La Audiencia Nacional ha sido escenario de una de las declaraciones más demoledoras sobre el uso de las instituciones públicas para fines partidistas. Manuel Morocho, el inspector jefe de la UDEF y rostro visible de la investigación del caso Gürtel, ha comparecido como testigo en el juicio de Kitchen, confirmando mediante indicios y pruebas documentales que existió una operación policial secreta diseñada para proteger al Partido Popular y espiar a su extesorero, Luis Bárcenas, sin ningún tipo de control judicial.
El testimonio de Morocho no solo refuerza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una trama parapolicial, sino que pone nombres y apellidos a las presiones recibidas desde la cúpula de la seguridad del Estado. Según el investigador, en agosto de 2015 recibió una comunicación interna de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que supuso la confirmación definitiva de sus sospechas: se estaba llevando a cabo una investigación paralela sobre el entorno de Bárcenas al margen del juzgado de instrucción encargado del caso.
Morocho ha relatado ante el tribunal cómo aquel correo electrónico, que contenía datos de teléfonos, vehículos y sociedades vinculadas al extesorero, fue la prueba fehaciente de que la policía estaba actuando por su cuenta. El inspector subrayó que esta metodología policial irregular ignoró los protocolos establecidos, ya que los seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, comenzaron en 2013, pero no fueron registrados en el sistema informático oficial hasta dos años después.
Esta opacidad administrativa buscaba, presuntamente, que el material incriminatorio para los dirigentes del Partido Popular nunca llegara a manos de la justicia. De hecho, Morocho calificó la información recibida como "irrelevante" para su investigación oficial, puesto que los objetivos ya estaban bajo el radar judicial, lo que refuerza la idea de que la verdadera intención de Kitchen era el control y la sustracción de documentos comprometedores más que la persecución del delito.
Uno de los puntos más críticos del interrogatorio fue cuando el inspector jefe detalló las presiones de sus superiores para manipular los informes sobre la contabilidad B del PP. Morocho ha sido tajante al afirmar que se le ordenó expresamente que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en las diligencias relacionadas con los papeles de Bárcenas. El relato describe un intento sistemático por parte de la jerarquía policial de aquel entonces para desvincular a la formación política de las anotaciones del extesorero, calificándolas de simples "invenciones" o "ideaciones" sin verosimilitud.
Estas instrucciones, que procedían directamente de la comisaría general, buscaban blindar al entonces presidente del Gobierno y mantener la tesis de que la única contabilidad válida era la presentada ante el Tribunal de Cuentas. El testimonio de Morocho revela un entorno de trabajo hostil, donde los intentos de fiscalización interna eran recibidos con silencios o maniobras de aislamiento por parte de mandos como Andrés Gómez Gordo, quien presuntamente intentó colocar a personas de confianza en el grupo de investigación de la UDEF para monitorizar sus avances.
El inspector jefe también ha desmarcado a la UDEF de las prácticas más polémicas de la operación, asegurando que nunca tuvo conocimiento de la captación de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, como confidente policial. Esta maniobra de captación, financiada presuntamente con fondos reservados, es uno de los pilares de la acusación en el caso Kitchen, al representar una infiltración ilegal en el entorno íntimo de un investigado para sustraer pruebas que obraban en su poder.
La declaración de Manuel Morocho deja un retrato nítido de una policía política que actuó de espaldas a los jueces, utilizando recursos públicos para interferir en un procedimiento judicial abierto. Mientras la magistrada Teresa Palacios instaba al testigo a la brevedad, el trasfondo de sus palabras dibujaba una estructura de poder que, según su testimonio, no dudó en forzar la legalidad y presionar a los investigadores profesionales para garantizar la impunidad política de los altos cargos de la época.