La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, volvió a recurrir este lunes a una de las fórmulas políticas que mejor domina: construir un relato de confrontación permanente basado en la exageración, el victimismo y una cadena de afirmaciones difícilmente sostenibles cuando se contrastan con los hechos. Su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular en Valdemoro fue un compendio de ataques al Gobierno central, descalificaciones a las instituciones democráticas y mensajes cargados de revisionismo histórico, mezclados con una narrativa según la cual el PP sería una fuerza perseguida por “el sectarismo” de Pedro Sánchez.
Sin embargo, buena parte de las afirmaciones pronunciadas por Ayuso chocan directamente con la realidad política, judicial e histórica.
Confunde a las victimas de la guerra civil con las torturadas en el franquismo
La presidenta madrileña afirmó que el Gobierno pretende “reescribir la historia” al impulsar medidas de memoria democrática relacionadas con la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. Pero omitió deliberadamente un hecho esencial: ese edificio fue uno de los principales centros de represión franquista en Madrid durante décadas. Numerosos historiadores, asociaciones memorialistas y documentos oficiales acreditan que en sus dependencias se produjeron torturas y persecuciones políticas durante la dictadura franquista. Reconocer ese pasado no supone “borrar víctimas”, como sostiene Ayuso, sino precisamente lo contrario: visibilizar a quienes fueron silenciados durante décadas.
La dirigente del PP llegó incluso a afirmar que las políticas de memoria democrática son “propias de gobiernos populistas” y que buscan dividir a los ciudadanos entre “buenos y malos”. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática española se alinea con recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, que llevan años reclamando a España más avances en verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Equiparar esas políticas con autoritarismo constituye una manipulación política evidente.
“A mí lo que me parece profundamente inhumano es anular a las víctimas de una parte de una contienda entre hermanos, como fue aquel disparate" —el golpe de Estado de Franco y la guerra civil posterior—, "y pretender repartir de esta manera carnés de humanidad y de democracia". Con ese argumento, Ayuso mezcla interesadamente a las víctimas de la guerra con quienes fueron torturados por la policía franquista en lugares como la Dirección General de Seguridad, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y acaba diluyendo la responsabilidad histórica de la dictadura.
Además, Ayuso volvió a recurrir a una de las estrategias habituales de la derecha española: presentar cualquier revisión crítica del franquismo como un ataque a “media España”. El problema de ese argumento es que ignora una cuestión fundamental: la dictadura franquista no fue un régimen democrático ni equiparable a una simple “contienda entre hermanos”, como intentó deslizar la presidenta madrileña. Fue una dictadura de casi cuarenta años construida sobre la represión política, las ejecuciones, la cárcel y la persecución ideológica.
El falso relato de la “persecución” al PP
Otro de los ejes del discurso de Ayuso fue la supuesta campaña organizada para “desprestigiar” al Partido Popular. La presidenta madrileña habló de “calumnias”, “señalamientos” y “tsunamis” políticos contra dirigentes de su formación. Sin embargo, evitó mencionar que muchos de los principales escándalos que han afectado históricamente al PP no fueron inventos de adversarios políticos, sino causas judiciales acreditadas.
Desde Gürtel hasta Púnica, pasando por Kitchen o Lezo, la corrupción vinculada al Partido Popular ha dejado decenas de condenas y una de las mayores crisis institucionales de la democracia española. Precisamente fue una sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel la que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy mediante una moción de censura.
Resulta especialmente llamativo que Ayuso denuncie una supuesta persecución judicial mientras ataca constantemente a jueces, fiscales o instituciones cuando sus resoluciones no coinciden con sus intereses políticos. La estrategia consiste en desacreditar cualquier investigación incómoda presentándola como una conspiración política.
La presidenta también acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “retorcer la verdad contra fiscales” y “perseguir jueces”, pero omitió que algunos de los mayores choques recientes con la Justicia han surgido precisamente por decisiones de gobiernos autonómicos del PP o por causas relacionadas con dirigentes conservadores.
Andalucía y el uso partidista de los datos
Ayuso intentó presentar el resultado electoral andaluz como una especie de “prueba definitiva” del fracaso del socialismo y del éxito absoluto de las políticas liberales del PP. Sin embargo, el discurso volvió a simplificar una realidad mucho más compleja.
Andalucía sigue liderando numerosos indicadores de precariedad laboral, pobreza y desigualdad pese a los años de gobierno de Juan Manuel Moreno. Además, gran parte del crecimiento económico andaluz de los últimos años se ha producido en un contexto general de recuperación nacional y gracias a inversiones estatales y fondos europeos impulsados desde el Gobierno central.
La presidenta madrileña también insistió en el relato de Madrid como ejemplo absoluto de libertad y prosperidad. Pero volvió a evitar cualquier referencia a los graves problemas estructurales de la región: la crisis de vivienda, el deterioro de la atención primaria, las listas de espera sanitarias, la saturación educativa o la desigualdad territorial creciente entre municipios.
Mientras Ayuso presume de “marca Madrid”, miles de familias siguen expulsadas del mercado de la vivienda por el precio descontrolado de alquileres y compraventas. Madrid se ha convertido en una de las regiones más desiguales de Europa occidental, con enormes diferencias entre rentas altas y barrios trabajadores.
La utilización del miedo y la polarización
El tono general del discurso volvió a apoyarse en una idea recurrente del ayusismo: presentar al Gobierno central como una amenaza casi existencial para España. Ayuso habló de “choque”, “sectarismo”, “revisionismo”, “utilización del Estado” y “enfrentamiento constante”, en una retórica diseñada para mantener movilizado al electorado conservador mediante el miedo político.
Sin embargo, esa estrategia tiene una consecuencia evidente: alimentar la crispación institucional y erosionar la confianza en la democracia. La presidenta madrileña acusa continuamente al Ejecutivo de dividir a los españoles mientras ella misma basa buena parte de su discurso en señalar enemigos internos permanentes: la izquierda, el Gobierno, los sindicatos, los medios críticos o las políticas memorialistas.
Especialmente polémica fue su afirmación de que el Ejecutivo “compra voluntades a los nacionalistas catalanes” o de que gobierna con “herederos de ETA”. Un discurso que vuelve a utilizar el terrorismo y el conflicto territorial como arma electoral pese a que ETA desapareció hace más de una década y pese a que las alianzas parlamentarias forman parte plenamente legítima del sistema democrático.
Un discurso construido sobre exageraciones
La intervención de Ayuso reflejó, una vez más, el modelo político que ha consolidado en Madrid: confrontación permanente, simplificación extrema de los debates públicos y construcción de un enemigo constante al que responsabilizar de todos los problemas.
Mientras se presenta como defensora de la libertad, evita responder a cuestiones esenciales sobre la gestión de los servicios públicos madrileños. Mientras denuncia “sectarismo”, convierte cualquier discrepancia en una batalla ideológica. Y mientras acusa al Gobierno de manipular la historia, banaliza décadas de dictadura franquista y desacredita políticas de reparación democrática reconocidas internacionalmente.
El problema para Ayuso es que la realidad resulta mucho más difícil de moldear que los discursos partidistas. Y los datos, la historia y los hechos continúan desmontando gran parte de las afirmaciones que lanzó ante los dirigentes del PP madrileño.