Junts decidió tumbar los dos decretos del alquiler. Así, por unanimidad y a última hora. No es un simple choque técnico por un par de artículos; es una enmienda a la totalidad que deja al Gobierno atrapado en una pinza endiablada: por un lado, la presión de la izquierda para congelar los alquileres; por el otro, el muro conservador del independentismo catalán. En Moncloa intentaron ser listos. Dividieron las medidas en dos paquetes para salvar los muebles. El segundo venía muerto de fábrica, pero el primero traía de todo: prórroga de contratos hasta 2029, freno a los desahucios vulnerables y facilidades para los inquilinos. Pues bien, la jugada le ha salido al revés.
Ni con el apoyo del PNV y Coalición Canaria ha habido manera. A Junts le bastaba con abstenerse para aprobar la norma, pero han preferido juntar sus siete votos a los del PP y Vox. En Barcelona lo tienen claro: dicen que tocar los precios solo consigue retirar pisos del mercado y subir las rentas. Y de paso, acusan al Ministerio de Vivienda de legislar a lo loco, a golpe de titular y sin mirar la realidad del sector.
Ahí es donde entra Míriam Nogueras. La portavoz catalana, según ha publicado Rac1 subirá al atril con una propuesta de última hora bajo el brazo. Una oferta con trampa: que el Gobierno retire los decretos antes de la votación para no encajar la derrota en el marcador, y que se sienten a negociar todo el fin de semana.
Sánchez no quiere recoger cable. Prefiere ir al choque frontal, perder la votación si hace falta y obligar a Junts, al PP y a Vox a retratarse en la foto. El relato oficial ya está fabricado, tal y como se vio en el comunicado inmediato a la oficialización del 'no' del partido de Puigdemont: los que votan en contra están con los fondos buitre y los especuladores; los que votan a favor, con las familias que no llegan a fin de mes.
Mientras tanto, en la calle el ambiente está al rojo vivo.
En la izquierda rabian. Desde Sumar han pedido que la votación sea de viva voz, diputado por diputado, para que nadie pueda esconderse detrás del botón electrónico. Y en las acampadas por la vivienda de Madrid y Barcelona los cánticos de "vergüenza" retumbaban de madrugada contra la sede de los posconvergentes.
Con este panorama, ya ha empezado a sonar con fuerza una fecha para un posible adelanto electoral: 29 de noviembre.
Una convocatoria de elecciones generales ya no es una locura de barra de bar; es un escenario real que el equipo del presidente tiene sobre la mesa. Sánchez sopesa usar el portazo de la vivienda para encender al electorado progresista, reunir el voto útil y convocar urnas antes de que la legislatura se le termine de desmoronar entre las manos.
Quedan horas para que el marcador del Congreso hable. A partir de ahí, o el Gobierno traga con las exigencias de Puigdemont o nos vamos directos a una campaña electoral con la vivienda como campo de batalla.
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