El Gobierno planta a Junts y llevará la vivienda al Congreso para que cada partido se retrate

El Gobierno ha decidido que esta vez no habrá retirada, aplazamiento ni una negociación de última hora que permita a Junts convertir nuevamente sus votos en la llave que determina qué llega al Congreso y qué desaparece antes de ser votado. Los dos decretos de vivienda se someterán a la Cámara y cada grupo tendrá que asumir públicamente qué hace con ellos, aunque el Ejecutivo conoce de antemano que la negativa de Junts, sumada a las de PP y Vox, amenaza con provocar su derrota.

La respuesta de Moncloa a la decisión adoptada por la Ejecutiva de Junts durante la noche ha sido especialmente contundente. El partido de Carles Puigdemont reclamaba retirar los dos decretos, redactar un texto diferente y convocar posteriormente otro Consejo de Ministros para aprobarlo. El Gobierno ha dicho que no, no habrá vuelta al punto de partida.

El Ejecutivo considera agotada una negociación desarrollada durante meses y ha optado por llevar el conflicto hasta la votación, convencido de que la vivienda ha alcanzado una gravedad que obliga también a aclarar las responsabilidades políticas. La expresión utilizada por fuentes gubernamentales resume la estrategia elegida. Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten.

No es únicamente una respuesta a Junts. Es también una forma de modificar el terreno sobre el que se ha desarrollado buena parte de la legislatura, con una mayoría parlamentaria fragmentada que ha obligado al Gobierno a negociar prácticamente cada votación y ha permitido a sus socios elevar el precio político de sus apoyos. En esta ocasión, Moncloa rechaza aceptar que la amenaza de un voto negativo sea suficiente para retirar unas normas antes de que el Congreso pueda pronunciarse.

El Gobierno se niega a empezar otra vez

Junts sostiene que muchas de las medidas incluidas en los decretos pueden provocar el efecto contrario al pretendido, reducir la oferta de alquiler, incrementar los precios y dificultar todavía más el acceso a una vivienda de las personas con menos recursos. Por eso exige retirar los textos y elaborar uno nuevo que, según el partido, comience realmente a revertir la situación. El Gobierno responde que ese camino ya se ha recorrido.

Según el Ejecutivo, los decretos son el resultado de meses de conversaciones destinadas a incorporar las posiciones de distintos grupos parlamentarios y contienen medidas dirigidas a frenar la especulación, limitar la actuación de grandes tenedores y fondos de inversión, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar alquileres asequibles y mantener determinadas protecciones frente a los desahucios sin perjudicar a los pequeños propietarios. La discrepancia entre ambos ya no consiste únicamente en el contenido de las normas. Afecta también a quién fija las condiciones de la negociación.

Junts pretende que el Gobierno retire los decretos antes de la votación y acepte redactar otros. Moncloa se niega a conceder al partido de Puigdemont una capacidad de veto previa sobre unas normas que cuentan con el respaldo de otras fuerzas de la mayoría parlamentaria y traslada la decisión al lugar donde constitucionalmente corresponde tomarla, el Congreso. La consecuencia puede ser una derrota del Ejecutivo, pero también obliga a Junts a cargar con la suya.

Porque hasta ahora la formación independentista podía presentar su posición como una exigencia para mejorar la política de vivienda. Una vez que el Gobierno mantiene los decretos, esa explicación tendrá que convivir con un hecho mucho más sencillo de entender. Junts votará en contra y sus votos se sumarán a los del Partido Popular y Vox para hacer caer las medidas. El futuro decreto que propone Junts no existe todavía. El voto de este viernes sí.

Junts acaba donde menos cómodo le resulta explicarse

Ahí está precisamente la presión política que el Gobierno pretende ejercer con su decisión. Junts puede defender que su modelo de vivienda no tiene nada que ver con el del PP y todavía menos con el de Vox, pero en esta votación las diferencias ideológicas no alterarán el resultado aritmético. Los tres partidos aportarán los votos necesarios para rechazar los decretos.

El Ejecutivo quiere que esa coincidencia quede expuesta sin las habituales zonas grises de una negociación parlamentaria. Por eso ha contrapuesto abiertamente las clases medias y trabajadoras con las élites y ha acusado a los tres partidos de tener que decidir de qué lado están. Es el lenguaje del Gobierno y forma parte de una ofensiva política evidente, pero encuentra terreno fértil en un país donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas económicos más graves para miles de familias.

Junts tendrá que explicar especialmente su posición porque durante la legislatura ha defendido que sus votos sirven para obtener avances y arrancar compromisos al Ejecutivo. Esta vez, su voto no consigue una nueva norma ni garantiza que vaya a aprobarse posteriormente la que reclama. Lo que consigue de forma inmediata es contribuir a derribar la existente.

La formación de Puigdemont promete que respaldará un futuro real decreto ley cuando esté preparado y responda a sus exigencias. Pero entre la caída de los actuales textos y la hipotética aprobación de otro pueden mediar nuevas negociaciones, nuevas discrepancias y ninguna garantía de acuerdo. El Gobierno ha decidido no asumir ese vacío voluntariamente.

También existe cálculo político en Moncloa. Mantener una votación que puede perder permite al Ejecutivo trasladar parte del desgaste hacia quienes la hagan fracasar y presentar el rechazo de los decretos como una responsabilidad compartida por Junts, PP y Vox. Sería ingenuo ignorarlo. Pero el cálculo político no elimina la cuestión de fondo que tendrán que responder los grupos que voten en contra, porque la consecuencia de su decisión será concreta desde el momento en que los decretos decaigan.

El Partido Popular podrá defender su modelo basado fundamentalmente en incrementar la oferta, agilizar la construcción, reducir trabas administrativas, facilitar el acceso a la propiedad y ofrecer incentivos fiscales. Vox podrá reiterar su rechazo a la intervención pública del mercado. Junts podrá reclamar competencias y una regulación distinta.Son posiciones diferentes pero el resultado parlamentario será el mismo.

El Gobierno parece dispuesto a perder la votación antes que aceptar otra negociación iniciada bajo la amenaza de Junts de tumbar los textos. Es una decisión arriesgada porque una derrota seguirá siendo una derrota y porque el Ejecutivo tiene la responsabilidad de construir las mayorías necesarias para aprobar sus políticas.

Pero también marca un límite político que hasta ahora había aparecido pocas veces con tanta claridad durante la legislatura. Junts pidió retirar los decretos, el Gobierno ha respondido que no. Y ahora será el Congreso el que decida, con los votos a la vista y sin posibilidad de esconder detrás de una negociación lo que cada partido está dispuesto a hacer cuando llega el momento de pulsar el botón.

Si Junts mantiene su negativa, no podrá atribuir al Gobierno la decisión de retirar unas medidas que Moncloa ha decidido defender hasta la votación. Tendrá que asumir que contribuyó a derribarlas junto a PP y Vox.