquilinos. La condena contable inicialmente dictada contra Botella fue revocada, pero aquella absolución no convierte la venta en un acierto social. El Supremo ha examinado distintos litigios sobre derechos de adquisición de los arrendatarios, con resultados diferentes según las circunstancias.
Años después, otro apellido de aquella familia aparece en el negocio inmobiliario madrileño. José María Aznar Botella preside desde septiembre de 2025 Copla City Rentals, operadora vinculada a un proyecto de 66 apartamentos turísticos en Princesa 22 y 24, inmuebles de la Casa de Alba. El Ayuntamiento de Almeida aprobó en mayo de 2024 el plan especial que permitía el uso de hospedaje. La autorización fue anterior al nombramiento de Aznar hijo: no se puede adjudicarle una intervención no acreditada en ese expediente. Lo que sí permite preguntar es si la expansión turística recibe más facilidades que la residencia estable y qué efectos acumulados produce sobre los barrios.
En otros edificios próximos al Palacio de Liria, familias inquilinas han denunciado la no renovación de contratos y temen una transformación turística. Ese destino no debe presentarse como autorizado sin pruebas, pero el temor de perder la vivienda resulta suficientemente relevante como para exigir transparencia a propietarios y administraciones.
Feijóo y el negocio de la vivienda de lujo
Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo, administra Niebla Azul, sociedad inmobiliaria que cerró 2025 con 4,21 millones de euros en activos y 284.401 euros de beneficio. Son cuentas empresariales, no patrimonio atribuible automáticamente al dirigente popular. Sin embargo, contrastan políticamente con un programa que insiste en liberar suelo, reducir trámites y favorecer la iniciativa privada como respuesta principal a la crisis residencial.
El problema no es que familiares de políticos tengan empresas legales, sino la distancia entre la rentabilidad del ladrillo y la protección real de quienes viven de un sueldo. Maricarmen Abascal murió después de ser desahuciada en Madrid; el acuerdo para que regresara, negociado con intervención municipal y del Sindicato de Inquilinas, llegó demasiado tarde.
Almeida, Ayuso y Feijóo deben responder con políticas comprobables, no únicamente con promesas de construcción. Madrid necesita saber cuántos hogares asequibles se garantizan, cuánto patrimonio público se conserva y por qué se autorizan determinadas operaciones. Las cuentas públicas y las decisiones urbanísticas merecen escrutinio incluso cuando nadie ha sido condenado. La vivienda es un derecho constitucional; convertirla en una oportunidad de negocio no puede ser la única respuesta de quienes gobiernan. La transparencia no depende de las siglas, sino del dinero y las decisiones.
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