La vivienda en Madrid se ha convertido en un bien de lujo al alcance de unos pocos. Los datos son demoledores: el precio del metro cuadrado en la capital supera ya los 7.000 euros y los alquileres alcanzan cifras históricas, con subidas anuales de más del 15%. Miles de jóvenes no pueden emanciparse, familias enteras destinan más del 40% de sus ingresos a pagar un techo y los desahucios siguen marcando la vida de quienes un día confiaron en el acceso a una vivienda pública. Y, sin embargo, Isabel Díaz Ayuso, lejos de reconocer la emergencia, ha decidido negarla con desparpajo en un foro organizado por BlackRock, el mayor fondo buitre del planeta.
Desde ese escenario, la presidenta madrileña proclamó que “no vamos a intervenir la vivienda” porque, según ella, cualquier regulación “paraliza el mercado”. En su discurso, no hubo ni una palabra sobre las familias desahuciadas, los jóvenes atrapados en alquileres imposibles o los mayores expulsados de las casas que un día fueron públicas. En cambio, sí hubo elogios al capital extranjero: “Madrid es el mejor lugar para sus inversiones”, llegó a afirmar.
La realidad que Ayuso intenta ocultar
Los números contradicen de forma abrumadora el relato oficial del Gobierno regional. En apenas un año, el precio medio de venta en Madrid se ha disparado un 25,9%, el doble que en Barcelona. El alquiler tampoco da tregua: casi 24 euros por metro cuadrado, una cifra que convierte a la capital en uno de los mercados más caros de Europa.
Para quienes intentan comprar, la situación es aún más dramática: las hipotecas se alargan ya hasta los 40 años y algunos expertos del sector avisan de que podrían llegar a los 70. Una deuda hereditaria para los hijos, una condena de por vida.
Los promotores inmobiliarios han empezado a dar la voz de alarma. No por empatía con las familias, sino porque la burbuja amenaza con estallar. El presidente de Grupo Ferrocarril, Rafael González-Cobos, advirtió de que en tres o cuatro años la actividad podría detenerse en Madrid porque “nadie podrá pagar”. Y cuando la demanda se hunda, lo que hoy es codicia se convertirá en ruina para el propio sector.
El contraste con el Estado: más vivienda y más ayudas
Mientras Ayuso se dedica a cortejar a los fondos buitre, el Gobierno central prepara el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una inversión de 7.000 millones de euros. El objetivo es reforzar el parque público, rehabilitar viviendas con criterios de eficiencia y accesibilidad, y ofrecer ayudas urgentes a jóvenes y familias vulnerables.
La lógica es sencilla: ningún hogar debería destinar más del 30% de sus ingresos a pagar una casa. Sin embargo, en Madrid este límite se supera con creces y el Ejecutivo autonómico se niega a asumir su responsabilidad. El plan estatal, triplicando el presupuesto en vivienda respecto a la última década, busca revertir una situación insostenible. Pero su eficacia dependerá, en gran medida, de la cooperación de las comunidades autónomas. Y aquí Ayuso ya ha anunciado su negativa a aplicar cualquier medida que regule o amplíe el parque público.
Un pasado que condena al PP madrileño
La desprotección actual no se entiende sin mirar atrás. En 2013, bajo el gobierno de Ana Botella, el Ayuntamiento de Madrid vendió casi 2.000 viviendas sociales a fondos buitre. Aquella operación dejó a familias enteras desamparadas, víctimas de subidas abusivas de alquiler y de desahucios silenciosos.
Los testimonios de los afectados siguen siendo estremecedores. Chus, vecina de Carabanchel, lo resume con crudeza: “Nos vendieron. El Ayuntamiento, que debía protegernos, fue quien nos traicionó”. La estrategia fue premeditada: mantener pisos vacíos mientras había listas de espera, preparar el terreno y vender al mejor postor. El resultado: hogares convertidos en activos financieros y ciudadanos tratados como obstáculos.
Diez años después, Ayuso continúa esa misma senda. La venta de lo público y la negativa a intervenir el mercado responden a una visión ideológica: para el PP, la vivienda no es un derecho, sino un negocio.
Hipotecas heredadas y un futuro hipotecado
La crisis no afecta solo al presente, sino también al futuro. La idea de hipotecas heredables de 70 años no es una exageración distópica, sino una posibilidad real que ya barajan promotores. Esto significa condenar a generaciones enteras a vivir endeudadas por una vivienda que nunca será realmente suya.
El acceso a un techo digno, reconocido en la Constitución como derecho fundamental, se convierte así en privilegio. Y mientras las familias se endeudan o se resignan al alquiler eterno, Ayuso se presenta ante los fondos buitre como garante de la “propiedad privada” y defensora de un mercado salvaje que expulsa a los más débiles.
Derecho a un hogar
El caso de Madrid es el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando la política renuncia a proteger lo público. No se trata solo de cifras de mercado: hablamos de familias que ven cómo sus hijos no pueden emanciparse, de mayores que son desahuciados tras toda una vida de trabajo, de barrios enteros convertidos en negocios turísticos.
Ayuso insiste en que intervenir “paraliza el mercado”. La realidad es que su modelo paraliza vidas. Lo que paraliza es la esperanza de quienes solo piden un hogar digno.
Ética
La crisis de la vivienda en Madrid no es fruto del azar ni de una catástrofe natural. Es la consecuencia directa de decisiones políticas. Ayuso ha elegido estar del lado de los fondos buitre y no de las familias. Ha preferido a BlackRock antes que a los jóvenes que no pueden emanciparse. Ha preferido a los promotores antes que a los ancianos desahuciados.
En esa elección se revela el verdadero proyecto del PP madrileño: convertir la vivienda en mercancía, aunque eso suponga condenar a su propia ciudadanía a la precariedad.
Y frente a esa realidad, solo queda una certeza: un país sin vivienda pública no es un país, es un mercado. Y en ese mercado, Ayuso ha decidido que Madrid sea la capital de la especulación.