El rechazo del real decreto ley ómnibus en el Congreso de los Diputados ha supuesto mucho más que una simple crisis legislativa momentánea. Este acontecimiento ha expuesto una división ideológica significativa respecto al papel del Estado en la protección de los colectivos más vulnerables y ha evidenciado una aritmética parlamentaria en la que la política social se convierte en instrumento de presión.
Para Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el episodio no puede interpretarse como un desacuerdo técnico aislado, sino como una acción deliberada. Según su análisis, el voto negativo de PP, JxCat y Vox responde a una intención explícita de castigar a las familias más desfavorecidas. Su lenguaje es contundente, pero el trasfondo del conflicto adquiere mayor gravedad: no se trata de reformas abstractas, sino de cuestiones materiales como pensiones, desahucios y cuotas de autónomos, que constituyen los pilares esenciales del contrato social.
El decreto ómnibus incorporaba medidas clave como la revalorización de las pensiones en un contexto de inflación sostenida, la prórroga de la suspensión de desahucios para los colectivos vulnerables y la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos. Todas estas iniciativas estaban concebidas para mitigar los efectos sociales de una economía en desaceleración, marcada por tensiones estructurales en vivienda y empleo. Con su rechazo, el Congreso ha enviado un mensaje claro: la protección social puede ser objeto de negociación.
Bustinduy va más allá y sostiene que la postura de la derecha y la ultraderecha equivale a admitir que la solución política para las familias vulnerables es su exclusión del sistema. Esta afirmación no es solo una exageración retórica, sino que recuerda un patrón europeo en el que las alianzas tácticas con la ultraderecha desvían el debate desde la eficiencia del gasto público hacia la moralización de la pobreza.
El ministro atribuye la negativa del PP y JxCat al chantaje y la amenaza de Vox, poniendo de relieve un fenómeno incómodo pero conocido: la normalización de la presión ultraderechista como factor estructural en la dinámica parlamentaria. En este contexto, el bienestar social deja de ser un consenso transversal y se transforma en un mecanismo para desestabilizar al Gobierno, incluso a costa de daños sociales inmediatos.
La decisión del Gobierno de remitir de nuevo el decreto al Congreso muestra que el Ejecutivo opta por sostener el pulso parlamentario. Esta estrategia política, aunque arriesgada, es coherente con una visión que sitúa la política social como línea roja democrática. La cuestión fundamental no es si el decreto será aprobado en una segunda votación, sino qué tipo de Estado resulta de esta situación de bloqueo.
España se enfrenta así a un dilema clásico renovado: o el bienestar actúa como amortiguador de las crisis, o se convierte en rehén de la polarización política. El episodio del decreto ley ómnibus no debe verse como un accidente parlamentario, sino como un síntoma de una tendencia más profunda. Y, como ocurre en la política comparada, los síntomas ignorados terminan consolidándose en el sistema.