UGT Madrid ha denunciado públicamente la operación de venta de activos inmobiliarios que implicaría la transmisión indirecta de unas 5.400 viviendas mediante la venta de participaciones sociales, una maniobra que, según el sindicato, amenaza directamente a 156 familias afectadas y vuelve a poner el derecho a la vivienda en manos de fondos de inversión.
En una rueda de prensa convocada para presentar la denuncia interpuesta ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, intervinieron Esther Chaves Alonso, secretaria de Igualdad de UGT Madrid; Arantxa Mejías, afectada y parte del equipo de Espacio de Vivienda Digna de UGT; y José Mariano Benítez de Lugo, abogado que representa gratuitamente a las familias afectadas.
“Familias atropelladas por la Administración”
Esther Chaves fue contundente al describir la situación. “En UGT queremos ser el altavoz y aquí vamos a tener el vivo ejemplo de familias que están siendo atropelladas por la Administración del ayuntamiento de Madrid y que se van a quedar en la calle”, señaló.
Según explicó, el próximo día 28 está prevista la compraventa de estos activos. “Realmente son 5.400 viviendas que pasarán de Fidere a Brookfield. Ambos son fondos de inversión. Hay 156 familias afectadas que reclaman su derecho de tanteo y retracto”, advirtió.
Chaves denunció la “impasividad” y la “inactividad” institucional ante una operación que puede dejar a familias sin vivienda, sin alternativa habitacional y sin ayuda. “Estas 156 familias pierden sus viviendas y se quedan en la calle con una mano delante y otra detrás, sin realojo, sin ayuda, con niños, personas mayores”, afirmó.
El derecho a permanecer en la vivienda
José Mariano Benítez de Lugo situó el conflicto en el núcleo del artículo 47 de la Constitución. “Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna”, recordó, insistiendo en que disfrutar no significa solo comprar una vivienda, sino también poder permanecer en ella mediante un arrendamiento estable.
El abogado explicó que el caso se remonta a hace más de una década, cuando varias familias acudieron a su despacho tras conocer que sus viviendas públicas habían sido vendidas a un fondo especulativo. “No les habían notificado” la venta, subrayó.
Desde entonces, relató, se han abierto vías penales, contables y civiles. Benítez de Lugo recordó que en el Tribunal de Cuentas se llegó a condenar en primera instancia a Ana Botella al pago de 25 millones de euros por el precio de la venta, aunque posteriormente fue absuelta.
El abogado también destacó que obtuvo sentencias favorables en audiencias provinciales que reconocían a varias familias el derecho de adquisición preferente. “Estamos hablando de que lo compraron a unos 60.000 o 70.000 euros cada vivienda y luego nos hemos enterado de que las están vendiendo a 300.000 o 400.000 euros”, denunció.
Dos sentencias del Supremo y un cambio inexplicable
Uno de los puntos más graves expuestos fue el cambio de criterio del Tribunal Supremo. Según Benítez de Lugo, una primera sentencia de noviembre de 2024 reconoció el derecho de compra a cuatro familias, pero 62 días hábiles después, con el mismo ponente y sobre la misma operación de venta, el Supremo resolvió en sentido contrario respecto a otro grupo de familias.
“Es inexplicable”, afirmó. “Es la misma operación de venta, la misma escritura, la 4046 de 2013, las mismas partes, EMVS y Fidere Vivienda, y con el mismo objetivo, que era la compra”.
Tras el rechazo del recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, que consideró que el asunto carecía de trascendencia constitucional, el abogado ha pedido a la Fiscalía del Constitucional que recurra la decisión. Si no prospera, anunció que acudirán a Europa.
“Nos pusieron a los pies de los caballos”
Arantxa Mejías puso rostro humano al conflicto. “Todo el mundo habla del problema de la vivienda en este país”, afirmó, antes de definir su caso como “la punta de lanza de lo que nos iba a venir”.
Mejías denunció que existe “una estrategia establecida para favorecer a los poderes económicos y mercadear con el derecho a la vivienda”. También habló de “desamparo judicial” y de “terrorismo institucional”, al considerar que las administraciones “han puesto a las familias a los pies de los caballos” al convertir a un fondo buitre en su casero.
La afectada recordó que muchas familias llevan más de 200.000 euros pagados en alquiler durante años, sin obtener estabilidad ni garantía de permanencia. “Son las casas más caras de la historia, no solamente por el coste económico, sino por el desgaste personal y familiar”, señaló.
UGT exige parar la operación
UGT Madrid reclama que se suspenda la operación prevista y que las administraciones actúen para proteger a las familias. Chaves hizo un llamamiento a todas las instituciones: “Las personas no se pueden quedar sin sus viviendas, las personas no se pueden quedar en la calle, no pueden jugar con las familias, no pueden jugar con las ilusiones, no pueden jugar con el dinero de miles de familias”.
La organización considera que la venta mediante participaciones sociales puede ser una forma de esquivar los derechos de retracto vivos de las familias afectadas. Por eso se ha acudido a la CNMC, reclamando su intervención ante una operación que, para UGT Madrid, representa una nueva vuelta de tuerca del negocio especulativo con un derecho básico.