El Gobierno blinda la estabilidad de los alquileres con un nuevo paquete de medidas

La vivienda ha dejado de ser una política sectorial para convertirse en uno de los grandes desafíos del Estado. La dificultad de acceder a un alquiler, el incremento continuado de los precios y la expansión del mercado turístico han alterado profundamente el equilibrio entre el derecho constitucional a una vivienda digna y una realidad cada vez más inaccesible para amplias capas de la población. Con ese escenario de fondo, el Gobierno aprobará este martes un nuevo decreto ley que aspira a reforzar la protección de los inquilinos y a recuperar la iniciativa política en el terreno donde el Ejecutivo reconoce que se libra una de las principales batallas sociales de la legislatura.

La medida más significativa será la prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028. La extensión de ese mecanismo permitirá mantener las condiciones de los contratos vigentes a quienes lo soliciten, ampliando el número de potenciales beneficiarios respecto a la regulación actualmente en vigor. El decreto incorpora además la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la obligatoriedad de formalizar los contratos por escrito, incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas y un incremento del IVA de las viviendas de uso turístico hasta el 21 %.

El alcance político del decreto trasciende el contenido de cada una de sus medidas. La crisis de la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones ciudadanas y constituye probablemente el ámbito donde resulta más visible la distancia entre la evolución de la economía y la experiencia cotidiana de muchas familias. El crecimiento del empleo o la mejora de algunos indicadores macroeconómicos apenas modifican la percepción de quienes destinan una parte creciente de sus ingresos al pago del alquiler o han renunciado, sencillamente, a emanciparse.

Precisamente por ello, el Ejecutivo vuelve a insistir en una línea de actuación basada en una mayor intervención pública sobre un mercado que, por sí solo, no ha conseguido corregir los desequilibrios acumulados durante los últimos años. La lógica que inspira el decreto parte de una premisa sencilla. Cuando un bien esencial se convierte en un factor de exclusión social, la respuesta institucional deja de ser una opción ideológica para convertirse en una obligación política.

La negociación, sin embargo, está lejos de concluir. El decreto deberá superar posteriormente el trámite de convalidación en el Congreso y el Gobierno continúa buscando una mayoría suficiente para garantizar su aprobación definitiva. Podemos mantiene reservas por la inclusión de la reforma de la Ley del Suelo y Junts también ha expresado objeciones sobre distintos aspectos del texto, de manera que las conversaciones parlamentarias seguirán abiertas incluso después de la aprobación en el Consejo de Ministros.

Esa dificultad parlamentaria no resta importancia al movimiento político que ahora impulsa el Ejecutivo. La vivienda se ha convertido en un terreno donde la ciudadanía demanda soluciones tangibles y donde los anuncios solo adquieren credibilidad si terminan traduciéndose en normas eficaces. El Gobierno parece haber asumido que ya no basta con diagnosticar el problema. También necesita demostrar capacidad para intervenir sobre algunos de los factores que alimentan la escalada de precios y la reducción de la oferta residencial permanente.

Conviene, además, evitar planteamientos simplistas. Ningún decreto resolverá por sí solo una crisis que responde a causas acumuladas durante décadas y que afecta de forma muy distinta a cada territorio. La insuficiente construcción de vivienda asequible, la presión del alquiler turístico en numerosas ciudades, la concentración de la demanda y la escasez de suelo disponible forman parte de una ecuación mucho más compleja que cualquier medida aislada.

Lo relevante es que el acceso a la vivienda ha dejado de contemplarse como una cuestión exclusivamente de mercado para consolidarse como una prioridad de la política pública. Ese cambio de enfoque explica el sentido del decreto que aprobará el Gobierno. Su éxito dependerá ahora de la capacidad para reunir una mayoría parlamentaria y, sobre todo, de que las medidas consigan aliviar una realidad que condiciona el proyecto de vida de millones de personas. Porque pocas decisiones públicas tienen hoy una repercusión tan directa sobre la igualdad de oportunidades como garantizar que disponer de una vivienda deje de ser un privilegio reservado a quienes pueden asumir precios cada vez más alejados de la realidad salarial del país.